Robo, asalto y extorsión contra comerciantes

sábado, 11 de agosto de 2018

Compromisos pendientes para frenar violencia de género

Toda política o programa público necesita y debe ser evaluado, de ahí que urjamos al equipo de transición la propuesta de evaluar a fondo los rubros públicos que tienen como objetivo el pleno acceso a la justicia de las mujeres.

El panorama que refleja el Informe CEDAW 2018[1] y las recomendaciones que hace para nuestro país no es algo nuevo. Es más, al igual que en otras materias de interés nacional, refleja el sobrediagnóstico que existe de algunos puntos que lastiman y hieren día a día a la sociedad mexicana.
Al igual que en la mayoría de los informes que en materia de derechos humanos se han realizado para México, el informe de la CEDAW 2018 confirma que, en gran parte, las condiciones que nos parecieran inamovibles y normalizadas son consecuencia de una apatía generalizada y falta de voluntad política para querer transformar esta realidad ya conocida.
Frente al próximo cambio de administración federal y, en teoría, un aparente “ánimo” de transformación paradigmática sobre el futuro del país, consideramos necesario reconfigurar también la estrategia para resolver las consecuencias de un sistema que cobija relaciones desiguales basadas en el género.
Si bien la desigualdad a causa del género se vive en la mayoría de relaciones de las que formamos parte, el trabajo que desempeñamos y la cercanía que tenemos con personas que buscan ejercer su derecho al acceso a la justicia es causa de que, en este espacio, centremos nuestra atención a este punto recomendatorio; para ello, retomaremos no sólo el informe CEDAW 2018, sino el trabajo realizado por las compañeras de EQUIS: Justicia para las Mujeres, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir a través de su publicación 51%. Una agenda para la igualdad[2].
La CEDAW señala que los estereotipos discriminatorios y el desconocimiento de los derechos de las mujeres por parte de las instituciones estatales en el sistema judicial, ministerial e incluso, la policía, ocasiona prácticas estructurales que obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia, y nosotras sumaríamos en este diagnóstico, a las personas con identidad genérica diversa.
Asimismo, la CEDAW subraya las barreras económicas, lingüísticas y geográficas en las que se desarrollan personas indígenas, rurales o que viven con alguna discapacidad.
Por ello, recomienda al Estado mexicano:
  • Garantizar la creación de capacidad sistemática y obligatoria de los jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, agentes de las policías federal, estatal y local, sobre los derechos de las mujeres.
  • Adoptar medidas para garantizar la aplicación del Protocolo Tribunal Supremo de Justicia con una perspectiva de género en lo que respecta a los sistemas judiciales a nivel federal y estatal.
  • Asegurar que la información sobre los recursos legales está disponible para las mujeres víctimas de la violencia basada en el género y todas las formas de discriminación.
  • Alentar a las mujeres a denunciar los casos de violencia de género, incluida la violencia doméstica, y asegurar que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a recursos oportunos y efectivos.
Estos puntos ya han sido abordados por el gobierno mexicano, pero los esfuerzos han sido insuficientes, ya que como observamos las condiciones continúan existiendo y el acceso a la justicia continúa obstaculizado.
En 51%. Una agenda para la igualdad, se reconoce también que en México se ha invertido una gran cantidad de recursos para crear mecanismos institucionales guiados a prevenir, atender y sancionar la violencia de género en el acceso a la justicia[3], sin embargo, la desconfianza en las instituciones continúa siendo uno de los principales motivos para que las personas agraviadas se resistan a denunciar los hechos.
Ante estas condiciones, el gobierno mexicano ha llevado a cabo las siguientes acciones:
  • En el 2010 se crearon Centros de Justicia para las Mujeres, bajo la coordinación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), con el objetivo de concentrar la atención a las mujeres que han vivido violencia.
  • A partir de 2010, el Poder Judicial impulsó la creación de las Unidades de Género, con el objetivo de introducir la perspectiva de género en los tribunales del país.
  • En el 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación impulsó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, seguido de múltiples talleres y capacitaciones dirigidos a sensibilizar al personal con respecto a este protocolo.
Otra de las medidas que prevén acciones para el acceso a la justicia por parte de mujeres y a las que deberían sumarse las personas con identidad de género diversa, pudieran ser las que aparecen en las Declaratorias de Alertas de Violencia de Género, mismas que dependerán del contexto y las necesidades de la entidad federativa en que se active.
No obstante lo anterior, estas acciones comparten una característica que impide saber si están o no, funcionando: rendición de cuentas y acceso a la información que generan. Toda política o programa público necesita y debe ser evaluado a efecto de estar en condiciones que permitan la continuidad o reformulación de estrategia, de ahí que urjamos al equipo de transición la propuesta de evaluar a fondo los rubros públicos que tienen como objetivo evitar la obstaculización al acceso a la justicia. Para ello, retomamos las recomendaciones hechas en 51%. Una agenda para la igualdad:
  • Fortalecer los mecanismos de queja, eliminando obstáculos y facilitando el acceso a resoluciones de acuerdo con los estándares de derechos humanos.
  • Garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral a las víctimas, tomando en cuenta sus peticiones y dando seguimiento a su cumplimiento.
  • Sistematizar la información pública desagregada, al menos, por sexo, con el fin de poder realizar diagnósticos que permitan prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia y violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
  • Fortalecer la estructura institucional, la asignación de recursos y el diseño operativo de los Centros de Justicia para las Mujeres
  • Establecer la obligación de los poderes judiciales de publicar todas las sentencias que hayan causado estado, tanto en sus portales de transparencia como en la Plataforma Nacional de Transparencia, además de divulgar las sentencias que puedan considerarse relevantes o trascendentales.
  • Asegurar la claridad y el buen funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, la calidad de las respuestas emitidas por los sujetos obligados y la resolución de recursos de revisión de conformidad con los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
Consideramos que a los discursos e intenciones de transformación realizadas por el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, debe sumarse la evaluación y transparencia en la rendición de cuentas de programas encaminados a buscar el acceso a la justicia de las mujeres y personas con identidad de género diversa, o de lo contrario, no deberá sorprendernos que ante un escenario de violencia generalizada las deficiencias que se tienen documentadas hasta ahora, se continúen perpetrando.

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