Sobre el cambio en las calificaciones crediticias de México

En los últimos meses el panorama económico global se ha deteriorado
rápidamente. Además de pérdida de vidas humanas y un empeoramiento en las
condiciones de salud en todo el mundo, la pandemia del COVID-19 ha traído
mayor incertidumbre, elevando la probabilidad de que la economía mundial
entre en recesión en 2020. Los indicadores económicos publicados hasta ahora
muestran que la recesión podría ser la más fuerte desde la Gran Depresión de
1929. Adicionalmente, la reducción en la demanda de petróleo, por la menor
actividad económica, y la recientemente concluida guerra de precios han
ocasionado una importante caída en el precio del crudo.
En este contexto, las agencias calificadoras iniciaron un ciclo de ajustes a nivel
global de las calificaciones crediticias a una escala y velocidad sin precedentes,
con más de 65 acciones negativas de calificación desde el 9 de marzo. En este
marco, en las últimas tres semanas las tres principales agencias calificadoras
revisaron a la baja en un escalón 1 la calificación soberana de México en moneda
local y extranjera, manteniéndose en todos los casos el grado de inversión. Esto
permite que el Gobierno de México continúe teniendo amplio acceso al
financiamiento en los mercados nacionales e internacionales de capital en
condiciones favorables de plazo y tasa de interés. Los inversionistas nacionales y
extranjeros mantienen una fuerte demanda por instrumentos de deuda
gubernamental en todos sus plazos y modalidades.
En sus evaluaciones, las agencias calificadoras reiteran que el país cuenta con un
historial de política fiscal altamente creíble y prudente, reflejo de un fuerte
compromiso con la estabilidad macroeconómica y la solidez institucional.
Asimismo, señalan que el compromiso del Gobierno de México con finanzas
públicas responsables ha sido un factor positivo para contener los desequilibrios
macroeconómicos.
Los fundamentos institucionales y económicos de nuestro país son sólidos y el
Gobierno de México despliega una estrategia para mitigar los efectos de salud y
económicos del COVID-19, la cual respaldará la recuperación económica dentro
de un marco de prudencia fiscal.