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- La muerte de una persona solicitante de asilo en la estación migratoria de Tenosique el pasado 31 de marzo es consecuencia de las condiciones de detención, la negligencia del INM y la participación de la Guardia Nacional.
- Mantener a las personas en detención migratoria, en grave riesgo de contagio de Covid-19, es una violación de derechos humanos y un atentado a la vida de las personas migrantes y de quienes laboran en las estaciones migratorias.
- Exigimos la destitución inmediata del comisionado del INM, por su responsabilidad directa en los hechos y se inicien las investigaciones correspondientes.
Las
organizaciones, redes de la sociedad civil y universidades firmantes,
manifestamos nuestra profunda indignación y preocupación ante los hechos
ocurridos en estaciones migratorias (EM) a cargo del Instituto Nacional
de Migración (INM), en específico las ubicadas en Villahermosa y
Tenosique, Tabasco, así como la Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.
Hemos
denunciado reiteradamente las pésimas condiciones de subsistencia en
las que se encuentran las personas migrantes y solicitantes de
protección internacional privadas de su libertad en estaciones
migratorias, así como la ilegal detención de niñas, niños y
adolescentes. La pandemia global del Covid-19 profundiza la
incertidumbre y el miedo, al tiempo que genera aún mayores riesgos
sanitarios para las personas detenidas. Frente a las medidas tomadas por
el INM ante la pandemia, desde la sociedad civil se solicitó el cese de
las detenciones por razones migratorias y la liberación de todas las
personas detenidas en estaciones migratorias y estancias provisionales.
(1)
Dado
que las autoridades migratorias no han impulsado medidas efectivas,
especialmente del orden de la salud pública, para proteger a las
personas migrantes en detención, ocurrieron protestas: el 23 de marzo,
al menos 50 migrantes que se manifestaban en la EM Siglo XXI en
Tapachula, Chiapas, fueron reprimidos por la Guardia Nacional y la
Policía Federal, mediante el uso de mangueras de agua, gas lacrimógeno y
abuso de la fuerza de la Guardia Nacional (2). El 29 de marzo se
registró una manifestación al interior del centro de detención
migratoria ubicado en Villahermosa, Tabasco, por los mismos motivos.
Finalmente, el 31 de marzo hubo otra protesta en la EM de Tenosique,
nuevamente a causa de la incertidumbre e insalubridad en que el INM
mantiene a las personas en detención migratoria. Un hombre de origen
guatemalteco murió y por lo menos 14 personas fueron heridas. Según
testimonios de las personas sobrevivientes, la represión fue ejercida
por agentes del INM y, nuevamente, miembros de la Guardia Nacional,
quienes además impidieron la evacuación de las personas para escapar del
incendio al interior del centro. (3)
El
Gobierno mexicano ha declarado que las medidas que tomará para hacer
frente a la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 se realizarán en
un marco de respeto y protección de los derechos humanos. Asimismo, el
Consejo de Salubridad General señaló que la situación de emergencia no
restringe ni suspende el ejercicio de los derechos. Los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política y en tratados
internacionales de los que México es parte, continúan vigentes para
todas las personas que habitan en el país, incluidas las personas
migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Consideramos
que, debido a la especial vulnerabilidad en que se encuentran estos
grupos de población, el Estado mexicano debe tomar medidas tendientes a
garantizar su salud, integridad física y mental, así como la vida y las
garantías jurídicas que correspondan para hacerlos efectivos.
El
Consejo de Salubridad General determinó que la población en general y
las autoridades en lo particular, deben dejar de realizar actividades no
esenciales para la atención del contexto actual. Los operativos de
control y verificación migratoria además de que impiden cumplir con las
medidas de sana distancia y no concentración de más de 50 personas en un
mismo lugar, ya que derivan en la detención y hacinamiento de cientos
de personas (4). Por lo tanto, estos operativos deben dejar de realizarse.
En ese sentido, nuestra
exigencia irrestricta es que todas las personas migrantes y
solicitantes de la condición de refugiadas privadas de la libertad en
estaciones migratorias y estancias provisionales sean puestas en
libertad de manera inmediata, tal como lo recomiendan
organismos internacionales como la OACNUDH, OIM, ACNUR y profesionales
de la salud como la OMS (5). Esto, necesariamente compromete al Estado
mexicano a diseñar una estrategia de detección, canalización y atención a
grupos de migrantes y personas sujetas de protección internacional con
mayores condiciones de vulnerabilidad, entre los que se encuentran
mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas solicitantes
de protección, personas con discapacidad, adultos mayores, miembros de
la comunidad LGBT. El Estado está obligado a agilizar las acciones de
regularización migratoria y las solicitudes de protección internacional,
evitando generar un mayor grado de vulnerabilidad y de rezago. Además,
el Estado mexicano y los consulados correspondientes deben apoyar y
facilitar, con las respectivas medidas de protección a la salud, los
retornos voluntarios de las personas que así lo deseen.
Es
importante mencionar que los albergues de la sociedad civil se
encuentran saturados y con pocos apoyos gubernamentales para proteger la
salud e integridad física y mental de las personas. Es responsabilidad del Estado garantizar condiciones dignas y en libertad para las personas migrantes y refugiadas.
Rechazamos
el comunicado del INM (6) y cualquier discurso de criminalización hacia
la población migrante que legítimamente defiende y ejerce sus derechos.
Hacemos énfasis en que las personas en detención han ejercido su
derecho a la protesta, de asociación y libre expresión, frente a la
violación sistemática de sus derechos y ante un fundado miedo de
contagio del Covid-19.
Señalamos que la responsabilidad de lo sucedido en Tenosique, recae innegablemente en el INM y, en ese sentido, en el comisionado Francisco Garduño, así
como las autoridades administrativas de la EM Tenosique. Exigimos su
destitución inmediata, la investigación de los hechos y que se finquen
las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
Lamentablemente, no es la primer persona que muere bajo resguardo del
INM.
Asimismo, la
Guardia Nacional es responsable de múltiples violaciones de derechos
humanos cometidas en las estaciones migratorias de Tapachula y Tenosique.
Esta situación nuevamente pone de manifiesto lo que se ha señalado
desde diversos espacios: la Guardia Nacional no debe estar involucrada
en labores migratorias, mucho menos ante la debilidad crónica de los
medios internos y externos de control responsables de verificar el
cumplimiento de la legislación y los protocolos aplicables, en especial
en materia de uso de la fuerza.
La pandemia que enfrentamos actualmente afecta de forma generalizada a toda la población, por lo que el Estado mexicano está obligado a
adoptar las medidas necesarias para la protección efectiva de todas las
personas en el territorio nacional, incluyendo a las poblaciones en
situación de mayor vulnerabilidad, como lo son las personas en
movilidad.
02 de Abril del 2020.
c.c.p. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación
c.c.p. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos
c.c.p. Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Instituto Nacional de Migración
c.c.p. Andrés Ramírez Silva, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
c.c.p. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores
c.c.p. Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud - Presidente del Consejo de Salubridad General
c.c.p. Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
c.c.p. Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
c.c.p. Martha Yolanda López Bravo. Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
c.c.p. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación
c.c.p. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos
c.c.p. Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Instituto Nacional de Migración
c.c.p. Andrés Ramírez Silva, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
c.c.p. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores
c.c.p. Dr. Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud - Presidente del Consejo de Salubridad General
c.c.p. Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
c.c.p. Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
c.c.p. Martha Yolanda López Bravo. Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
1)
Estos hechos fueron denunciados por Colectivo de Observación y
Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y el Grupo Impulsor
contra la Detención Migratoria y la Tortura el pasado 19 de marzo del
2020. Véase comunicado: https://bit.ly/3bKh46t
2) Véase comunicado: https://bit.ly/2Jtle6G
3) Estos hechos fueron documentados y denunciados por el Hogar-Refugio La 72, albergue ubicado en Tenosique. Véase comunicado en: https://bit.ly/2ys8ivA
4)
A través de diversos comunicados y en diferentes momentos se han
denunciado las pésimas condiciones al interior de las Estaciones
Migratorias. El hecho más reciente fue la muerte de una persona de
origen haitiano en la EM Siglo XXI. Véase comunicado en: https://bit.ly/39CHSUJ
5)
OIM, ACNUDH, ACNUR, OMS: “Los derechos y la salud de las personas
refugiadas, migrantes y apátridas deben protegerse en la respuesta al
COVID-19”, 31 de marzo de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2xFB2AE6) Ver el comunicado del INM: https://bit.ly/348TXA2
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