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El gobierno encabezado por Omar Fayad mantiene las puertas y los oídos cerrados a miles de hidalguenses.
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Miles de indígenas y habitantes de las zonas urbanas marcharán el 26 de septiembre en reclamo de obras y servicios.
Más
de 40 mil hidalguenses, provenientes de las regiones de la Huasteca,
el Valle del Mezquital, Otomí-Tepehua y de la zona centro de la
entidad marcharemos en la capital del estado, pues no somos atendidos
por el gobierno encabezado por Omar Fayad, lo que provoca que en
nuestros pueblos y colonias no disminuya la pobreza, la marginación,
la inseguridad y la incomunicación.
Desde que el gobernador Omar Fayad
tomó el cargo, y en consonancia con los compromisos que hizo en
campaña, de combatir la pobreza y muchos otros males derivados de la
mala distribución de la riqueza que padecemos los hidalguenses, y
que se resume en el hecho de que más de 1.4 millones de habitantes
del estado se encuentran en situación de pobreza, le presentamos una
modesta relación que contenía las peticiones más básicas y
urgentes de resolver, desde carencias alimentarias básicas,
imposibles de resolver con los bajísimos ingresos, hasta obras
sencillas de dotación de agua potable, luz eléctrica, pequeñas
clínicas con servicios elementales de salud, o construcción de
aulas o albergues para jóvenes estudiantes indígenas. Prácticamente
nada de eso se ha cumplido, y mucho menos se han construido obras que
requieren más presupuesto como hospitales, escuelas, caminos
rurales, drenajes, pavimentos, etcétera.
Debemos aclarar que nuestra
actitud no se limitó a enlistar las peticiones y esperar que se
resolvieran; siempre hemos estado dispuestos a poner nuestra mano de
obra a manera de aportación para llevar a cabo diversos trabajos que
requieren algunas de las obras solicitadas. Además, también
recurrimos directamente a instancias federales para solicitar que
algunas obras se financiaran con fondos adicionales al presupuesto
estatal, lo cual se materializó, en los últimos dos años, en una
suma de 175 millones de pesos que con el respaldo de los diputados
del Movimiento Antorchista fueron depositados en las arcas del
gobierno de Hidalgo para que se realizaran las construcciones, como
lo manda la ley que tanto invocan cuando les conviene.
La respuesta del gobierno de
Hidalgo a nuestras solicitudes, ha sido:
Primero: una negativa rotunda a
destinar, por lo menos, los recursos públicos que en promedio habían
destinado otros gobernadores anteriores, lo que revela un acto
represivo en contra de los hidalguenses agremiados en Antorcha, a los
que se quiere castigar para doblegar y obligarlos a que acepten
resignadamente que se les niegue la solución a la mayoría de sus
peticiones, aunque eso signifique continuar en la miseria más
espantosa.
Segundo: también a manera de
castigo maliciosamente calculado, se ha operado la retención
arbitraria de los recursos federales, que este año ascienden a 61
millones y vienen etiquetados para realizar obras públicas que no
se pueden sustituir por otras a capricho del gobierno del estado. En
una actitud reprobable y cruel con las familias que requieren agua,
luz, caminos o alguna otra construcción que deberá hacerse con esos
recursos, el gobierno está dejando pasar las semanas para que llegue
la fecha en que ya no se puedan aplicar esos recursos y deban ser
devueltos a la Federación. Pareciera que alguna mente muy anclada en
los sótanos de la maniobra política, cree que es mejor perder ese
dinero que beneficiar a familias antorchistas. Increíble pero
cierto.
Tercero: Ese bloqueo político
ilegal, abusivo y absolutamente contraproducente para el prestigio y
la buena fama pública de quienes lo deciden desde el gobierno de
Hidalgo, ha sido replicado en diversas alcaldías que, al amparo y
ejemplo del gobierno del estado, ni siquiera se dignan recibir una
solicitud, como es el caso del alcalde de Huejutla, Raúl Badillo
Ramírez, quien se la pasa amenazando a los líderes y activistas; o
hay quien cierra ojos y oídos, apuesta a que las protestas se
debiliten y llegue el momento de coordinarse con el gobierno estatal
para desalojar policiacamente a quienes se han instalado en plantón
frente a sus oficinas, como es el caso de Yolanda Tellería, la
acaudalada alcaldesa panista de Pachuca. En este sentido, es notable
cómo, las escasas veces que Simón Vargas Aguilar, secretario de
Gobierno de Hidalgo, ha prometido intervenir para mediar en esos
conflictos municipales, ha aumentado la virulencia de los ataques
contra el antorchismo y se han cerrado más las posturas de esos
alcaldes.
Cuarto: cada vez que las familias
peticionarias difundimos algún volante, declaramos algo a los
medios, colocamos algún mensaje en las redes sociales o nos
disponemos a movilizarnos masivamente, la respuesta represiva se
recrudece, se escala y amenaza más seriamente la integridad de
algunos integrantes de la dirección estatal antorchista o de los
líderes de colonias y pueblos. Aquí se ha usado de todo: desde
destinar recursos públicos para pagar comentarios injuriosos en
algunos diarios o redes sociales, desempolvar o fabricar acusaciones
penales, volar drones intimidatorios sobre el domicilio de la
dirigencia estatal, allanar casas, detener arbitrariamente
activistas, dejar anónimos, “levantar” y golpear a los abogados.
¡Y luego se preguntan por qué la ciudadanía le pierde confianza a
los políticos y sus partidos!
Es necesario que la opinión
pública, las instancias gubernamentales estatales y federales, así
como los medios de comunicación y los organismos defensores de los
derechos humanos tomen nota de que la razón nos asiste, la pobreza
que padecemos es terrible e injusta, y nuestras peticiones y
actuación están dentro de la ley, por lo que continuaremos nuestra
denuncia y movilizaciones todo el tiempo que sea necesario, hasta que
en Hidalgo se modifique la cerrazón gubernamental en contra nuestra
y encontremos una solución medianamente aceptable para resolver las
terribles carencias que nos aquejan. En esta lucha social que hoy nos
vemos en la necesidad de reanudar, nuevamente contamos y agradecemos
profundamente las muestras de solidaridad de miles de hidalguenses y
mexicanos de todos los estados de la patria, que por diversas vías
nos han comunicado su decisión de acompañarnos en esta nueva
jornada contra la pobreza y la marginación en Hidalgo.
Finalmente demandamos que el
gobierno del estado de Hidalgo garantice el derecho de libre tránsito
y de manifestación pública consagrado en nuestra Constitución y no
los violente, como en otras ocasiones, usando para ello la fuerza
pública.
MUY
RESPETUOSAMENTE
Obreros,
amas de casa, campesinos, estudiantes y maestros antorchistas de la
región Huasteca, Otomí- Tepehua, de Valle del Mezquital, Pachuca,
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