Desde hace muchos años, a nivel nacional, el sector automotriz es
ejemplo de competencia y dinamismo.
El sector automotriz recibe más inversión extranjera directa que
cualquier otra industria del país y el año pasado experimentó un
crecimiento cuatro veces mayor al del PIB nacional.
También es un referente a nivel internacional: 4 de cada 100
vehículos que se producen en el mundo son ensamblados en México.
Somos el mayor productor de vehículos en América Latina y el
séptimo del mercado mundial.
Sin embargo, durante el último año, la industria automotriz de México
ha sufrido fuertes golpes. En el primer semestre de 2018, la venta de
autos ligeros disminuyó en un 8% y la venta de vehículos pesados
decreció en un 9%. Las tres marcas con mayor presencia en México
también experimentaron una caída considerable en sus ventas: 16%
para Nissan, 13.2% para General Motors y 22% para Volkswagen.
Este panorama adverso se puede explicar por varios factores,
especialmente la incertidumbre asociada a la renegociación del
Tratado de Libre Comercio y las elecciones en México, y por otro
lado, en el aumento a las tasas de interés y la volatilidad cambiaria
que impactan directamente las ventas en el sector.
El decremento en las ventas del sector automotriz, también está
asociado y es consecuencia de decisiones políticas que inciden
directa y negativamente sobre la industria.
Especialmente afectan a la producción y venta de automóviles en la
economía formal, los programas de inspiración política para la
“regularización” de vehículos internados ilegalmente al País -
coloquialmente denominados “autos chocolate”- y de forma
emergente, una propuesta que ha esbozado el futuro gobierno
federal, en el sentido de “recorrer” 30 kilómetros hacia el sur las
aduanas de la frontera norte para crear de forma repentina una zona
franca.
La introducción ilegal hacia territorio mexicano de autos “chatarra”, a
los que por su antigüedad y obsolescencia tecnológica, ya no les es
permitido circular en los Estados Unidos, compromete la seguridad
vial en calles y carreteras, y desde luego, pone en riesgo la seguridad
pública.
El contrabando de vehículos es frecuentemente ignorado por las
autoridades federales, y su libre circulación solapada por muchas
autoridades locales y municipales, contribuyendo con esas
omisiones, al debilitamiento del mercado interno y del sector
automotriz.
No es un asunto marginal: la comercialización de los vehículos
chatarra representa el 10.05% de las ventas totales de vehículos en
México, en detrimento de la producción nacional.
Además, cabe aclarar algo: la regularización no significa legalización.
Sólo normaliza y vuelve recurrente el contrabando de vehículos al
territorio nacional.
Para darnos una perspectiva del problema, basta con revisar los
efectos de las políticas implementadas en los primeros años del
sexenio 2006-2012, en los que infortunadamente se intentó
regularizar a los vehículos “chatarra”.
Según un reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores
Automotores (AMDA), de 2006 a 2008, la venta de vehículos
importados usados, sobrepasó las ventas totales de unidades nuevas
de todo el país.
El sector automotriz podría enfrentar de nuevo esta amenaza si los
nuevos intentos por regularizar, una vez más, los vehículos
importados usados fructifican.
Varios gobernadores han propuesto regularizar estos vehículos a
través de un engomado que les permita circular. Nuestro más
enérgico rechazo a estas medidas de clara orientación política.
Paradójicamente, esta medida sería contraproducente sobre todo en
los estados fronterizos. El 68% de los vehículos importados usados
durante el primer semestre del 2018 se concentraron en la zona
fronteriza, lo que explica que, en esa zona, la caída en las ventas de
vehículos haya sido mucho más importante que en el resto del País,
alcanzando una disminución del 20% frente al 8% a nivel nacional.
El contrabando de vehículos usados no sólo afecta la economía
nacional, también representa un elemento de deterioro ambiental.
Según información de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz, la internación ilegal de estos vehículos, ha provocado el
agravamiento del envejecimiento del parque vehicular a nivel
nacional.
Los datos son contundentes: El promedio de edad de los vehículos
en México es de 18 años, mucho mayor que en Estados Unidos que
es de apenas 5 años. En nuestro País el 15% de los vehículos ligeros
y cerca del 33% de los vehículos pesados, tienen más de 20 años, lo
que sin duda representa un factor para el deterioro del medio
ambiente y un grave riesgo para la seguridad vial.
Si se quiere acabar con el contrabando de vehículos, se debe incluir
un planteamiento integral del problema que aborde la necesidad de
crear transporte público digno y de calidad para aquellos que no
tienen acceso a ingresos que les permitan comprar autos.
Así mismo se debe considerar el tema dentro de las renegociaciones
del TLCAN.
Sin una normativa fortalecida no se puede otorgar
seguridad jurídica a quienes importan vehículos dentro de la ley, y
será inevitable que México sea el basurero regional de vehículos
obsoletos provenientes del resto de Norteamérica.
En el contexto actual, la introducción anárquica de vehículos usados
sólo crea una competencia desleal e indirecta con los vehículos
producidos en el territorio nacional, que transfiere recursos al
exterior, sin ningún impacto positivo en la economía del País.
Hacemos un llamado a los gobernadores que han impulsado la
regularización de vehículos introducidos ilegalmente para que
reconsideren y desistan de ese propósito con base en los datos y
argumentos aquí presentados.
La industria automotriz es un ícono del México moderno, pleno de
capacidades para competir en el contexto global.
El sector automotor es campeón en la atracción de inversión
extranjera y detonador del comercio y los servicios de clase mundial.
Es líder en la transferencia de conocimientos y competencias a la
fuerza laboral mexicana, preparándola para la inminente revolución
de la manufactura mundial.
Ante el contexto internacional adverso y en un entorno de
incertidumbre en el comercio global, resulta vital generar certidumbre
y con ello propiciar estabilidad y crecimiento en el sector automotriz,
partiendo desde las políticas internas.
La regularización de los vehículos usados, internados como
contrabando, tiene el potencial de agravar la situación que hoy
atraviesa la industria automotriz mexicana.
El reto del desarrollo con bienestar para combatir la pobreza requiere
de más inversión y crecimiento.
Cuidar que los sectores que están cumpliendo con su parte de
responsabilidad con el País será, siempre, un buen comienzo.
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