Frente a la inminente consolidación de un Estado militar, la comunidad internacional no puede quedarse pasiva

 

Vivimos tiempos profundamente oscuros, en los que los silencios se convierten en complicidades, y las omisiones se vuelven acciones criminales. Como nunca, nos encaminamos a la consolidación irreversible de un Estado militar y autoritario. Las experiencias latinoamericanas del siglo XX, y la historia reciente de represión y abuso militar en México revelan que la consolidación del poder en las fuerzas armadas es, quizá, el mayor riesgo para la democracia, la seguridad jurídica y el estado de derecho en nuestro país. 

Incontables víctimas en México han sido profundamente lastimadas por los abusos de las fuerzas armadas. La evidencia muestra, de manera incontrovertible, que el uso del Ejército en tareas de seguridad pública ha tenido como resultado un aumento alarmante en la perpetración de crímenes atroces, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, todas cometidas en un marco legal de paz, pero en un estado de excepción de facto que no tiene controles ciudadanos y del cual no se rinden cuentas. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una institución fundamental para nuestra vida democrática: su existencia y correcto funcionamiento es piedra angular para propiciar un adecuado equilibrio frente a posibles abusos del poder y la prohibición del autoritarismo.  

Sin embargo, hoy vemos con profunda preocupación que se cumplieron nuestros peores miedos, manifestados en el proceso de selección de la actual titular de la CNDH, pues la institución ombudsperson de nuestro país ha caído en la sumisión absoluta al Ejército y al partido en el poder. Su decisión de no impugnar las recientes reformas en materia de militarización de la Guardia Nacional revela una rendición absoluta a los poderes constituidos, así como un desprecio por la Constitución y por las decisiones y recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos. La CNDH revela una posición de omisión que se vuelve criminal ante el incumplimiento de sus obligaciones.

No desconocemos que México vive una situación preocupante de violencia e inseguridad; sin embargo, la militarización de la seguridad pública no es la respuesta adecuada para resolverla. La evidencia muestra con contundencia que la militarización es, en sí, una causante de más violencia atroz. La detención del General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien se le acusó de haber utilizado al Ejército mexicano para exterminar a los enemigos comerciales del cartel protegido por el propio Ejército, revelan que el Ejército es lo que se conoce en la literatura como un pro-violation constituency, pues claramente tiene un interés económico y político en mantener y perpetuar la violencia a través del poder político y económico que conlleva la legalización de su rol en las tareas de seguridad.  

El profundo dolor de las víctimas de la militarización eleva un imperativo ético y legal para actuar de inmediato frente a la instalación de un auténtico estado de excepción. En la medida en que el Ejército viola sistemáticamente normas imperativas de derecho internacional, nuestras instituciones deben estar a la altura, y deben propiciar el despertar de la conciencia jurídica universal para hacer frente al horror y la tragedia constitucionalizada que hoy vivimos. El daño y dolor sufridos por las víctimas de la militarización afecta a la humanidad en su conjunto. Las personas que están temporalmente a cargo de nuestras instituciones no deben de olvidar que no descansaremos ni un solo momento para que sean llamadas a rendir cuentas, y para que la justicia –desde México o el extranjero– finalmente se siente entre nosotras.

Las políticas de simulación gubernamental no deben distraernos de la realidad: la existencia misma de nuestra democracia está en riesgo. En ese sentido, lamentamos, condenamos y reprobamos profundamente la postura criminal y cómplice asumida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la iniciativa, abiertamente inconstitucional, que fue aprobada por el Congreso de la Unión. En ese sentido, consideramos que el Subcomité de Acreditaciones y al Buró de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) debe iniciar una revisión extraordinaria de la situación de la CNDH y emitir una resolución en la que le revoque la categoría “A”, pues claramente la institución no está cumpliendo en buena parte con los Principios de París.

Asimismo, consideramos que la situación de la CNDH, se suma a la irresponsabilidad y complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus omisiones en discutir y resolver las impugnaciones pendientes sobre la cuestión de la militarización, lo que revela la falta total de voluntad de las instituciones del Estado mexicano para funcionar como un contrapeso real frente a una política que coloca en riesgo la existencia misma del estado democrático de derecho. El legado del actual presidente de la SCJN quedará marcado, de manera indeleble, por su complicidad con la instalación de un Estado militar. La ausencia de mecanismos efectivos para protegernos de la arbitrariedad, constituyen una genuina desviación de poder, y nos dejan en la indefensión absoluta. 

No exageramos cuando decimos que nuestra vida democrática está en riesgo. El momento de actuar es ahora.

Por una #SeguridadSinGuerra.