- De aprobarse, la Iniciativa generaría incertidumbre jurídica a los participantes de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos, además habilitaría espacios para una restricción artificial e injustificada de la oferta de sus productos y servicios en detrimento de los consumidores mexicanos.
- La COFECE reconoce como legítimos los esfuerzos del Gobierno Federal por combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, por lo que en esta opinión no se pronuncia sobre la modificación legal para revocar los permisos por esa causa específica.
Ciudad de México, 12 de abril de 2021.- De aprobarse en sus términos, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos (Iniciativa) se
afectaría negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia
de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos, lo que podría resultar en una disminución de la oferta de
bienes y servicios en la industria, con el consecuente aumento en los
precios que pagan por ellos las familias y empresas mexicanas. Por lo
anterior, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o
Comisión) remitió al Congreso de la Unión una opinión en la que
recomienda no aprobar en los términos propuestos dicha Iniciativa.
El
marco constitucional vigente establece un régimen de competencia en la
cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos,
dentro de las actividades de producción, importación, transporte,
almacenamiento, distribución y expendio al público. Para que Petróleos
Mexicanos (Pemex), otras empresas productivas del Estado y los
particulares puedan participar en dichas actividades requieren de
permisos –que deben otorgarse de manera expedita y no indebidamente
discriminatoria–, cuyo objetivo es el cumplimiento de requisitos
razonables vinculados con la seguridad, capacidad operativa o
infraestructura, entre otros. En ningún caso, el régimen de permisos
debe restringir el acceso a los interesados que cumplan con los
requisitos aplicables.
La reforma planteada:
i) Desincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de permisos,
porque faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía
(Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender
temporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente
para la “seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”. Sin embargo, estos conceptos no se definen ni se establecen criterios para su clara aplicación.
ii) Generaría incertidumbre al modificar de afirmativa a negativa ficta en la resolución de las solicitudes de cesión de permisos,
lo que reduce los incentivos de la autoridad para resolverlas de manera
expedita, e impide inicialmente a los agentes económicos conocer las
razones para negarlas.
iii) Reduciría
el número de competidores y la oferta al establecer la comprobación
previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la Sener para
el otorgamiento de permisos.
Si bien contar con capacidad de almacenamiento suficiente es necesario
para que exista competencia en la cadena de producción de combustibles,
requerir su comprobación previa al otorgamiento del permiso genera un
círculo vicioso entre la falta de dicha capacidad por la inexistencia de
permisos, y la falta de estos ante la escasez de infraestructura,
desalentando inversiones en este rubro. Además, la Iniciativa permite la revocación
de permisos vigentes que, a la entrada en vigor de la reforma
planteada, incumplan con este requisito, lo que constituiría una
violación a los derechos adquiridos y una restricción injustificada a la
oferta.
Por estas razones, la Comisión recomendó al Congreso de la Unión no aprobar en sus términos esta Iniciativa.
Por
otra parte, la COFECE reconoce como legítimos los esfuerzos del
Gobierno Federal por combatir el contrabando de hidrocarburos y
petrolíferos, por lo que en dicha opinión no se pronuncia sobre la
modificación legal que prevé revocar los permisos por esta causa
específica.
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