- Urgen herramientas para fortalecer los mecanismos de protección.
- Hay 52 conflictos por megaproyectos en la región mexiquense.
- Muchos municipios metropolitanos padecen afectaciones de megaproyectos.
El
abogado José Antonio Lara Duque propuso trabajar para abordar los
conflictos sociales desde una cultura de paz, en la cual los grupos
históricamente vulnerables en México sean actores que generen
herramientas para fortalecer mecanismos de protección y apegadas a su
cosmovisión.
El
también postulante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (Codhem) mencionó que es primordial que los agentes
externos ofrezcan a las comunidades un diálogo permanente y otorguen
las herramientas para acercar a los actores en mediaciones --o
conciliaciones-- que generen certidumbre a sus representantes.
A
los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Congreso mexiquense resaltó que datos del Observatorio de Conflictos
Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana, ubican entre
2017 y 2020, en el estado de México un total de 52 conflictos activos
por megaproyectos.
De
estos, 12 son de tipo de mega infraestructura y vías de comunicación,
que afectan gravemente el derecho ambiental y cultural de las
poblaciones autóctonas, por eso, agregó el abogado Lara Duque, es
indispensable garantizar una consulta debidamente informada.
De
estos conflictos, enumeró el abogado por la UNAM, 19 se encuentran
relacionados con la extracción minera, 14 de hiperurbanización, tres de
extracción hídrica, dos de extracción agroindustrial, uno de extracción
de energéticos, otro más mixto (mega infraestructura y extracción
minera).
En
otros de los casos, dijo, existen 22 que se encuentran en estatus
desconocido, 13 en estatus activo, ocho en estatus de construcción,
cuatro suspendidos, tres en estatus de planeación y uno en declaración
oficial y otro más en estatus de ampliación.
En
este sentido, el postulante a la presidencia de la Codhem mencionó que
estos proyectos afectan preponderantemente a las poblaciones indígenas,
comunidades de campesinos, ejidatarios y comuneros; sin embargo,
advirtió, los municipios metropolitanos también padecen los efectos de
megaproyectos por su ubicación geográfica estratégica.
“Estas
afectaciones requieren acciones que garanticen que los impactos no
vulneren el derecho a un medio ambiente sano, vivienda digna, acceso
asequible y accesible al agua, o bien, que no se conviertan en un foco
de conflicto que generen ingobernabilidad”, convocó.
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