Los
derechos humanos no se pueden ejercer sin economía sólida y sin democratización
En
México: no hay un terreno fértil. Es como sembrar maíz en el desierto (Valdés
Ugalde)
En
Ecuador: la institucionalización de los
derechos no permea la vida cotidiana (Vázquez)
Uruguay:
un suelo adecuado frente a institucionalización tardía (Ansolabehere)
Ciudad
de México, 20 de abril de 2017. Como parte del ciclo Los derechos humanos en
tiempos de odio fueron presentados en la Flacso México los resultados de una
investigación sobre la relación entre la institucionalización de los derechos
humanos y su ejercicio efectivo en algunos países de América Latina.
Este
trabajo es una continuación del libro Entre el pesimismo y la esperanza: Los
derechos humanos en América Latina. Metodología para su estudio y medición, un
ambicioso esfuerzo de la Flacso México para establecer en la región las
relaciones entre las diferentes formas en que se ha institucionalizado la
protección de los derechos humanos con la economía, la democracia y el efectivo
ejercicio de estos derechos.
Este
nuevo estudio parte de la hipótesis según la cual entre más
institucionalización de los derechos humanos hay un mayor disfrute. La
investigación, realizada en Ecuador, Uruguay y México, dio resultados
contrarios. Mejor: atípicos, como lo
demostraron Luis Daniel Vázquez, Karina Ansolabehere y Francisco Valdés Ugalde,
investigadores de la Facultad.
Luis
Daniel Vázquez presentó el caso ecuatoriano, en el que hay una alta
institucionalización de los derechos humanos pero poco disfrute por la
población. Para Vázquez esto puede deberse a que Ecuador ha pasado
recientemente por largos procesos de inestabilidad política y una crisis
económica muy profunda.
Y
es que, explicó el especialista, “sin democratización y sin una economía sana
no puede haber un ejercicio sano de los derechos humanos”. Si bien Ecuador es
un ejemplo de incorporación de los derechos fundamentales a las leyes e
instituciones, ha quedado aletargado en su implementación.
En
sentido contrario se presenta el caso de Uruguay, país en el que existe un alto
disfrute de los derechos y poca y tardía institucionalización. En ese país los derechos humanos están
cimentados en dos pilares: instituciones de bienestar muy fuertes y un sólido
Estado de Derecho concebido en sentido tradicional, argumentó la especialista
Karina Ansolabehere.
“Uruguay
tiene un piso fértil en materia democrática. Cuenta además con un movimiento
sindical independiente y de izquierda que ha sido un actor fundamental en la
demanda de derechos humanos. En materia económica, ha habido una evolución del
salario mínimo y una mejora en el salario medio, además de una baja en los
precios de los alimentos”.
Para
Ansolabehere, Uruguay es un caso paradigmático, porque ha compatibilizado la
tradición de igualdad distributiva con las nuevas demandas para el
reconocimiento de la igualdad en otros planos en materia de género, niñez y
juventud.
México,
“el país donde todo es a medias”
El
investigador y director de la Flacso México, Francisco Valdés Ugalde presentó
los hallazgos para el caso mexicano: una institucionalización intermedia y un
goce medio de los derechos humanos.
Valdés
Ugalde explicó que a partir de los noventa hubo fuertes avances normativos que
culminaron con la reforma del 2011 y con movilizaciones sociales, de recursos
políticos y de políticas públicas en dirección a una mayor protección de los
derechos.
Sin
embargo “una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace”, puntualizó Valdés.
Para él la explicación podría encontrarse en que “la cultura política mexicana
está atada a las viejas estructuras funcionales del sistema hegemónico” en la
que es típico pugnar por tener una constitución ejemplar pero que no puede
llevarse a la práctica.
El
especialista en Estado de Derecho y cultura de la legalidad señaló, además, que
existe una inercia y resistencia por parte del Estado para liberar al poder
judicial, resistencia que nace incluso en el propio poder judicial por estar
muy arraigado a viejas tradiciones.
Una
baja democratización y una economía poco consolidada, aunado a esta
reincidencia generalizada en las malas prácticas hegemónicas son un terreno
poco fértil para la institucionalización y el ejercicio de los derechos humanos
en México: “es como sembrar maíz en el desierto”, apuntó Valdés.
Los
mexicanos, ahondó, no saben a dónde acudir para recibir asesoría judicial de
calidad, predomina entre los ciudadanos el “más vale un mal arreglo que un buen
pleito” porque acudir al sistema de justicia genera desconfianza y significa
que el más débil va a perder.
Para
concluir con un ejemplo claro, el director de la Flacso México presentó una
pirámide invertida en la que se observa que en México entre 2006 y 2014 hay 23
mil personas desaparecidas, 291 casos en manos de la justicia y tan sólo seis
sentencias emitidas. “Esto nos da cuenta en un caso específico que la falta de
acción del Estado mexicano es claramente patente”.
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