Violaciones de derechos, saldo del tráfico de armas

México no solo ha aumentado drásticamente su presupuesto militar y la importación de armas, sino también la producción nacional de armamento. Y a pesar de ello la estrategia de seguridad actual no ha dejado más que un número intolerable de víctimas de violaciones graves a derechos humanos y homicidios dolosos

 

Por: Natalia Báez y Louis Epstein-Escobar
México se encuentra sumergido en una grave crisis de violencia e impunidad. Los homicidios con arma de fuego y las violaciones graves a los derechos humanos son parte de la cotidianeidad. En el marco de la guerra contra las drogas y la militarización de la seguridad pública, hemos visto un deterioro del tejido social y un incremento histórico en los niveles de violencia.
El incremento de la violencia está relacionado con un crecimiento del presupuesto militar y el tráfico de armas. Un ejemplo de esto es la implementación de la Iniciativa Mérida, cuyos ejes principales son la seguridad, justicia y combate al crimen organizado transnacional, por medio de la donación de aeronaves y equipo; así como la transferencia de tecnología y capacitación para fuerzas militares y policiales por parte de EUA a México.
México no solo ha aumentado drásticamente su presupuesto militar y la importación de armas, sino también la producción nacional de armamento -23,600 rifles de 2016 a 2017-, a pesar de esto la estrategia de seguridad actual no ha dejado más que un número intolerable de víctimas de violaciones graves a derechos humanos y homicidios dolosos.

ADVERTISING

Desde diciembre de 2006 hasta junio de 2018, al menos 37,435 personas se encuentran desaparecidas, más de 121,000 han sido asesinadas con armas de fuego, además de los miles de hallazgos de fosas clandestinas y las más de 329,917 personas desplazadas por la violencia. Crímenes graves que en su mayoría permanecen en la impunidad, sin investigación judicial o sentencias para los culpables y reparación a las víctimas.
En relación con lo anterior, la CMDPDH en colaboración con Stop US Arms México realizamos un informe en donde se analiza el tráfico y la violencia vinculada a las armas en México a raíz de la militarización de la seguridad pública.
Durante el proceso de recolección de fuentes para nuestra investigación, notamos que existe muy poca información pública relacionada con el tráfico de armas. Sabemos que SEDENA es la única institución responsable de adquirir y distribuir armas al interior de la república, pero el acceso a la información clara y precisa sobre el tipo de transacciones que se realizan no ha sido sencillo.
Nos enfrentamos a obstáculos al enviar solicitudes de información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en las que obtuvimos, en su mayoría, respuestas contradictorias o incompletas sobre el número de armas adquiridas y los usuarios finales de las mismas. Esto demuestra a su vez, la opacidad en el tema de adquisiciones armamentísticas y la falta de la transparencia de los registros de importaciones de armas al país.
Las armas que la SEDENA compra al vecino del norte primero deben ser autorizadas por el Departamento de Estado de EUA. Todas las ventas de armas extranjeras se revisan usando la política convencional de transferencia de armas y la Ley Leahy, que brinda 13 consideraciones que deben cumplirse, incluido el análisis de la probabilidad de que las armas se utilicen para cometer violaciones de derechos humanos. Estas salvaguardas prohíben que el gobierno estadounidense venda armas a países en donde exista “información creíble” que podrían ser utilizadas para violar los derechos humanos de sus ciudadanos.
El proceso de venta de armas no es transparente, y el Departamento de Estado no habla sobre cuáles son las unidades a las que han sido negadas las transferencias de armas o entrenamiento. Sin embargo, aunque hay pruebas contundentes de que unidades de las fuerzas de seguridad mexicanas han cometido torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, EUA aprobó la venta de 6,622 armas largas y 4,571 armas cortas de uso exclusivo del ejército a México de 2010 a 2016.
Desafortunadamente, el crecimiento exponencial en el número de armas que ingresan legalmente a México no ha sido acompañado controles para registrar, controlar y seguir de manera efectiva y transparente los usuarios finales de estas armas para asegurar que no caigan en manos de unidades policiales o militares que hayan cometido violaciones de derechos humanos. También existe un grave problema con el desvío, robo y extravío de armas en el país, esto quiere decir que, en muchos casos, las armas que son ingresadas legalmente al país más tarde son desviadas a manos del crimen organizado.
Casi el 70% de las armas recuperadas y rastreadas en escenas del crimen en México provienen de EUA. Desde 2006 a la fecha más de 20,000 armas de fuego adquiridas por la policía federal y estatal, fueron reportadas como robadas o extraviadas. Aproximadamente 7,000 de estas armas fueron reportadas como desaparecidas en la Ciudad de México y el Estado de México.
Es por ello que México necesita:

1. Reducir las importaciones legales de armas de fuego, por debajo de las realizadas antes de que se declarara la “guerra contra las drogas” y se diera inicio a la Iniciativa Mérida en 2007.
2. Priorizar el cumplimiento de las prohibiciones de armas de fuego en el territorio nacional, especialmente a través de incentivos, recursos y análisis aplicado de las rutas y modalidades del tráfico de armas de fuego.
3. Aumentar la transparencia de las importaciones legales de armas, a fin de fortalecer la rendición de cuentas y combatir el desvío de armas.
4. Fortalecer los controles sobre las transferencias de armas de SEDENA a fuerzas policiales mexicanas, especialmente con respecto a las investigaciones de armas perdidas y robadas.