Huehuetoca, Edomex.-
El Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 de la Representación de la Procuraduría
Agraria en el Estado de México, incurrió en un grave exceso de ejecución en
perjuicio de cientos de ejidatarios del municipio de Huehuetoca, al ordenar la
ejecución de un deslinde y supuesta entrega de 65.7 hectáreas, a una teórica representación
de la Sociedad Mercantil Santander, la cual no pudo comprobar en ese lugar su
identidad legal para proceder con esta diligencia.
Con una orden telefónica por parte de magistrada Ana Lili
Olvera Pérez, del Distrito 10 de dicho Tribunal Agrario, el actuario Juan
Bernardo Ezequiel y el perito tercero en discordia Venancio Francisco Aguirre, procedieron
a la ejecución después incluso de escuchar el reclamo y desaprobación del representante
legal del ejido Huehuetoca, Felipe Cruz Rodríguez, del Comisariado Ejidal y de la
Comisión de Ejidatarios, todos ellos con representación legal presentada, las
cuales no fueron recibidas por parte del actuario.
Pese a que el enviado de la Sociedad Mercantil Santander no
acreditó oficialmente su representatividad legal, lo que debió haber anulado la
ejecución, y bajo el ilegal argumento de
que su supuesta representatividad “constaba en libros”, el actuario acató la
orden de la magistrada Olvera Pérez de ejecutar la acción de deslinde.
Debido a lo anterior, el abogado Cruz, el Comisariado Ejidal
y la Comisión de ejidatarios, conformada por seis de ellos, firmaron el acta
levantada bajo protesta, ya que “ésta como tal no es legal”.
“No se cumplieron las formalidades necesarias, la magistrada Olvera
Pérez ordenó desde el Tribunal al actuario, quien no ejerció autonomía alguna para
resolver por su cuenta, por lo que fue manejado al antojo y a larga distancia por
la primera, y únicamente acató una orden de ejecutar a como diera lugar”, acusaron
los ejidatarios.
Por lo anterior, los ejidatarios y su representación legal tomaron
la decisión de seguir con los medios de impugnación correspondientes para “echar
abajo” esta supuesta ejecución, y destacaron que nunca tuvieron la intención de
bloquear la actividad del actuario y del perito, ni de oponerse por la fuerza a
dicho acto ilegal, a pesar de que en el sitio estaban presentes más de 300 personas
de las familias de los ejidatarios de Huehuetoca: “Nos comportamos de la manera
más correcta y fuimos respetuosos en todo momento”.
Asimismo, informaron que, al realizar el recorrido del
territorio en la ejecución ordenada, el actuario Ezequiel y el perito Aguirre pretendieron
comprobar las medidas del territorio, con base únicamente en los “documentos”
apócrifos que dicha sociedad siempre ha querido presentar como válidos.
Sin embargo, “incluso pudieron comprobar que sus mediciones
no coinciden ni con los documentos falsos que presentan”, ya que trazaron una línea
recta de 1,700 metros en la parte ancha del terreno, es decir pretenden “tomarse
el doble del terreno” que incluso su escritura establece.
Los ejidatarios explicaron que el deliberado error del
actuario, así como del perito, fue que en lugar de tomar la llamada mojonera
siete con punto de referencia, mismo que se establece en el plano original
certificado entregado por el gobierno en su decreto, lo hicieron desde la número
tres, lo que evidencia el abuso de autoridad que buscan cometer con la anuencia
de la magistrada Ana Lili Olvera Pérez.
Por ello, explicaron, su medición es “incorrecta y tramposa”,
ya que están invadiendo tierras entregadas por el gobierno al ejido Huehuetoca,
cuyos documentos obran en poder de los ejidatarios mexiquenses.
“A partir de esta medición que hicieron, las líneas se
torcieron, lo que demuestra el error y el dolo del Tribunal, de la magistrada
Olvera Pérez y del Archivo General Agrario, los cuales autorizaron trabajos de escritorio
como válidos y no aceptaron documentos básicos del ejido, al estar conscientes
de que de hacerlo no tienen manera de ganar”.
Comentaron que incluso durante la diligencia se intentó
entregar la documentación legal que tienen los ejidatarios, quienes la han
guardado celosamente por décadas, misma que fue nuevamente rechazada, en un
acto violatorio de un fundamento básico del derecho que es el principio de adquisición
procesal.
Las autoridades agrarias, representadas por la magistrada Ana
Lili Olvera, no han aceptado documentación como carpeta básica, plano
definitivo, carteras de campo de la Reforma Agraria, diario oficial, actas de deslindes, firmas de colindantes, levantamiento
de coordinadas e incluso un Decreto Presidencial, así como información diversa
que comprueba la dotación y ampliaciones de su ejido, e incluso un documento de deslinde en el que el antiguo
dueño de los terrenos, Jacobo Pérez Barroso, padre de los hoy demandantes, cede
dicho terreno a los ejidatarios al no poder comprobar su legal propiedad.
La magistrada Olvera Pérez, aseguraron, ha incumplido
claramente con su palabra comprometida en julio del 2025, de que decidiría o no,
la ejecución después de estudiar toda la documentación del Archivo General
Agrario, lo que nunca ha sucedido.
Esta negativa, añadieron, evidencia una clara intención de la
Procuraduría Agraria del Estado de México de beneficiar “abiertamente y a toda
costa” a la familia Pérez Lizaur, propietaria de Sociedad Mercantil Santander,
lo que podría convertirse en un grave acto de corrupción en la representación
de la PA del Estado de México al ceder a la ambición de Santander.
Finalmente, los ejidatarios y su presentante legal, aseguraron
que existen elementos legales para impugnar y anular el acta levantada en el
terreno de ejido Huehuetoca.
Todos estos hechos, concluyeron los ejidatarios, demuestran
que las leyes en México, a pesar de que se diga lo contrario, en la práctica se
aplican en favor de “quienes tienen poder económico, social o político, “las
leyes en México solamente sirven al rico y nunca al pobre, aunque a los
primeros no les asista la verdad como en este caso”.
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