- A nivel mundial, las mujeres y las niñas disfrutan solamente del 67% de los derechos legales de los hombres. Al ritmo actual, cerrar la brecha tomaría casi 300 años.
- México no es ajeno a estos desafíos. En los últimos años el país ha impulsado importantes reformas legales para fortalecer los derechos de las mujeres y las niñas.
Ciudad de México, 6 de marzo de 2026.- A cuatro años del plazo establecido por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, este 8M, bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, Naciones Unidas llama a acelerar medidas concretas para que la igualdad ante la ley sea tangible.
A nivel mundial, las mujeres y las niñas cuentan en promedio con solo el 67% de los derechos legales que tienen los hombres[i]. A este ritmo, cerrar esa brecha podría tomar casi tres siglos[ii].
En 54%[iii] de los países la violación aún no se define con base en el consentimiento, y en 44% no existe obligación legal de garantizar igualdad salarial por el mismo trabajo[iv].
Aunque el 90% de los Estados ha fortalecido su legislación para enfrentar la violencia contra las mujeres[v], persisten brechas en su aplicación efectiva.
En América Latina y el Caribe, 20 países han tipificado el feminicidio como delito. En México, esta figura está reconocida en todas las entidades federativas.
La elección de la primera Presidenta de México marca un antes y un después en la defensa y la garantía de los derechos humanos de las mujeres en el país. Este hito se suma a una transformación política en la que México ha alcanzado la paridad de género en los poderes legislativos federal y local. Hoy, trece estados son gobernados por mujeres, casi el doble que en 2018.
Estos avances han venido acompañados de importantes reformas legales e institucionales, entre las que destacan la tipificación de distintas modalidades de violencia —como la violencia digital y la violencia política por razón de género—, el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva, la igualdad salarial y el derecho a una vida libre de violencia. También destaca la creación de la Secretaría de las Mujeres y su impulso a iniciativas como la Cartilla de Derechos de las Mujeres y la creación de los Centros LIBRE, cuyo acrónimo representa Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes comunitarias y Emancipación para las mujeres. Solo en 2025, se establecieron 678 centros en todo el país con el apoyo de las 32 entidades federativas.
En 2025, la Ciudad de México fue sede de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se adoptó el Compromiso de Tlatelolco, que impulsa una Década de Acción para acelerar la igualdad sustantiva de género y avanzar hacia una sociedad del cuidado como pilar del desarrollo sostenible y la construcción de paz.
Pese a avances normativos y de política pública significativos, persisten retos importantes para alcanzar la igualdad sustantiva. En México, solo el 13.1% de las mujeres que experimentaron violencia física o sexual por parte de su pareja presentó denuncia ante una autoridad. Entre las principales razones para no denunciar se encuentran el miedo, la estigmatización, la revictimización, el desconocimiento de los mecanismos, la desconfianza institucional y la impunidad.
Superar estas barreras requiere que las instituciones de procuración e impartición de justicia actúen de manera articulada, con procesos oportunos, accesibles para las mujeres en toda su diversidad y alineados con los estándares de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.
Llamado a la acción
En el marco del 8M 2026 y ante el 70º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), Naciones Unidas convoca a gobiernos, parlamentos, poder judicial, fiscalías y ministerios públicos, sector privado, academia, medios de comunicación, sociedad civil, sindicatos y otros actores a:
- Invertir en sistemas de justicia con perspectiva de género.
- Garantizar asistencia jurídica accesible y de calidad.
- Fortalecer la implementación efectiva de las leyes existentes.
- Impulsar políticas públicas basadas en evidencia que cierren brechas en el acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional.
El lema de este año, “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, reafirma que el acceso a la justicia es un pilar del desarrollo sostenible. Los avances muestran que el cambio es posible; el desafío es asegurar que los marcos legales se traduzcan en protección efectiva y que los sistemas de justicia garanticen igualdad real para todas las mujeres y niñas sin distinción.
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