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Entre personal penitenciario y personas privadas de libertad, a un año
de la pandemia, fallecieron 350 personas y se contabilizaron 4 mil 305
contagios.
- Todo el país corre riesgos graves si no se atiende a esta población.
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A la fecha, ninguna persona privada de libertad ha sido vacunada. Por
ello, incorporamos un nuevo indicador en el MapaCOVID-19: vacunas
aplicadas a personas privadas de libertad.
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El
31 de marzo de 2020, 5 personas en un centro de reinserción social del
Estado de México reportaron malestares con sintomatología propia de la
Covid-19. A los pocos días, serían confirmados como los primeros casos
de infección dentro del sistema penitenciario. Después, el patente
desorden, desinterés e incapacidad de las autoridades para hacer frente a
la amenaza comenzó a cobrar vidas. Las acciones precisas y conjuntas
tardaron en aparecer en las 289 prisiones del país, mientras en algunas,
nunca llegaron. Si bien se cancelaron visitas o se restringió
inhumanamente la salida de estancias, elevando las horas de hacinamiento
en las celdas de por sí sobrepobladas -45.6% de la población privada de
la libertad a nivel nacional comparte su celda con más de cinco
personas[1]-, el estatuto de las personas privadas de libertad como
ciudadanas de segunda clase, jugó gravemente en su contra y hoy, se
siguen contando las consecuencias.
A
un año de los primeros contagios registrados en el país, la pandemia
continúa en el sistema penitenciario. Del último balance que se llevó a
cabo del Mapa Penitenciario-COVID19, el pasado 11 de noviembre, los
números de contagios y muertes han mantenido un crecimiento constante:
350 fallecimientos y 4 mil 305 contagios, de las cuales corresponden a
personas privadas de libertad, 280 decesos y 3 mil 791 contagios. Sin
embargo, estos números recopilados a partir del monitoreo de medios
locales y nacionales, así como solicitudes de acceso a la información,
continúan siendo mucho más elevados que los reportados por la CNDH, el 2 de marzo, 3 mil 309 contagios y 251 decesos.
La
falta de transparencia del sistema penitenciario, ya sea estatal o
federal, se puede señalar como una razón importante de esta disincronía.
A pesar de las reiteradas demandas de la sociedad civil por esclarecer
las metodologías y mecanismos para evitar contagios dentro de los
centros, especialmente aquellas que pudieran sobrepasar los derechos
humanos de las personas privadas de libertad, no se podría decir que en
11 meses hubo particular atención a estas demandas. Más bien, si ya
existía un blindaje de información en el sistema penitenciario, esto se
agudizó durante la pandemia. Generando violencia al interior, protestas
al exterior, angustia en familiares y, por supuesto, alarma para el
respeto de los derechos humanos en el país, el sistema penitenciario no
ha podido con la magnitud del problema que le aqueja. Por ello, con el
objetivo de contribuir a la visibilización de la urgencia de vacunar a
la población privada de libertad, desde ASILEGAL, incorporaremos un
nuevo indicador al Mapa Penitenciario Covid-19: vacunas aplicadas.
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Las
personas privadas de libertad han adolecido como ningún otro grupo
poblacional los estragos de la pandemia. Se les quitó el trabajo, el
deporte, la salud, el acceso a visitas familiares, visitas íntimas, y el
simple hecho de salir a tomar el sol y, aún así, el esquema de
vacunación mencionado por Hugo López Gatell, el pasado 2 de febrero, solo contempló a las personas mayores de 60. Esto no es suficiente y, a largo plazo, dañino para el resto de la población.
El
contexto de deficiencias de servicios de salud en el 40.44%[2] de todos
los centros penitenciarios del país, así como la sobrepoblación en el
33%[3] de los centros estatales hizo impensable la posibilidad de la
sana distancia desde el inicio. Como consecuencia, el hacinamiento
anteriormente mencionado y la reclusión a celdas de castigo se empezaron
a convertir en normas. Los atropellos a derechos humanos llevaron a la absoluta desesperación de familiares que rogaban por saber el mínimo de información, que las autoridades se
rehusaron a proporcionar. Esto llevó a que, como anunció la CNDH,
se hicieran en este año 1,038 quejas, de las cuales el 51% fueron sobre
el derecho a la salud. Un incremento de 717% a comparación con el 2019,
donde se hicieron 138, pero sorprendentemente ameritó la misma cantidad
de recomendaciones en ambos años: tan solo 13.
Sin
la protección de los organismos fundados y puestos para velar por los
derechos humanos de todo el grueso poblacional o, más bien, con apoyos
que parecieron inconsecuentes e irrelevantes para atacar los efectos de
la pandemia, las personas privadas de libertad se han visto forzadas a
sobrevivir en la pandemia con todos los elementos en su contra. Además,
como ya se dijo anteriormente, de los 4 mil 305 contagios
contabilizados, 3 mil 791 corresponden a personas privadas de libertad,
mientras 514 corresponden a personal de los centros. Esto tiene efectos
profundos en la población general, no solo en lo que respecta al sistema
penitenciario.
Los
centros de reinserción social, estatales, federales y militares, no son
espacios asilados completamente herméticos como lo podría ser un
hospital Covid-19. Las personas, inclusive con rotaciones y medidas de
salubridad relativas, regresan a sus casas, a sus comunidades que pueden
estar en los centros de ciudades, van a hacer compras del supermercado,
tienen familias y el potencial de contagios que pueden propagar por
cumplir sus funciones no pueden ser menospreciadas. Vacunar a las
personas privadas de libertad, así como al personal penitenciario, tiene
una mayor importancia que solamente podría ser comparable con el
personal médico. Las consecuencias de hacer caso omiso, por punitivismo,
estigma y resentimiento social hacia lo que suceda dentro de los
centros penitenciarios, tiene efectos graves en el resto de la
población.
En
el caso, además, de centros que se encuentran alejados de zonas
urbanas, puede ser aún más agudo. En pequeñas poblaciones donde la
economía local recae principalmente en la existencia de dicho centro, la
posibilidad de contagios masivos terminará por decimar a poblaciones
que no tendrían acceso a hospitales preparados para hacer frente a la
crisis. Defender los derechos de las personas privadas de libertad, su
acceso a la salud en el contexto pandémico, significa cuidarnos a todas y
todos.
Tenemos
la responsabilidad social de vacunar a las personas más vulnerables, a
las personas que más han arriesgado y perdido por los efectos de la
pandemia. Entender que las personas privadas de libertad forman parte de
ese grupo es esencial para poder comenzar a reconstruir el país.
El
problema parece ser que las propias autoridades penitenciarias no han
podido abstraer la importancia del papel que tienen para poder cuidar no
solo a la población que atienden, sino a las miles de personas que
convergen a través del sistema penitenciario. Desde ASILEGAL, hace una
semana litigamos el caso de Esthela,
una mujer privada de libertad con condiciones médicas que la convierten
en población altamente vulnerable, por lo que se presentó una petición
administrativa para que pudiera tener acceso a la vacuna antes de que
su vida se ponga aún más en riesgo.
Al
ser presentadas las autoridades penitenciarias con la oportunidad por
pugnar e interesarse por su población, la respuesta ante la petición fue
negativa y defensiva. Argumentaron que en tanto la secretaría de salud
no hizo una referencia específica a la población privada de libertad, no
perciben estar obligados a proporcionar la vacuna. Esto demuestra que
las autoridades no tienen la intención de colaborar y demandar a otros
organismos por la población que es su responsabilidad. Afortunadamente,
el juez resolvió a favor de Esthela y las autoridades penitenciarias se
verán obligadas a exigir a la secretaría de salud que se tome su
población en cuenta, pero al mismo tiempo, queda la duda sobre cuántos
sistemas penitenciarios estatales seguirán la pauta si no son obligadas
por un juez.
El
caso de Esthela, el peligro que corre su vida, se replica en todos los
centros penitenciarios del país. Y debemos no bajar el dedo del renglón:
la responsabilidad social por vacunar a las personas privadas de
libertad, se relaciona íntimamente con lograr darle fin a esta crisis
sanitaria. Debemos vacunar a todas las personas que convergen dentro del
sistema penitenciario urgentemente.
ATENTAMENTE
Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC ASILEGAL
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