- Según la encuesta de Oxford Business Group, los directivos están preocupados por los niveles de corrupción en el país y expresan la necesidad de cambio que exige la sociedad mexicana.
Ciudad de México, 02 de mayo de 2019.- Con
el objetivo de conocer en detalle la opinión de los líderes mexicanos,
Oxford Business Group (OBG) llevó a cabo una encuesta entre directivos
de empresas y organismos públicos de los sectores más importantes de la
economía mexicana, cuyos resultados reflejan que la mayor parte
considera que una mayor transparencia digital de la información pública
(26%), y la educación y fortalecimiento de los códigos éticos
profesionales (25%), serían las medidas más eficaces para abordar la
corrupción en México.
La
encuesta solo permitía elegir una opción y estaba compuesta de varias
opciones ya elaboradas y una opción en la que las personas encuestadas
podían sugerir otra respuesta. Estos resultados, según Eduardo
Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, responden al fenómeno de
deseabilidad social, es decir, los encuestados prefieren responder
dentro de la norma, de lo socialmente aceptable.
En
un segundo bloque, relacionado con el fortalecimiento democrático y el
estado de derecho, cuya consolidación todavía es cuestionada tanto desde
organizaciones civiles como desde el sector privado, las respuestas
reflejan que los CEOs consideran como posibles soluciones al problema la
mayor independencia y potenciación de las instituciones públicas (14%),
más jueces y recursos judiciales contra la corrupción (12%), y la
aplicación estricta de la ley (11%).
En
palabras de Bohórquez, “estas respuestas son las más interesantes, ya
que están basadas menos en valores sociales compartidos –como las
primeras-, y expresan una preocupación manifiesta sobre los niveles de
corrupción en el país y la necesidad de cambio que ha venido exigiendo
la ciudadanía en los últimos años.”
La
quinta respuesta más votada es también sorprendente y muy reveladora
para el director de Transparencia Mexicana, ya que “por un lado,
corrupción, impunidad y estado de derecho van de la mano, y, por otro,
al ser una respuesta que no estaba originalmente entre las opciones,
ejemplifica la mayor conciencia de los mexicanos sobre la corrupción y
un creciente grado de inconformidad con las medidas implementadas en el
país.”
En
este sentido, Eduardo Bohórquez sostiene que para que México comience a
mejorar en su ubicación en el Índice de Percepción de la Corrupción
(IPC), se debería, fundamentalmente, orientar la política anticorrupción
hacia la sanción efectiva, el desmantelamiento de redes de corrupción y
la recuperación de activos.
Para
comprender estos resultados es importante recordar el contexto del
país. En 2018, con el 53% de los votos y el apoyo de una gran masa
social desencantada con la clase política mexicana, Andrés Manuel López
Obrador ganó las elecciones del país. Abordar la corrupción fue bandera
de su campaña, pero también de todos los candidatos en los últimos años,
algo que responde a una demanda ciudadana para que los políticos tomen
las necesarias medidas para acabar con uno de los problemas más
endémicos del país.
Según
el último informe de Transparencia Internacional, México cayó tres
lugares en el IPC 2018, pasando del 135 al 138 de 180 a nivel global y
situándose como el peor calificado entre los miembros de la OCDE. Es
importante tener en cuenta que México es un país en el que seis de cada
diez ciudadanos creen que el gobierno no hace lo necesario para detener
la corrupción; donde hay cuatro jueces por cada 100,000 habitantes,
mientras que la región promedia 8 jueces por cada 100,000 habitantes;
donde solo se invierte 1 punto del producto interior bruto en justicia y
seguridad, cuando en los países de la OCDE se invierten 4 puntos; y en
el que la corrupción tiene un coste económico de 10 puntos del PIB.
La
percepción de que la corrupción tiene efectos multilaterales y está
extendida en todos los ámbitos de la vida pública, política y económica
del país, puede llevar a pensar que las soluciones también tienen que
aplicarse en los diferentes niveles políticos y estratos
socioeconómicos. De hecho, en una reciente entrevista con OBG, César
Emiliano Hernández Ochoa, Comisionado Nacional de la Comisión Nacional
de Mejora Regulatoria (CONAMER) dijo que “la siguiente frontera de la
mejora regulatoria está en los niveles locales de gobierno, a nivel
estatal y nivel local. Allí es donde los empresarios a veces enfrentan
espacios de opacidad, de corrupción, de dificultad para obtener
licencias que pueden ser para la operación de una empresa, para la
construcción de unas instalaciones, para la instalación de
infraestructura que necesitan para desarrollar sus negocios”.
Oxford Business Group (OBG) Group
es una firma internacional de investigación de mercados y consultoría
con presencia en más de 30 países de América, África, Asia y Oriente
Medio. Además de un distinguido proveedor de información local sobre
numerosos mercados emergentes, OBG tiene oficinas en Londres, Berlín,
Dubái y Estambul, y cuenta con una red de oficinas locales en todos los
países en los que opera.
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