* “El
financiamiento de Antorcha es legal y sometido a la fiscalización de las
autoridades desde hace 46 años que nacimos como grupo organizado”: Brasil
Acosta Peña
Toluca, México.- El gobernador de
Puebla, Miguel Barbosa, “se vale de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
para continuar el linchamiento mediático y la persecución política en contra de
integrantes del Movimiento Antorchista, en venganza porque hemos criticado los
pésimos resultados del gobernador morenista de Puebla; es inminente que Morena
pierda las elecciones en esa entidad”, denunció el diputado federal antorchista
Brasil Acosta Peña en videoconferencia conjunta con Juan Celis Aguirre,
dirigente antorchista en esa entidad.
En Puebla, “la
organización ha evidenciado la mala gestión del gobierno, que incluye el
incremento de la pobreza, la violencia e inseguridad y la fallida estrategia en
la atención de la pandemia por el Covid-19 que ha colocado a Puebla dentro de
los estados donde hay más víctimas de la enfermedad. Antorcha no es la única
organización que exige resultados al gobernador, como lo demuestra la bajísima
evaluación de Barbosa entre los poblanos, pero en vez de corregir y resolver
los problemas que cada día se acumulan, el gobernador se ha enfocado a
perseguir políticamente a quienes considera sus enemigos, que incluye a
partidos políticos, universitarios, organizaciones y comunicadores”, denunció
Juan Manuel Celis.
“Estamos ante
una condenable venganza política de un gobernador emanado de Morena, una
persecución absolutamente ilegal contra mexicanos de oposición, a la que no
debe prestarse la Unidad de Inteligencia Financiera o cualquier otra instancia
del gobierno federal”, concluyó Celis Aguirre.
Ayer, la UIF
emitió dos boletines en donde hace alusión a que han sido congeladas las
cuentas de “una organización” que opera en el Estado de México, así como que
“se han congelado las cuentas de sus líderes en el Estado de México y en
Puebla, pero en ninguno de los textos menciona por su nombre a la organización
ni a persona alguna”.
“Los referidos
boletines son una forma de eludir la violación al debido proceso en que
incurriría Santiago Nieto y la UIF, de ventilar oficialmente los datos
personales en los medios de comunicación”, sostuvo el diputado Brasil Acosta
Peña, quien advirtió que esa violación a las leyes entraña un grave peligro
para las libertades de todos los mexicanos.
Sin embargo, es
“evidente la maniobra para filtrar posteriormente esos datos a la prensa y que
los medios escriban el nombre del Movimiento Antorchista y los nombres propios
de algunos integrantes de la organización que no son mencionados en los
boletines de la UIF, lo cual evidentemente representa un linchamiento público y
una violación a nuestros derechos constitucionales, pues no hay de por medio
ninguna prueba de las acusaciones, ni hay un procedimiento legal que nos
involucre. Son acusaciones lanzadas para causarnos el mayor daño moral posible
y desacreditarnos políticamente”, sostuvo.
Dejó en claro
que la actividad financiera del Movimiento Antorchista es legal, pública y
siempre ha estado fiscalizada por las autoridades. “Nuestra independencia
económica no es una vergüenza sino un modelo para hacer política a favor de los
mexicanos más pobres, sin depender del erario”, agregó.
“La UIF y
Barbosa Huerta buscan paralizar la actividad financiera que sostiene las
actividades políticas del Movimiento Antorchista, como es el transporte,
alimentación, vestido y vivienda de sus miles de activistas; se busca acallar y
frenar así a un competidor electoral que es muy crítico de los numerosos
errores de la actual administración y tiene un peso social que es definitivo en
las elecciones en varias entidades del país”, concluyó Juan Celis.
Por su parte,
Brasil Acosta, concluyó que “el objetivo de esta campaña de linchamiento y
represión es confundir a los mexicanos sobre el origen del financiamiento de
nuestra organización para eliminar a un competidor electoral con mucha
presencia entre el pueblo. Nuestra actividad financiera es pública, legal y
sometida a la fiscalización de las autoridades desde hace 46 años que nacimos
como grupo organizado. No hay nada qué ocultar ni perseguir, somos un grupo de
mexicanos que generan recursos para su actividad social y política; no hay nada
ilegal ni inmoral en el trabajo financiero de Antorcha, a menos que los
gobernantes fabriquen delitos como en los peores tiempos políticos de este
país. Llamamos a todos los mexicanos a oponerse a la persecución política que
hoy nos hace víctimas a nosotros, pero mañana puede dirigirse contra cualquier
mexicano, lo que abriría el paso a una dictadura”.
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