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Esta decisión compromete la viabilidad financiera de la CFE y a largo plazo la estabilidad macroeconómica del propio Gobierno Federal.
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El gobierno pretende ganar la adhesión del Sindicato para la consolidación de un monopólio eléctrico estatal.
En
momentos de aguda crisis económica, la CFE ha acordado con el
Sindicato
Único
de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana
reducir la edad y los años de servicio para la jubilación a los
trabajadores sindicalizados, lo que establece un régimen de
privilegio para estos trabajadores respecto a otros, públicos
y privados.
Justo
cuando se están discutiendo los términos de una profunda reforma de
pensiones, en la que las patrones aportan recursos a los trabajadores
y el Gobierno no hace aportación alguna, la CFE acepta modificar el
contrato para establecer una pensión desproporcionada. Con esta
medida el Gobierno establecería de facto una distinción perversa
que dividiría a los trabajadores mexicanos en trabajadores de
primera y de segunda categoría.
Destaca
en el nuevo contrato la reducción en los años de servicio y edad.
Ahora las mujeres podrán jubilarse con 25 años de servicio sin
importar la edad y para los hombres se establece 25 años y 55 años
de edad, o bien 30 años de servicio sin importar la edad.
Con
esta pensión de privilegio, el Gobierno intenta congraciarse con los
trabajadores eléctricos en una clara acción política con fines
electorales, sin importarle garantizar justicia pensionaria a los
miles de mexicanos de a pie que se jubilan al llegar a sus 65 años.
Se
trata de una medida que nos regresa a los tiempos de las pensiones de
privilegio. Los pensionados de la CFE actualmente cuentan con mejores
condiciones que la gran mayoría de los pensionados de nuestro país.
Un pensionado promedio de CFE recibe una pensión 8 veces mayor que
un trabajador promedio del IMSS. El
Gobierno gasta 4.8 veces más en un pensionado de la CFE que en uno
del ISSSTE. Un pensionado promedio de la CFE recibe 803 mil pesos al
año, mientras que los beneficiarios del Programa de Pensión a
Adultos Mayores reciben una pensión anual de 15 mil pesos.
Esta
reforma pensionaria en el sindicato de la CFE obliga al Gobierno a
adquirir deuda pública, a lo que tanto se ha negado, comprometiendo
con ello la viabilidad financiera de la CFE a largo plazo y aún más,
la estabilidad financiera del propio Gobierno Federal.
El
Gobierno --que negó apoyos para evitar la pérdida de empleos y el
deterioro del ingreso de las familias mexicanas ante la crisis
sanitaria y económica provocada por el Covid--, está adquiriendo
deuda para cumplir sus compromisos políticos.
Desde
el comienzo de la presente administración es clara la determinación
de volver a los tiempos de los monopolios energéticos. Para lograr
la aquiescencia de los trabajadores con esta medida, la CFE otorga a
sus trabajadores prestaciones desmedidas.
De
acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, esta
decisión podría tener um impacto de alrededor del 1% del PIB a la
hacienda pública. Este costo es equivalente al costo total de los
#RemediosSolidarios que propuso la Coparmex desde abril, que de
haberse implantado habría evitado la pérdida de un millón de
empleos formales y hoy nos permitiria avanzar en mejores condiciones
hacia la recuperación económica.
El
acuerdo con el Sindicato compromete las finanzas de la CFE, lo que
redundará en el encarecimiento del suministro eléctrico. Esta
decisión representa un fuerte agravio a la hacienda pública
mientras que atravesamos la peor crisis económica de la historia.
En
medio de la crisis de salud, económica y de confianza que vive
nuestro país, el Gobierno ha decidido apoyar a la CFE y bloquear a
la iniciativa privada en la producción de energía limpia- Ha
instaurado un cuasi monopolio eléctrico estatal lo cual se
traducirá, en los hechos, en el encarecimiento del suministro
eléctrico que afectará directamente al bolsillo de los mexicanos.
Exigimos
una explicación por parte del Secretario de Hacienda para saber de
dónde van a salir los recursos para hacer frente a este pasivo.
Hacemos un llamado al Congreso para que emita una postura al
respecto.
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