Aquiles
Córdova Morán
La
persecución política en México, haciendo un uso pervertido y
faccioso de la ley, se está volviendo una práctica de gobierno cada
vez más extendida y desembozada. Todos los ciudadanos mexicanos no
afectos a la 4ª T o, peor aún, opositores declarados de la misma,
estamos en un peligro inminente de ir a parar con nuestros huesos a
una mazmorra, acusados de delitos prefabricados y graves que ameriten
muchos años de cárcel.
Los
diputados morenistas al Congreso de la Unión, cuyo sometimiento
irrestricto a la voluntad del Ejecutivo es algo que ellos mismos
pregonan a voz en cuello como timbre de orgullo, han aprobado leyes
que, como señalé en mi artículo anterior, contradicen abiertamente
la Constitución General de la República y son claramente
violatorias de varios derechos fundamentales de los ciudadanos. La
cosa es tan seria que, según algunos medios y articulistas de
reconocida solvencia moral e intelectual, esas leyes han dado lugar a
varias controversias constitucionales, acciones de
inconstitucionalidad y miles de amparos interpuestos por ciudadanos
que se sienten vulnerados en sus derechos. Esos recursos están en
poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá
decir la última palabra al respecto.
Sin
embargo, quienes tenemos conciencia del peligro, no debemos sentarnos
a esperar simplemente. Creo que es momento ya de unificar a todos los
perjudicados, ofendidos y atropellados por el autoritarismo y las
políticas desacertadas de la 4ª T, para iniciar una lucha conjunta
en defensa de la ley y del Estado
de derecho
y para demandar, además, acciones eficaces contra las tres grandes
plagas del momento: el desastre económico, el descontrol absoluto de
la pandemia y la inseguridad rampante que amenaza la vida y la
seguridad de todos.
Es
urgente denunciar la manipulación que se esconde tras el supuesto
combate a la corrupción; explicarle al pueblo cómo, detrás de esta
bandera legítima, se oculta una auténtica cacería de brujas en
contra de los opositores más representativos del régimen actual; en
contra de aquellos de los que recela una competencia real y peligrosa
para su propósito de retener todo el poder en las elecciones del
2021. Hacerle notar qué significa haber llegado al grado de que,
para conseguir la imputación directa a las cabezas que realmente
interesan a la 4ª T, estemos recurriendo a la nefasta práctica de
la justicia yanqui del “testigo protegido” y del “testigo
colaborador”, que no son más que eufemismos para no llamarlos
testigos
de paga, testigos comprados que,
naturalmente, pueden servir para cualquier cosa, menos para dar
certeza jurídica a un acusado. Alguien con la soga al cuello es
capaz de inculpar al Santo Papa, si se le garantiza con ello su
propio pellejo.
Juntémonos
todas las víctimas de la 4ª T, las reales y las potenciales;
hagamos de los miles de arroyos aislados un solo y poderoso torrente
que se haga escuchar por el país entero. Convoquemos, por ejemplo, a
todos los que se quedaron sin apoyo con la desaparición de
“Prospera”, “Progresa” y programas similares; a los que se
quedaron sin el seguro popular, es decir, sin ningún apoyo médico;
a quienes perdieron las guarderías infantiles y los comedores
comunitarios; a los pueblos y comunidades sin obra pública; a los
ayuntamientos sin participaciones; a los campesinos que dejaron de
recibir fertilizante subsidiado; a las mujeres víctimas de violencia
familiar que perdieron los albergues; a las feministas; a los padres
y madres de niños con cáncer; a los diabéticos que perdieron de
pronto medicina y diálisis gratuitas; a los infectados con VIH que
carecen de retrovirales; a médicos, médicas y trabajadores de la
salud en general, sin protección adecuada y sin recursos para curar
a los enfermos graves de Covid-19.
Suma
y sigue: a quienes perdieron el empleo y todo o una parte
significativa de su ingreso; a las micro, medianas y pequeñas
empresas que están cerrando por falta de apoyo gubernamental; a
quienes se sienten amenazados por la ley de extinción de dominio; a
los empresarios amenazados de ser tratados como miembros del crimen
organizado por un error en la tributación; a quienes ya se ven tras
las rejas por el abuso de la prisión preventiva oficiosa; a los
maestros y maestras sin plaza y con legítimo derecho a ella, a los
abogados amenazados y perseguidos por ejercer su oficio en defensa de
“enemigos” del gobierno; a quienes se les ha obligado a ganar
menos que el presidente o a quienes han sufrido severos recortes a su
salario; a quienes buscan en vano justicia y protección contra el
crimen organizado; a los obreros que reclaman mejores salarios,
prestaciones y verdadera libertad sindical, y no solo cambio del
charro en turno. Y agréguele usted los que tenga en mente.
Especial
importancia merecen los medios y los periodistas injuriados y
amenazados por sus críticas a la 4ª T. También a ellos los debemos
convocar a la unidad nacional por la justicia y la ley. Ellos saben
mejor cuánto se está agudizando y poniendo en evidencia la
represión y la persecución política ante la proximidad de las
elecciones de 2021; saben que los morenistas tienen miedo de perder
el poder por culpa de sus terribles errores, y por eso están echando
mano de todo tipo de distractores y del terrorismo político para
distraer la atención del público. Circo en abundancia, pero en
lugar de pan, garrote vil. Hay que golpear con mano firme a los
“enemigos” para someterlos o refundirlos en la cárcel de una vez
por todas.
El
pretexto del combate a la corrupción es muy eficaz y difícil de
desenmascarar. Es eficaz porque el pueblo odia la corrupción y
aplaude el castigo severo a los corruptos; y es difícil de
desenmascarar porque nadie defiende a un acusado de corrupción,
aunque lo sepa inocente, por temor a que lo acusen de cómplice. Así,
todos contribuimos con nuestro silencio al éxito de la maniobra
oficial. Y esto es particularmente relevante en el caso de los
medios. Me llama la atención la facilidad con que caen en
contradicciones obvias de las que parecen no darse cuenta. Por
ejemplo, son ellos los que denuncian el carácter ilegal de las
llamadas “filtraciones” porque, dicen, viola la secrecía de la
investigación y lesiona gravemente el derecho al debido proceso. La
filtración incita intencionalmente el linchamiento público del
acusado para condenarlo antes
que
la ley, e impide a los jueces, por eso, dictar libremente la
sentencia que a su juicio corresponda. Resulta difícil y peligroso,
en tiempos de dictadura, contradecir el veredicto popular.
Todo
esto es absolutamente cierto, y por eso sorprende más que sean esos
mismos medios los que se apresuren a recoger y a difundir
diligentemente la filtración, que saben que es siempre ilegal aunque
sea cierta. ¿Tanta es la ambición por ganar la primicia o las ocho
columnas? ¿No sería esperable, por elemental sindéresis, que él o
los medios que reciben la filtración se negaran a publicarla en
tanto no dé la cara el responsable de la misma?
La
segunda contradicción que registro es que, estando claros los medios
y los buenos periodistas del terrible e irreparable daño (moral,
material y social) que causa el linchamiento mediático, no se den
cuenta (o finjan no darse cuenta) de que son ellos los que, al
difundir alegremente las filtraciones, ponen en manos del público,
ávido de castigo a los perpetradores de delitos particularmente
odiosos, las armas indispensables para el linchamiento moral del
imputado. Parecen rechazar simplemente su responsabilidad; pero ese
rechazo no es suficiente para librarlos de culpa.
La
tercera contradicción es la afición casi deportiva de muchos
columnistas a completar con sus propias acusaciones las contenidas en
la filtración; es decir, su gusto por reforzarla sumándole sus
propias aportaciones y sellar con ello la suerte del acusado. Y lo
más sorprendente es que ellos tampoco aportan pruebas fehacientes
(salvo casos raros en que citan documentos o fuentes verificables) de
sus dichos. En no pocas ocasiones, además, son los mismos medios y
columnistas los que se responsabilizan de la acusación. Con igual
frescura e insensibilidad que el gobierno, se arrogan el papel de
fiscal, juez y verdugo con el único respaldo de una “fuente de muy
alto nivel”, “personas muy cercanas” a tal o cual funcionario
o testigos confiables “que pidieron el anonimato”. Eso, como lo
entiende cualquiera, no demuestra absolutamente nada.
La
cuarta y última contradicción es la dureza, la frialdad y la total
falta de humanismo que muestran medios y periodistas ante el trato
brutal a un acusado. No parecen conmoverse por nada; no parecen
preocuparse porque un “delincuente”, un ser humano al fin y al
cabo, sea maltratado como una bestia inmunda. Los periodistas parecen
incapaces de meterse, siquiera por un segundo, en el pellejo de la
víctima, o de imaginar que algún día ellos mismos pueden hallarse
en una situación parecida. Una deshumanización que procede del
sentimiento de invulnerabilidad que les garantizan los poderes
públicos para tenerlos de su lado. De ahí su debilidad para ejercer
la crítica profunda y consecuente del régimen establecido.
Medios
y periodistas actúan como modernas Penélopes: en un día destejen
lo que han tejido antes con trabajo y esfuerzo. Su correcta y puntual
denuncia de los vicios y los abusos de poder queda anulada con la
difusión que hacen de las filtraciones ilegales; con las acusaciones
sin pruebas que añaden a las del gobierno; y cuando se ponen a
gritar a coro con el público asistente al circo: “¡sangre,
queremos sangre!” de condenados. Y yo me pregunto: ¿qué pasaría
si lográsemos unirnos todos los hombres y mujeres buenos de este
país con los medios y periodistas más poderosos e influyentes en
defensa de la ley, el derecho y la justicia? ¿Qué maravilla de país
seríamos capaces de construir entre todos? ¿Un sueño de tontos?
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