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El Gobierno Federal debe lograr que los empresarios tengan confianza en que en México
se puede
invertir con seguridad
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Llevar al plano político si continúa o se cancela una inversión privada, es un acto irracional
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) nos preocupa la falta
de certidumbre jurídica que está provocando el presente Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, al cancelar inversiones millonarias mediante mecanismos de consulta ciudadana.
En noviembre de 2018, todavía en su calidad de presidente electo, López Obrador canceló
-validando su
decisión por medio de una consulta-, una obra en marcha, una inversión pública de gran
magnitud como lo
era el aeropuerto de Texcoco. Después, en marzo del 2019, con base en otra consulta, canceló
la inversión privada de la planta de Constellation Brands en Mexicali, de mil 400 millones de dólares.
Un nuevo caso es el de la planta de producción de amoniaco, que construiría la empresa
Gas y Petroquímica
de Occidente (GPO), en Topolobampo, Ahome, Sinaloa, que tendría una inversión total de
5 mil millones de dólares y permitiría producir hasta 800 mil toneladas anuales de NH3.
El objetivo de dicha planta es disminuir los precios de este fertilizante, el cual es
un insumo indispensable
para el campo. También generaría un beneficio económico a la entidad, al generar 2 mil
empleos temporales
y 300 permanentes en la comunidad de Topolobampo, además de que será un detonador en la
generación
de trabajos indirectos.
En la COPARMEX consideremos que no se debe someter una consulta una obra que está en proceso,
ya que
sería un ejercicio inconstitucional, y el titular del Poder Ejecutivo Federal debería
ser el primero en respetar
la ley.
Además, el Artículo 35, Fracción VIII, Numeral 3 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que no podrán ser objeto de consulta popular las obras de infraestructura en ejecución.
Por otra parte, el argumento presidencial de la falta sustentabilidad de la planta, es
falso, ya que el proyecto
fue aprobado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), del propio Gobierno Federal.
Asimismo,
la tecnología y autorizaciones de la planta fueron avaladas por el
prestigioso
Centro Mario Molina, del Premio Nobel de Química. También cuenta con el
visto bueno del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación
(INAPI) y del Grupo Interinstitucional de Asesoría Técnica (GIAT).
Además, cumple con requisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), y
del Banco Mundial, en materia social y de medio ambiente. También es auditado de forma
continua por entidades independientes por motivos de financiamiento.
Aunado
a ella, la planta está localizada en una zona industrial, ya impactada
por infraestructura
de las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y de la Administración Portuaria Integral
(API) de Topolobampo.
Además, la empresa que construirá la planta anunció la implementación de 12 programas
sociales en
beneficio directo de la comunidad, entre estos: un laboratorio de larva de camarón; una
comercializadora
de camarón (para disminuir el coyotaje en detrimento del pescador); el saneamiento de
la Bahía de Ohuira y
del Maviri.
Asimismo, brindará asesoría legal y administrativa a cooperativas y pescadores independientes.
También mejorará la infraestructura urbana, escolar y deportiva de la comunidad; realizará brigadas médicas;
otorgará becas escolares; y establecerá un programa de rescate de lenguas y tradiciones
indígenas.
Uno de los principales retos que enfrenta México es el de atraer mayores inversiones,
lograr que los
empresarios tengan confianza en que en nuestro país se puede invertir con seguridad, por
lo que cancelar proyectos de gran envergadura provocará que la recuperación económica sea más lenta y dura para miles
de familias mexicanas.
Existen en curso algunos litigios referentes a los potenciales riesgos de la instalación
de la planta en Topolobampo. La cuestión debe decidirse con criterios técnicos en los tribunales, con base en la ley aplicable
al caso. La política no debe tener interferencia en el ejercicio de actividades lícitas.
En la COPARMEX consideramos que al Gobierno Federal le corresponde brindar certidumbre
y brindar
confianza
a los inversionistas. Si hay un acto ilegal, si existe un permiso que
se haya
otorgado de manera inadecuada, la vía correcta para que se revise es a
través de las facultades de las propias autoridades, no por medio de una
consulta popular.
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