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El martes 30 de mayo los pobladores de Totolapan emprenderán una caminata desde
la ciudad de Cuernavaca, Morelos, hacia la Secretaría de Gobernación.
Ciudad
de México.- Cinco heridos de gravedad y cuatro detenidos, vecinos del poblado
morelense de Totolapan (Guillermo Vázquez Herrera, Celso Martínez Juárez,
Rodrigo Mejía Fuentes y Yutzel Copia Velázquez) y varios vehículos siniestrados
fue el saldo de la agresión que el pasado viernes por la noche sufrieron cerca
de mil 500 habitantes de Totolapan a manos de 400 policías del Mando Único,
quienes con gas lacrimógeno, primero, y luego con brutales macanazos, los
desalojaron de la plaza municipal en donde protestaban por la necedad de la
presidenta municipal, María de Jesús Vital Díaz, de imponer la construcción de
un mercado en una zona en que los totolapenses aseguran hay vestigios
arqueológicos.
Alrededor
de las 10:00 de la mañana del pasado viernes, los elementos del Mando Único se
apostaron en Totolapan para evitar que los lugareños protestaran por el inicio de
la construcción del mercado en un terreno donde el Instituto de Geofísica de la
UNAM realizó un estudio –emitido en marzo pasado y solicitado por alcaldesa y
pobladores- en el que certifica que hay dos cavidades que pudieron haber sido
hechas por la mano del hombre (túneles) o bien por la naturaleza, por lo que
recomienda “programar un pozo exploratorio de comprobación en el centro del
área donde se realizó el estudio TRE-3-D con el objeto de definir la anomalía
resistiva detectada”.
Ante eso, los pobladores solicitaron
que la alcaldesa diera cumplimiento a la recomendación emitida, es decir, que
abriera el terreno para ver si hay túneles o no, en el entendido que, de
encontrarlos, se construirá un museo y de no haberlos, se comprometieron a
aceptar la construcción del mercado; no obstante, por sus intereses económicos
y por soberbia y sordera políticas, Vital Díaz no sólo no hizo el pozo
exploratorio que recomiendan los peritos de la UNAM, y que hubiera aclarado
definitivamente el diferendo, sino que con el apoyo de Graco Ramírez pretendió
iniciar las obras mediante un despliegue aparatoso de máquinas y cientos de
policías, en una abierta provocación a la voluntad del 95 por ciento de la
población, que rechaza esa destrucción de sus vestigios históricos.
La Dirección Nacional del Movimiento
Antorchista niega rotundamente las acusaciones tanto de Graco Ramírez –a través
del secretario de Gobierno, Matías Quiroz- como de la alcaldesa Vital Díaz,
también perredista, acerca de que el viernes por la noche militantes de nuestra
organización provenientes de Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco estaban
presentes en Totolapan. También es mentira que los responsables de los hechos
violentos sean la dirigente estatal
Soledad Solís Córdova quien no estuvo presente en el lugar, o Indalecio Mejía, quien, junto con el párroco
de la iglesia del lugar, trató de hacer entrar en razón a la alcaldesa para que
retirara al Mando Único del lugar y no se llegara a ningún hecho violento, como
ocurrió por su soberbia y terquedad.
Haciendo
gala de abuso de poder y prepotencia, el gobernador Graco Ramírez, la alcaldesa
María de Jesús Vital Díaz y el Mando Único morelense, son los únicos
responsables de la violencia en Totolapan, dado que fueron ellos quienes
iniciaron la represión al lanzar gas lacrimógeno y macanear a los cerca de mil
500 lugareños que ahí se encontraban.
La
prepotencia, soberbia y necedad de la alcaldesa de Totolapan para no escuchar a
sus gobernados y optar por la represión para que acepten lo que ella dice,
quedó demostrado por primera vez el pasado mes de octubre cuando ordenó golpear
a los inconformes con la construcción de dicho mercado, agresión de la que
resultaron 11 heridos. La intolerante actitud de la alcaldesa que ha generado
animadversión entre los pobladores, está respaldada por el gobernador
perredista de Morelos, Graco Ramírez, quien desde hace más de un año ha
mostrado una actitud cerrada, golpeadora y represora en contra de los
habitantes de pueblos y colonias organizados en el Movimiento Antorchista de
Morelos. Dicho gobierno perredista, a decir de los morelenses, se ha convertido
en el más oscuro y retrógrada que ha tenido el estado en su historia política
reciente; así lo prueban las constantes represiones a organizaciones sociales y
grupos no afines al gobierno graquista, que son muchos y de diferentes sectores
de la sociedad, a quienes –al igual que a Antorcha- también se les han
vulnerado sus derechos humanos de organización y manifestación; de atención a
sus legítimas demandas y se les ha perseguido y criminalizado para acallarlos,
con el fin perverso de anularlos políticamente y tener control total del
estado, por la vía de la fuerza bruta, lo que ha conducido a un estado de
ingobernabilidad, por lo que solicitamos a las autoridades correspondientes
investiguen la administración del perredista y tomen las medidas consecuentes
para restablecer el Estado de Derecho en Morelos.
En varias ocasiones, el Movimiento
Antorchista Nacional ha solicitado la intervención de la autoridad federal para
frenar el abuso de poder de Graco Ramírez, quien lejos de dar solución a
peticiones de obras y servicios realizadas por morelenses humildes, pretende
acabar con el antorchismo morelense aplicando una política liquidacionista,
como se rumora en corrillos periodísticos e instancias de gobierno. La
integridad física de nuestros compañeros de Morelos está en riesgo, por lo que
solicitamos al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al titular de
la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, den garantías de
protección y seguridad para los líderes, militantes y simpatizantes
antorchistas, así como para los pobladores de Totolapan, quienes lo único que
buscan es que no se destruyan sus tradiciones y cultura.
Asimismo,
dejamos claro que ni el antorchismo morelense ni el nacional se amedrenta por
la amenaza lanzada por el secretario de Gobierno perredista -en rueda de prensa
realizada el sábado 27 por la mañana-, en el sentido de que el gobierno de
Morelos “no tolerará que nadie, bajo el amparo de liderazgos o cargos públicos,
rompa el orden social y jurídico…”. La amenaza va directamente contra líderes
antorchistas nacionales, diputados federales solidarios y la líder social
morelense, Soledad Solís Córdova, a quien los perredistas buscan con todo afán
cuadrarle delitos que de ninguna manera ha cometido. A lo largo de sus 43 años
de existencia, Antorcha se ha conducido dentro del marco del derecho y su lucha
ha sido pacífica. Condenamos los actos violentos y represivos de cualquier
índole, por lo que seguiremos al lado del pueblo humilde de Totolapan.
En virtud de que el diálogo y la
negociación están cerrados en el estado de Morelos, el martes 30 de mayo los
pobladores de Totolapan emprenderán una caminata desde la ciudad de Cuernavaca,
Morelos, hacia la Secretaría de Gobernación, en donde esperan ser atendidos por
su titular. Dado que el antorchismo nacional tiene amargas experiencias con
gobernantes intolerantes que aprovechan este tipo de manifestaciones de
protesta para agredir a los inconformes y luego hacer pasar esos eventos como
simples accidentes, responsabilizamos al perredista Graco Ramírez Abreu de la
integridad física de todos los participantes en esta caminata de protesta,
desde su arranque hasta su conclusión.
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