| Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2021
Representantes de las instituciones particulares de
educación solicitan a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
(CONAMER), que en virtud de las justificadas objeciones
señaladas a lo largo de los tres meses anteriores, anule la
posibilidad de publicación del proyecto de Norma 237 debido
al vicio de origen contenido en su estructura, porque equipara
al servicio educativo con un acto de comercio, poniendo en
entredicho su esencia como servicio público, lo que implicará
altos costos no sólo a los colegios, sino a una parte de la
sociedad que deberá asumir incrementos en las colegiaturas
para obtener una educación de calidad.
La Alianza de
Colegios Multiculturales de México (ACOMM), Alianza para la
Educación Superior (ALPES), Asociación Nacional de Escuelas
Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI),
Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP),
Federación de Escuelas Particulares del Estado de México (FEPEM)
y Educación con Rumbo (ECR), expresaron al comisionado
presidente de la CONAMER, Alberto Montoya Martín del Campo, su
compromiso a favor de que en nuestro país existan cada día
mejores rutas para impulsar aún más la mejoría de la
educación, hacia un nivel de avance desde el cual se estimulen
todos los sectores para una mejor calidad de vida de las
personas.
Sin embargo, insistieron en que definir a las
escuelas particulares como establecimientos mercantiles
en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la
Secretaría de Economía (CCONNSE), donde se gestó el proyecto de
norma, cuando en el artículo 75 del Código de Comercio
no contempla a los servicios educativos como un acto de
comercio, “no sólo muestra la inexistencia de materia para
generar una norma de tal envergadura, sino también pasa por alto
que en los servicios educativos no existe especulación
comercial, tampoco impera la intermediación y mucho menos son
actos masivos”.
Incluso, Ludwig Johannsen de la Alianza de
Colegios Multiculturales de México (ACOMM), quien dio lectura
al comunicado, agregó que “el artículo 146 de la Ley General de
Educación, así como en el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de
Educación Pública definen al servicio educativo como un
servicio público”, por lo cual el proyecto de NOM 237 queda sin
materia para convertirse en una regulación más de las muchas
que ya tiene el sector educativo.
Los representantes
de los colegios particulares solicitaron al comisionado
presidente de CONAMER, Alberto Montoya Martín del Campo,
observar en el periodo de análisis del proyecto de NOM 237 que
termina el 15 de noviembre, que los servicios educativos ya
están regulados por la Ley General de Educación (LGE) y su
funcionamiento es atendido por el sector que corresponde en
el Ejecutivo Federal o Estatal, que son las secretarías de
Educación o instancias que cumplen con esa función.
La injerencia que pretende establecer la Secretaría de
Economía es inapropiada e invade la función regulatoria de la
Secretaria de Educación, amén de que el proyecto de NOM 237
propuesto desde la Secretaría de Economía es sobre
regulatorio, añadió el director ejecutivo de ACOMM.
Norma
Leticia León Montelongo, de la FEPEM y María del Pilar Martínez
Aragón de la ANEPPI, agregaron que con el cierre de cerca
de 18 mil escuelas, se quedarían sin trabajo más de 630 mil
prestadores de los servicios educativos; a esto se sumarían el
incremento en las tarifas escolares para que los colegios
puedan cubrir los gastos de la certificación y los demás
trámites ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
Alejandra
Carmona, consejera de Educación con Rumbo, recordó que
en el proyecto NOM 237 no existe la mínima evidencia de cumplir
con los principios de Mejora Regulatoria y, por el contrario,
implicará mayor regulación y inconmensurables costos
económicos y sociales, y más que beneficios, acarreará graves
perjuicios para la sociedad, los colegios y sus comunidades,
porque muchos deberán cerrar sus puertas al quedar
imposibilitados de pagar los costos de las certificaciones que
tendrán.
Los representantes de las escuelas particulares
realizaron un llamada no sólo a las escuelas, sino
también a las organizaciones de padres de familia y ciudadanos
en general a participar con sus comentarios al proyecto de NORMA
237 que se encuentra en CONAMER, para evitar un golpe a la
educación de calidad que se imparte en los colegios
particulares.
“La diferencia entre sociedades civiles y
mercantiles radica en que éstas últimas lo hacen a través de la
realización de actos de comercio —especulación
comercial—, mientras que las civiles lo hacemos a partir de la
ejecución de actividades que no estén relacionadas con el
comercio, como los servicios profesionales o la propia
prestación de servicios educativos”, señalaron.
Por
lo que pidieron a la CONAMER que una vez cumplido el plazo de
análisis el próximo día 15 y en virtud de las justificadas
objeciones, anule la posibilidad de que el proyecto de norma
237 sea publicado por ser dañino para la sociedad mexicana
en su conjunto.
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