La agenda de derechos en Ginebra

Organizaciones mexicanas y personas defensoras de derechos humanos visibilizaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la grave crisis de impunidad que se vive en México a partir de la militarización de la seguridad pública, la situación de los derechos humanos y el desplazamiento interno forzado.

 

La semana pasada la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos a través de la participación oral ante el Consejo de Derechos Humanos y más de tres eventos paralelos visibilizó, junto a otras organizaciones mexicanas y personas defensoras de derechos humanos, las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en México. Todo esto durante el 38 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante nuestra intervención oral ante el Consejo de Derechos Humanos agradecimos el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado en México, quienes han permitido seguir visibilizando los abusos y crímenes atroces que se comenten en México.
Los tres eventos paralelos que organizamos versaron sobre la grave crisis de impunidad que se vive en México, dentro de estos eventos destacamos: 1) La militarización de la seguridad pública en México y Brasil, posteriormente 2) La situación de los Derechos Humanos en México: Camino al Examen Periódico Universal (EPU) y finalizamos con el evento de 3) Huyendo de la violencia: desplazamiento interno forzado en México.
En el evento sobre la militarización de la seguridad pública en México y Brasil compartimos nuestras visiones junto a Conectas Brasil sobre el incremento de violaciones graves a los derechos humanos en ambos países y como esta no es una forma de combatir la impunidad. Durante este evento tuvimos la oportunidad de compartir con Clément Nyaletsossi, el Relator Especial sobre el derecho a la protesta pacífica y asociación, quién participó como ponente.
Desde 2006, la política de seguridad en México ha consistido en el despliegue de miles de oficiales militares y de la marina para realizar labores de seguridad pública y utilizar a las fuerzas militares para combatir a las organizaciones criminales. Esta política al contrario de tener un marco legal que limitara las atribuciones de los militares ha permitido la comisión de crímenes de lesa humanidad tales como tortura, desaparición forzada, y ejecuciones a manos de militares. De forma reciente fue publicada la Ley de Seguridad Interior, una ley que legaliza las actuaciones de las fuerzas militares en labores de seguridad pública; va en contra de la constitución mexicana, el derecho internacional así como de recomendaciones internacionales y nacionales que han llamado a no aprobarla.
La Ley otorga atribuciones a militares, que constitucionalmente son de competencia civil, y también autoriza a los militares a actuar de forma independiente sin control civil. Por eso desde la CMDPDH y otras organizaciones de sociedad civil hemos solicitado a nivel nacional e internacional la abrogación de esta ley.
Por otro lado, junto a otras organizaciones mexicanas se llevó a cabo el evento de la Situación de los Derechos Humanos en México: Camino al EPU. Este evento tuvo la participación de Araceli Rodriguez, defensora de los derechos humanos de las personas víctimas de desaparición forzada y madre de Luis Ángel León Rodríguez, Policía Federal que desapareció el 16 de noviembre de 2009 en Michoacán. Durante el evento conversamos sobre la crisis de impunidad, corrupción y violencia que afecta México. Especialmente de cara al segundo ciclo del EPU, donde varias organizaciones hemos identificado que a pesar de las recientes leyes aprobadas en temas de tortura y desaparición forzada hay deficiencias en la implementación de las normas, lo que ha impedido un cambios para las víctimas y la sociedad mexicana.
Hicimos énfasis en la implementación de un Mecanismo Internacional para Combatir la Impunidad que funcione mediante la cooperación internacional junto a la ONU, este mecanismo fortalecerá las capacidades de las fiscalías en la investigación de delitos como tortura, desapariciones forzadas y homicidios dolosos y construirá capacidad técnica para realizar ese tipo de investigaciones.
El último evento, visibilizamos la situación de desplazamiento interno forzado en México. En este evento contamos con la participación de Cecilia Jimenez, la Relatora Especial sobre los derechos de las víctimas de desplazamiento interno forzado, a la cual invitamos a México para trabajar de forma conjunta en elaborar estrategias bajo estándares internacionales para resolver esta preocupante situación. También en este evento contamos con la participación de Paula Ponce, defensora y víctima de desplazamiento interno forzado. Paola junto a más de 60 personas de su familia se vieron obligadas a huir del municipio de Saucillo en el estado de Chihuahua, abandonándolo todo para salvaguardar su vida.
Cientos de miles de mexicanos y mexicanos se han visto obligadas a abandonar sus hogares, en México se calcula que alrededor de 329,9171 personas han sido víctimas de desplazamiento interno forzado hasta 2017. Las mujeres en un 60%, los niños y las niñas en un 40% y las personas indígenas en un 36% son los más afectados por este fenómeno. Este panorama no es alentador, pero se vuelve aún más preocupante ya que el gobierno mexicano ha sido renuente a aceptar la escala de este fenómeno, así como de realizar políticas públicas para atender a las víctimas del desplazamiento interno forzado. El Estado debe comenzar por realizar un análisis integral de este fenómeno y adoptar una legislación federal que reconozca el desplazamiento interno forzado como fenómeno en México.
Para solucionar los graves problemas de impunidad que se viven en México se necesita asistencia técnica por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para una nueva Fiscalía General de la República: autónoma, independiente e imparcial, así como un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, con acompañamiento internacional que nos ayude a revertir la alarmante crisis institucional y de derechos humanos en el país.