Las personas y organizaciones firmantes manifestamos nuestro apoyo al proceso de
pacificación anunciado por su equipo de transición y hacemos público nuestro respaldo a la
propuesta de despenalizar las drogas.
México no ha contado con una política de drogas orientada a la protección de sus
ciudadanos desde que Lázaro Cárdenas del Río intentara en 1940 un breve –pero exitoso-
ensayo de descriminalización que se vio truncado por presiones internacionales. Desde
entonces, nuestra política de drogas se ha reducido a satisfacer la exigencia extranjera de
mantener una prohibición absoluta que privilegia la represión y desatiende las necesidades
de prevención y tratamiento de nuestra población.
Hace 12 años el prohibicionismo fue llevado a su extremo, cuando en una decisión errada
el presidente Felipe Calderón decidió militarizar aún más los esfuerzos anti-narcóticos e
iniciar una “guerra contra las drogas”. Pese a lo evidente de su fracaso y lo innegable de sus
costos, la decisión no se sometió a revisión durante la siguiente administración y, en su
lugar, el gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió ignorar la crisis y perpetuarla, negándose
a iniciar la reforma y optando por consolidar la militarización.
Hoy vivimos momentos históricos que deben aprovecharse. La elección del 1 de julio fue un
contundente mandato a favor de la construcción de la paz y en contra de la guerra. En
congruencia con ese mandato, figuras de su equipo de transición, como los senadores
electos Olga Sánchez-Cordero y Alfonso Durazo, han anunciado su compromiso con un
proceso de pacificación que incluye la justicia transicional, la desmilitarización de la
seguridad pública y, como condición previa e indispensable, la regulación de las drogas. Los
firmantes apoyamos este posicionamiento.
A diferencia de hace doce años, México cuenta hoy con una población lista para construir
otros caminos. Existe una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que –desde la academia,
la sociedad civil organizada y el periodismo- estamos proponiendo políticas de drogas
alternativas. Incluso nuestra judicatura ha reaccionado en forma contundente, declarando
en reiteradas ocasiones que la prohibición vulnera derechos humanos consagrados en
nuestra Constitución. De ahí que estamos convencidos que la discusión no consiste en
preguntarnos si debemos o no regular las drogas, sino en cómo hacerlo.
Sabemos que existen serios obstáculos que habremos de sortear. Desde el extranjero,
habrá quienes nos exijan continuar la guerra a la vez que avanzan en sus propios procesos
de regulación. Desde el interior, habrá también quien busque defender los intereses de la
fallida estrategia o quienes, de buena fe, tardarán en aceptar la evidencia cada día máscontundente de su fracaso. Sin embargo, nadie se opondrá realmente al proceso de
pacificación del país, aunque éste resulte complejo y doloroso. Regular las drogas no es –
por sí sola- una medida suficiente para acabar con la guerra, pero los firmantes estamos
convencidos de que es una medida necesaria para lograr la paz.
La guerra contra las drogas fracasó. #TocaRegular #RegulaciónPorLaPaz
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