El
Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación
pública, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10
de la Declaración de Río de 1992), adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4
de marzo pasado, fortalece la democracia ambiental y representa un paso
crucial hacia la construcción de sociedades con un crecimiento económico
basado en el desarrollo sostenible y la igualdad, resaltaron hoy Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), y Olga Algayerova, Secretaria Ejecutiva de
la Comisión Económica para Europa (CEPE), durante una reunión realizada
en el marco del Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en
inglés), que se lleva a cabo esta semana y la próxima en Nueva York.
Bárcena fue la oradora principal del
evento paralelo al HLPF “Democracia ambiental para sociedades sostenibles”,
organizado por la CEPAL en colaboración con la Comisión Económica para
Europa (CEPE) y los gobiernos de Chile, Costa Rica, Francia, Italia, ONU
Medio Ambiente y la Iniciativa de Acceso, en el cual autoridades y
expertos internacionales intercambiaron experiencias sobre cómo la
comunidad global está actuando proactiva y colaborativamente para
salvaguardar los derechos consagrados en el Principio 10.
Entre
estos esfuerzos internacionales destacan el “Acuerdo de Escazú” de los
países de América Latina y el Caribe recientemente adoptado, y la
Convención de Aarhus, que celebra actualmente su 20⁰ aniversario.
“El
‘Acuerdo de Escazú’ es un reflejo de las prioridades y principales
preocupaciones de América Latina y el Caribe: fija los estándares
regionales, reafirma el valor de la dimensión regional del
multilaterialismo para el desarrollo sostenible, incentiva la
capacitación y la cooperación regional, construye los cimientos de una
arquitectura regional que lo apoye, y ofrece herramientas para una mejor
toma de decisiones de política”, señaló Alicia Bárcena en su
intervención.
El evento contó también con la
participación de autoridades y embajadores ante las Naciones Unidas de
los países organizadores, quienes recalcaron las sinergias e
interconexiones entre la promoción de la democracia ambiental y la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En el panel de
discusión estuvieron presentes Jorge Iglesias, Representante Permanente
Alterno de Chile ante las Naciones Unidas; Verónica García, Encargada de
Negocios de la Misión Permanente de Costa Rica ante el organismo
mundial; Martin Bortzmeyer, Jefe de la Delegación para el Desarrollo
Sostenible del Ministerio para la Transición Ecológica y Solidaria de
Francia; Sergio Mercuri, Ministro Plenipotenciario y Coordinador de
Sostenibilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia;
Penelope Beckles, Representante Permanente de Trinidad y Tabago ante las
Naciones Unidas; y Natalia Gómez Peña, representante del público en el
proceso de negociación del Acuerdo de Escazú.
Bárcena enfatizó que
el Acuerdo Regional es un resultado extraordinario de un proceso
intergubernamental que contó con la significativa participación del
público, obtenido tras nueve reuniones del comité de negociación,
formado en 2014 y liderado por Chile y Costa Rica. “Sus principales
beneficiarios son las personas de nuestra región y los grupos más
vulnerables y las comunidades”, resaltó.
“Este Acuerdo contribuye a
trazar el camino hacia un nuevo modelo de desarrollo más sostenible,
sin dejar a nadie atrás. También aborda la protección de los defensores
de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en donde
tristemente estas personas son atacadas o intimidadas con demasiada
frecuencia”, dijo.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL explicó que
con este instrumento, la región de América Latina y el Caribe está
también mostrando un ejemplo brillante de cómo equilibrar las tres
dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental).
“Al involucrar al público en todas las decisiones que los afectan y al
establecer una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad,
nuestros países están refutando la falsa dicotomía entre la protección
ambiental y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a
espaldas del medio ambiente, y éste no puede ser administrado si las
economías y las personas son ignoradas”, recalcó.
Junto con
enfatizar que el “Acuerdo de Escazú” -del cual la CEPAL ejerce la
secretaría técnica- es el primer tratado regional en asuntos
ambientales, constituyéndose en una herramienta invaluable para alcanzar
la Agenda 2030, Alicia Bárcena hizo un llamado a los 33 países de la
región para que lo firmen y ratifiquen a partir del 27 de septiembre
próximo, cuando sea abierto a la firma de los gobiernos en la sede de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y así pueda entrar en vigor
cuanto antes.
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