- Se inicia la entrega de información relacionada al “Financiamiento Público” que requiere la Auditoría Superior de la Federación en atención a nuevas facultades
MEXICALI, B.C.-
Domingo 17 de junio de 2018.- En atención a la rendición de cuentas y
transparencia en el ejercicio de los recursos
públicos, el Gobierno del Estado avanza sistemáticamente en la
solventación del 98% de observaciones de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) relacionadas al ejercicio fiscal 2016, señaló el
Secretario de Planeación y Finanzas del Estado (SPF), Bladimiro
Hernández Díaz.
El funcionario
estatal precisó por otra parte, que el 21 de febrero de 2018 la ASF
notificó al Poder Ejecutivo la Orden de Auditoría
569-GB-GF “Financiamiento Público Local: Gobierno del Estado de Baja
California”, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, un
tema del cual se deriva información adicional solicitada por la misma
ASF al Poder Legislativo.
Esta revisión, dijo
Hernández Díaz, es regular y contenida en el Programa Anual de
Actividades de la Auditoría Superior de la Federación,
de manera que se realiza en todos los Estados del país para verificar
el cumplimiento de las disposiciones federales.
Añadió que con motivo
de la reforma constitucional y la expedición de la nueva ley de
fiscalización, la ASF tiene facultades para
fiscalizar, las disposiciones relacionadas con el equilibrio
presupuestario y la responsabilidad hacendaria de las entidades
federativas, las cuales entraron en vigor en el ejercicio fiscal 2017,
de manera que se realiza la entrega de información -incluyendo
lo relacionado a la Cuenta Pública 2017-, sin que hasta el momento se
hayan emitido observaciones.
En
particular, el funcionario estatal destacó que esta auditoría no
representa ninguna revisión extraordinaria y particular sino
ordinaria, al igual que cualquier otra revisión de recursos federales
transferidos a las entidades federativas, municipios, instituciones
académicas y otros organismos, por lo cual consideró infundados y
tendenciosos los señalamientos de una supuesta “investigación”
y juicios de valor negativos al quehacer gubernamental, acreditados a
una “fuente” anónima en un artículo publicado recientemente en un medio
de comunicación.
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