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Persisten condiciones de pobreza, marginación, desempleo, inseguridad y deterioro de los recursos naturales, advierte.
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Hoy, las decisiones de política económica han dejado externalidades negativas en los ámbitos sociales, políticos, económicos y medioambientales, asegura.
Para
el doctor en Economía Rural, Cruz Alberto Uc Hernández, existe un
consenso actual sobre la necesidad de una Revolución Económica,
pues el marco general que lo sustenta son los resultados tangibles e
intangibles de la aplicación de diversos instrumentos de política
económica y financiera.
En
entrevista, Uc Hernández lamentó que hoy las decisiones de política
económica han dejado externalidades negativas en los ámbitos
sociales, políticos, económicos y medioambientales. “En nuestro
país los fenómenos más elocuentes que justifican una revolución
económica lo encontramos en las condiciones de pobreza, marginación,
desempleo, inseguridad y deterioro de los recursos naturales”,
refirió.
El
especialista en economía rural -expresidente de la Confederación
Nacional Agronómica (CNA)-, apuntó que en México el 45.5% de la
población vive debajo de la línea de pobreza, es decir, se
enfrentan a escenarios de hambre y vulnerabilidad social por carencia
de educación, salud y bienes patrimoniales.
Además,
deploró que más del 80% de las localidades se encuentran en grados
de marginalidad alta y muy alta; es decir, carecen de agua potable,
energía eléctrica y materiales permanentes en pisos y techos en sus
viviendas.
“En
términos del empleo, se reconoce que más del 5% de la Población
Económicamente Activa está desocupada y el 57% de esta tiene
empleos informales; las externalidades de esta realidad laboral se
manifiestan en la debilidad del sistema de pensiones para hacer
frente a la demanda de trabajadores en retiro en virtud del deterioro
de la base trabajadora formal, así como la exclusión de los
trabajadores informales y sus familias de los beneficios potenciales
de la seguridad social”, indicó.
Agregó
que hoy en día el 68% de los mexicanos tienen la percepción de
inseguridad pública; ahora, no solo en los suburbios urbanos se
percibe esta situación, también en la plaza pública, el medio
rural y en el sistema de comunicación nacional. “La vulnerabilidad
en el ejercicio de nuestras libertades más elementales de
convivencia social trastoca la percepción mayoritaria de un buen
gobierno”, dijo.
También,
el exdelegado de SAGARPA en Campeche, Sinaloa y Chiapas, explicó que
el deterioro del medio ambiente equivale al 7% del PIB, cada año se
pierde más del 7.5% de la cubierta forestal, el 75% de los cuerpo de
agua acusan algún grado de contaminación.
Inclusive,
acotó que sobre esta problemática, el 86% de los mexicanos que
saben algo del cambio climático reconocen estar preocupados por esta
situación. “Los objetivos de la política macroeconómica está
orientado hacia la estabilidad cambiaria, el control de la inflación,
propiciar finanzas públicas sanas y dar un uso responsable del
endeudamiento público”, añadió.
En
cuanto al control de la inflación, el profesionista de la tierra,
señaló que este dominio ha estado presente en las prioridades de
política económica, en tal sentido se ha mantenido cercano al 4%
anual y aun se pretende reducir para mantener la estabilidad de
precios. No obstante el salario real de 1990 a 2017 ha decrecido 45%
por el efecto inflacionario de los componentes de la canasta básica.
Asimismo,
anotó que la tasa de interés real se ha mantenido bajo control
cercano al 1% anual, similar a los países desarrollados; sin
embargo, el costo del crédito interno medido por el CAT financiero
este fluctúa entre el 35% de las tarjetas de crédito al consumo
hasta más del 180% de los proveedores de bienes y servicios.
En
este contexto, dejo entrever que el desarrollo del mercado financiero
adolece de serias fallas en detrimento de los usuarios de servicios
financieros y de la competitividad nacional por aumento en los costos
de producción por estos fenómenos estrictamente especulativos.
“Durante
las últimas tres décadas, las decisiones de política económica
abrevaron de la influencia conceptual de economistas defensores del
libre mercado, partiendo de un modelo económico donde ninguno de los
agentes podría ejercer influencia en los mercados para la fijación
de precios, así se inició una era de retiro paulatino del estado en
materia económica”. Conceptos resumidos magistralmente por John
Williamson en 1989, principios que hoy conocemos como el Consenso de
Washington, apuntó.
Uc
Hernández aclaró que este Consenso, fundamentalmente reconoce que
los problemas de asignación de recursos entre los actores económicos
se realizará atendiendo a las señales del mercado; es decir, por la
oferta y la demanda.
Expuso
que los resultado previamente señalados confirman que aquellas
recomendaciones sistematizadas por Williamson, el llamado Consenso,
de Washington, se fue cumpliendo y el grupo de economistas de la
tecnocracia que llego al poder en México a principios de los años
80, fue primero motivando el ingreso de nuestro país, al Acuerdo
General de Aranceles y comercio, mejor conocido como el GATT; y luego
a través de la firma del TLCAN.
En
resumen –añadió- los principios sobre los que se construye el
modelo económico nacional son: disciplina presupuestaria; cambios en
las prioridades del gasto público; reforma fiscal encaminada a
buscar bases imponibles amplias; liberalización financiera,
especialmente de los tipos de interés; búsqueda y mantenimiento de
tipos de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a
la entrada de inversiones extranjeras directas; privatizaciones;
desregulaciones y garantía de los derechos de propiedad privada.
Resalto
el doctor en Economía Agrícola que por los méritos de los exiguos
resultados políticos, sociales y de vulnerabilidad económica
nacional, con la amenaza siempre real de pérdida de soberanía
nacional, proponemos las bases de una revolución económica:
1.
Balance fiscal de mediano y largo plazo, para permitir escenarios de
déficit y superávit fiscal atendiendo los requerimientos del
financiamiento del desarrollo nacional.
2.
Disciplina presupuestaria en el sentido de orientar las inversiones
hacia la generación de bienes públicos y el incremento de la
competitividad territorial.
3.
Reforma fiscal simplificadora generadora de incentivos relacionados
con la seguridad social.
4.
Reglas financieras no usurarias con tipos de interés real arbitrados
por el estado.
5.
Manejo de la política cambiaria con un balance de mediano y largo
plazo para acceder al mercado internacional en condiciones más
competitivas, evitando el deterioro irremediable de los términos de
intercambio en perjuicio de los sectores económicos menos
desarrollados.
6.
Integración económica regional latinoamericana, diversificando la
entrada de capital extranjero sin la prevalencia de alguna
nacionalidad en particular.
7.
Considerar la participación del estado en los temas económicos
donde el mercado acusa de serias fallas.
8.
Construcción de un nuevo marco institucional que ponga límites al
mercado, partiendo del hecho de las propias imperfecciones del
mercado.
9.
Construcción de un nuevo marco institucional para el desarrollo del
tercer sector, la acción colectiva y la solución de conflictos
generados por las fallas de mercado, de gobierno y de la sociedad
civil.
10.
Privilegiar el desarrollo del mercado interno, los mercados locales,
la autosuficiencia alimentaria, la emancipación tecnológica y la
profundización del sistema financiero nacional, concluyó.
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