Necesita México una Revolución Económica: Cruz Alberto Uc

• Persisten condiciones de pobreza, marginación, desempleo, inseguridad y deterioro de los recursos naturales, advierte.

• Hoy, las decisiones de política económica han dejado externalidades negativas en los ámbitos sociales, políticos, económicos y medioambientales, asegura.

Para el doctor en Economía Rural, Cruz Alberto Uc Hernández, existe un consenso actual sobre la necesidad de una Revolución Económica, pues el marco general que lo sustenta son los resultados tangibles e intangibles de la aplicación de diversos instrumentos de política económica y financiera.

En entrevista, Uc Hernández lamentó que hoy las decisiones de política económica han dejado externalidades negativas en los ámbitos sociales, políticos, económicos y medioambientales. “En nuestro país los fenómenos más elocuentes que justifican una revolución económica lo encontramos en las condiciones de pobreza, marginación, desempleo, inseguridad y deterioro de los recursos naturales”, refirió.

El especialista en economía rural -expresidente de la Confederación Nacional Agronómica (CNA)-, apuntó que en México el 45.5% de la población vive debajo de la línea de pobreza, es decir, se enfrentan a escenarios de hambre y vulnerabilidad social por carencia de educación, salud y bienes patrimoniales.

Además, deploró que más del 80% de las localidades se encuentran en grados de marginalidad alta y muy alta; es decir, carecen de agua potable, energía eléctrica y materiales permanentes en pisos y techos en sus viviendas.

“En términos del empleo, se reconoce que más del 5% de la Población Económicamente Activa está desocupada y el 57% de esta tiene empleos informales; las externalidades de esta realidad laboral se manifiestan en la debilidad del sistema de pensiones para hacer frente a la demanda de trabajadores en retiro en virtud del deterioro de la base trabajadora formal, así como la exclusión de los trabajadores informales y sus familias de los beneficios potenciales de la seguridad social”, indicó.

Agregó que hoy en día el 68% de los mexicanos tienen la percepción de inseguridad pública; ahora, no solo en los suburbios urbanos se percibe esta situación, también en la plaza pública, el medio rural y en el sistema de comunicación nacional. “La vulnerabilidad en el ejercicio de nuestras libertades más elementales de convivencia social trastoca la percepción mayoritaria de un buen gobierno”, dijo.

También, el exdelegado de SAGARPA en Campeche, Sinaloa y Chiapas, explicó que el deterioro del medio ambiente equivale al 7% del PIB, cada año se pierde más del 7.5% de la cubierta forestal, el 75% de los cuerpo de agua acusan algún grado de contaminación.

Inclusive, acotó que sobre esta problemática, el 86% de los mexicanos que saben algo del cambio climático reconocen estar preocupados por esta situación. “Los objetivos de la política macroeconómica está orientado hacia la estabilidad cambiaria, el control de la inflación, propiciar finanzas públicas sanas y dar un uso responsable del endeudamiento público”, añadió.

En cuanto al control de la inflación, el profesionista de la tierra, señaló que este dominio ha estado presente en las prioridades de política económica, en tal sentido se ha mantenido cercano al 4% anual y aun se pretende reducir para mantener la estabilidad de precios. No obstante el salario real de 1990 a 2017 ha decrecido 45% por el efecto inflacionario de los componentes de la canasta básica.

Asimismo, anotó que la tasa de interés real se ha mantenido bajo control cercano al 1% anual, similar a los países desarrollados; sin embargo, el costo del crédito interno medido por el CAT financiero este fluctúa entre el 35% de las tarjetas de crédito al consumo hasta más del 180% de los proveedores de bienes y servicios.

En este contexto, dejo entrever que el desarrollo del mercado financiero adolece de serias fallas en detrimento de los usuarios de servicios financieros y de la competitividad nacional por aumento en los costos de producción por estos fenómenos estrictamente especulativos.

“Durante las últimas tres décadas, las decisiones de política económica abrevaron de la influencia conceptual de economistas defensores del libre mercado, partiendo de un modelo económico donde ninguno de los agentes podría ejercer influencia en los mercados para la fijación de precios, así se inició una era de retiro paulatino del estado en materia económica”. Conceptos resumidos magistralmente por John Williamson en 1989, principios que hoy conocemos como el Consenso de Washington, apuntó.

Uc Hernández aclaró que este Consenso, fundamentalmente reconoce que los problemas de asignación de recursos entre los actores económicos se realizará atendiendo a las señales del mercado; es decir, por la oferta y la demanda.

Expuso que los resultado previamente señalados confirman que aquellas recomendaciones sistematizadas por Williamson, el llamado Consenso, de Washington, se fue cumpliendo y el grupo de economistas de la tecnocracia que llego al poder en México a principios de los años 80, fue primero motivando el ingreso de nuestro país, al Acuerdo General de Aranceles y comercio, mejor conocido como el GATT; y luego a través de la firma del TLCAN.

En resumen –añadió- los principios sobre los que se construye el modelo económico nacional son: disciplina presupuestaria; cambios en las prioridades del gasto público; reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias; liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; privatizaciones; desregulaciones y garantía de los derechos de propiedad privada.

Resalto el doctor en Economía Agrícola que por los méritos de los exiguos resultados políticos, sociales y de vulnerabilidad económica nacional, con la amenaza siempre real de pérdida de soberanía nacional, proponemos las bases de una revolución económica:

1. Balance fiscal de mediano y largo plazo, para permitir escenarios de déficit y superávit fiscal atendiendo los requerimientos del financiamiento del desarrollo nacional.

2. Disciplina presupuestaria en el sentido de orientar las inversiones hacia la generación de bienes públicos y el incremento de la competitividad territorial.

3. Reforma fiscal simplificadora generadora de incentivos relacionados con la seguridad social.

4. Reglas financieras no usurarias con tipos de interés real arbitrados por el estado.

5. Manejo de la política cambiaria con un balance de mediano y largo plazo para acceder al mercado internacional en condiciones más competitivas, evitando el deterioro irremediable de los términos de intercambio en perjuicio de los sectores económicos menos desarrollados.

6. Integración económica regional latinoamericana, diversificando la entrada de capital extranjero sin la prevalencia de alguna nacionalidad en particular.

7. Considerar la participación del estado en los temas económicos donde el mercado acusa de serias fallas.

8. Construcción de un nuevo marco institucional que ponga límites al mercado, partiendo del hecho de las propias imperfecciones del mercado.

9. Construcción de un nuevo marco institucional para el desarrollo del tercer sector, la acción colectiva y la solución de conflictos generados por las fallas de mercado, de gobierno y de la sociedad civil.

10. Privilegiar el desarrollo del mercado interno, los mercados locales, la autosuficiencia alimentaria, la emancipación tecnológica y la profundización del sistema financiero nacional, concluyó.