I. Introducción
La estrategia en
materia energética del gobierno está minando la certidumbre y
cumplimiento de la ley y con ello la capacidad para atraer y retener
inversión internacional y doméstica. De no cambiarse, México no
logrará sus objetivos de crecimiento.
II. Problema
Muchas de las
recientes acciones del gobierno están creando incertidumbre para la
inversión internacional.
Esta semana, por
ejemplo, la CFE intentó anular contratos celebrados con Trans-Canada
e IEnova en la construcción del gasoducto Texas-Tuxpan. Este
proyecto representa una inversión de 2,500 millones de dólares y
tiene la capacidad de transportar 2,600 millones de pies cúbicos
diarios de gas natural. Su desarrollo permitiría aumentar en 40% la
distribución de gas natural en México.
Como era de
esperarse, la posible anulación de estos contratos, otorgados a
través de una licitación pública internacional, ha ocasionado
reacciones negativas de forma inmediata. El embajador de Canadá
declaró su preocupación públicamente en Twitter. Así mismo,
España, Japón y Alemania ya se encuentran monitoreando el tema pues
de generalizarse la anulación de contratos también serían
afectados.
Anular contratos
pone a México en un terreno resbaloso pues una de las condiciones
necesarias para el crecimiento económico es la inversión privada.
Si ésta no encuentra condiciones para desarrollarse o percibe un
ambiente incierto, la derrama económica se reduce.
El ejecutivo no esta
otorgando certidumbre sino generando una creciente desconfianza que
está afectando el desempeño económico de México. De hecho,
especialistas encuestados por el Banco de México concuerdan en que
el principal factor que podría estar obstaculizando el crecimiento
de la economía mexicana actualmente es la falta de certidumbre
generada por la política interna (18% de las respuestas). Las
decisiones políticas de la actual administración están abonando a
una falta de certeza hacia los capitales internacionales y
domésticos. Con ello, podrían ocasionar contracciones en la
generación de empleo formal y fuga de flujos de inversión.
Debemos reconocer
que México no se encuentra en condiciones para crear incertidumbre
pues la inversión privada ya es de por sí muy baja. La inversión
se redujo en (-)2.1% en el primer trimestre de 2019 y ha sido
inferior al 1% en los últimos doce meses. Es en parte debido a esto
que los estimados de crecimiento para 2019 han bajado
consistentemente, de 2.3% a solo 1.7% en el último año y medio.
Con el nivel de
inversión privada actual no será posible lograr el crecimiento del
4% que el gobierno ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Si, además, la poca inversión extranjera que existe se ahuyenta
mediante decisiones como la tomada por la CFE, la situación
económica de México podría llegar a ser bastante precaria.
III. Orientar el
rumbo
En COPARMEX,
consideramos imperante que el gobierno federal promueva una
estrategia energética que genere certidumbre y cumplimiento de la
ley.
Ello no implica ir
en contra de una agenda de cambio. Los ajustes en las políticas
públicas son completamente naturales y propios de la alternancia
democrática.
Sin embargo, todo
ajuste debe darse desde la racionalidad, pertinencia, oportunidad y
gradualidad. Implementando decisiones que sean compatibles con la
inversión y el desarrollo sostenible.
Así, son varias las
acciones que deben reconsiderarse para lograr la certidumbre que el
crecimiento económico exige.
La paralización de
proyectos de inversión energética no abona a una mejor economía.
Es por ello que se deben reanudar las rondas de exploración por
parte de las empresas privadas aliadas con PEMEX. El gobierno federal
debe comprender que las alianzas con privados han permitido que PEMEX
acceda a 670 millones de dólares de inversión. A todas luces esto
es positivo. Las alianzas con capitales privados no deben ser
evaluadas desde un punto de vista ideológico sino pragmático, ya
que solo así se tomarán decisiones en favor de todos los mexicanos.
Si el gobierno detiene las rondas de exploración, la producción
petrolera se detendrá afectando severamente las finanzas públicas.
Cancelar contratos
firmados por gobiernos anteriores solo porque el gobierno actual los
considera injustos crea más problemas que beneficios. El gobierno y
el sector privado solo pueden cooperar de forma productiva si existe
la certeza de que, aún ante un cambio de administración, los
contratos acordados serán respetados.
Finalmente, usar
mecanismos de democracia directa no representativa para cancelar
obras de infraestructura pública que tienen participación privada
limita el margen de maniobra del estado para crear desarrollo. El
NAICM en Texcoco y el Metrobús de Durango son ejemplos prototípicos
de las enormes afectaciones que puede tener el politizar decisiones
de política pública que debieran ser técnicas. Los costos de
dichas decisiones, hechas a “mano alzada” o en consultas no
representativas, causaran estragos en las finanzas públicas por
décadas.
La economía
mexicana puede verse severamente afectada si el gobierno federal
continúa teniendo una toma de decisiones errática y poco
pragmática. El crecimiento de las naciones se fundamenta
irremediablemente en la cooperación entre lo público y privado.
Entre más rápido se logre entender que los privados no son enemigos
de lo público, sino actores claves para impulsar proyectos de
desarrollo, más rápido se logrará reducir la pobreza y la
desigualdad.
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