Por su defensa
ante los fuertes intereses económicos que han intentado despojarlos
de sus territorios y, actualmente se encuentran en prisión con
acusaciones falsas y dolosas.
Desde hace 15
años, Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González,
Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo
Pérez González y Rómulo Arias Mireles, se encuentran en la cárcel.
Con esta acción,
autoridades y empresarios floricultores dejaron acéfala la
resistencia indígena de Tlanixco y colocaron un mensaje de terror
para desmovilizar a la comunidad.
El Centro de
Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) se sumó a la
congratulación a los defensores de la tierra y el agua de San Pedro
Tlanixco, estado de México, que este año serán galardonados con el
Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”, en su
vigésima sexta edición, por defender los derechos humanos ante los
embates de los intereses económicos y políticos que han intentado
despojarlos de sus territorios; actualmente se encuentran en prisión
con acusaciones falsas y dolosas.
El presidente del
CDHZL, José Antonio Lara Duque, expresó su reconocimiento a los
habitantes de esta pueblo —indígena náhuat— que han sufrido la
represión de las autoridades del gobierno mexiquense y que, desde
hace 15 años, mantiene en prisión a Dominga González Martínez,
Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro
Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias
Mireles, por el delito de defender su derecho a la justicia y el
derecho humano al agua.
Recordó que el
vital líquido en esa región del país ha sido utilizada para
favorecer a la industria que se encuentra en la región, situación
por lo que los habitantes de esa comunidad se organizaron para la
asignación del agua como derecho de utilizarla para fines personales
y domésticos y que el agua debe tratarse como un bien social,
cultural, y no fundamentalmente como un bien económico.
Con este
razonamiento, detalló, la comunidad de San Pedro Tlanixco ha
mantenido una lucha desde los años ochenta, cuando grandes empresas
floricultoras llegan al municipio de Villa Guerrero. En 2002 se
agudizó la disputa entre ambas comunidades por el uso y disfrute del
río Texcaltenco, el cual nace en San Pedro Tlanixco.
Cabe destacar que el
afluente fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) a empresarios del municipio floricultor más importante del
país, desde entonces, los nahuas no tienen acceso a su propia agua,
aunque cuentan con documentos válidos que los acreditan para poder
explotar sus aguas.
Mencionó que 1 de
abril 2003 los pobladores de San Pedro Tlanixco fueron agredidos por
grupos paramilitares, financiados por el presidente de los
floricultores --de origen español-- que argumentaban que el agua del
rio llegaba sucia, provocando daños a sus productos. Al repeler la
agresión resultaron lesionados varias personas y el empresario
resultó muerto.
Después de estos
hechos, policías mexiquenses, en apoyo a los grupos paramilitares,
iniciaron una fuerte represión contra los habitantes de la
comunidad, los cuales fueron sacados de sus domicilios –sin orden
judicial--, amenazados de ser asesinados y violadas sus mujeres, para
finalmente llevarse presos a Dominga González Martínez, Marco
Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro
Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias
Mireles, quienes no participaron en el enfrentamiento.
“La única razón
de dirigir la acción penal contra estas personas es que los ahora
detenidos fungían como representantes del pueblo indígena y es la
única razón por la Estado se dirigió en su contra, además de que
con esta acción, los autoridades y los empresarios floricultores
dejaron acéfala la resistencia indígena de Tlanixco y por otro
dejaron un mensaje de terror para desmovilizar a la comunidad”,
aseguró.
Desde 2003, los
indígenas presos se mantiene resistiendo legalmente ante la falsas
acusaciones en su contra, pese a que durante el juicio ha quedado
demostrado que los testigos presentados por los empresarios fueron
aleccionados al presentar declaraciones idénticas.
El único delito de
los procesados es La defensa representar los intereses de los
indígenas de esta región del país y la defensa de los derechos
humanos. Ahora enfrontan la posibilidad de morir en prisión pero la
defensa jurídica y la solidaridad de los pueblos les darán la
libertad, concluyó.
