Para ganar la confianza de los mexicanos, el gobierno de AMLO deberá
recobrar la credibilidad en las instituciones encargadas de procurar
justicia; habrá de garantizar el orden y recuperación de las fuerzas de
seguridad, y tendrá que construir un Mecanismo Internacional contra la
Impunidad.
La principal misión del próximo presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, tal y como él mismo lo ha anunciado, será erradicar la
corrupción e impunidad imperante en nuestro país.
En un Estado democrático de derecho, como se dice ser México, no
pueden haber más de 200 mil homicidios dolosos, más de 10 mil denuncias
por tortura, ni más de 34 mil víctimas de desaparición, sin investigar y
sin sancionar.
Ante ingente misión, la próxima administración deberá en
primer lugar recobrar la confianza y credibilidad en las instituciones
encargadas de procurar y administrar justicia. Para ese fin, no solo
será necesaria la consolidación de una Fiscalía General de la República
capaz de conducir investigaciones de manera imparcial e independiente,
garantizando que no se conduce bajo ninguna instrucción política que
afecte el curso de las investigaciones de los crímenes atroces y/o
delitos de corrupción. Para ello, también necesitaremos de una persona
encargada de la Fiscalía que tenga el perfil idóneo para cumplir a
cabalidad con sus funciones constitucionales y que establezca una
política criminal concreta para el eficaz desempeño de su gestión.
En segundo lugar, el próximo gobierno habrá de garantizar el orden y
recuperación de las funciones constitucionales tanto de las fuerzas de
seguridad civiles y armadas. Es decir, ante la abrumadora evidencia de
los abusos y las violaciones graves a derechos humanos cometidas por las
Fuerzas Armadas mexicanas, y la consecuente impunidad que han gozado
hasta el momento militares y marinos que han cometido crímenes atroces,
habremos de recuperar la confianza en nuestras policías y ser testigas y
testigos del retiro de las Fuerzas Armadas de nuestras calles y de la
eliminación de la arbitraria función que se les confirió en materia de
seguridad pública.
No obstante, la enraizada corrupción e impunidad imperante en las
instituciones mexicanas, requerirá de medidas radicales para
desterrarla. Así que en tercer lugar, el gobierno de AMLO tendrá que
convocar a la brevedad a víctimas, sociedad civil, academia y a la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, a construir y diseñar juntas y juntos, un Mecanismo
Internacional contra la Impunidad.
No hace falta demasiada inspiración ni suspicacia para entender que
mecanismos extraordinarios de justicia, permiten dar un respiro aún
cuando la más pesada neblina no permite ver luz. De los países de la
región, somos el único en donde no se ha sancionado a ningún servidor
público de alto nivel a nivel federal por crímenes atroces o delitos de
corrupción. En Guatemala, con una Fiscalía capaz e imparcial y el apoyo
de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), se logró
desmantelar un esquema de corrupción masiva en donde se encontraba
implicado el ex presidente de ese país Otto Pérez Molina, quien fuera
procesado y posteriormente encarcelado junto con su vicepresidenta
Roxana Baldetti en 2015. La misma suerte han corrido los ex presidentes
de El Salvador Antonio Saca en 2016, el panameño Ricardo Martinelli, el
salvadoreño Mauricio Funes y el guatemalteco Álvaro Colom en 2018, todos
procesados y en prisión por delitos de corrupción, sin contar la orden
de prisión preventiva proveniente que tiene el ex presidente de Ecuador
Rafael Correa por el presunto secuestro de un disidente político
cometido en Colombia.
Si AMLO verdaderamente piensa buscar la reconciliación durante su
gobierno, hay un mensaje importante que se debe de dar para que el
sentimiento de impunidad y falta de justicia no se quede anidado en la
ciudadanía mexicana: Ningún delito por corrupción o crimen atroz quedará
impune. Y no basta con investigar y llevar ante los tribunales
mexicanos a los autores materiales, sino que todo servidor público quien
con jerarquía superior haya tenido conocimiento, haya hecho caso omiso o
no diera conocimiento a las autoridades competentes para su
investigación, o no haya adoptado las medidas necesarias para prevenir
la comisión de crímenes y violaciones graves a derechos humanos, deberá
ser diligente investigado y en su caso, llevado ante la justicia.
El gobierno de AMLO, por más decidido que se encuentre para llevar a
cabo su misión de desterrar la corrupción e impunidad que se encuentran
propagadas como cáncer dentro de las instituciones mexicanas, no podrá
solo. Por ello, habrá de acercarse con quienes venimos solicitando el
establecimiento de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad
durante los últimos años.[1]
El establecimiento de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad
en México, tendrá por objeto fortalecer las capacidades de las fiscalías
del país en la investigación de delitos como tortura, desapariciones
forzadas y homicidios dolosos, cuando son cometidos a gran escala y como
parte de un plan o política de organizaciones criminales o de
instituciones del Estado. Dicho Mecanismo no será la solución para todos
nuestros males, pero su carácter complementario y bajo los auspicios de
la Organización de las Naciones Unidas, con especialistas en
investigación penal de otros países con probada experiencia en la
materia, nos ayudará a respirar aire fresco aún en nuestra brumosa
realidad.
*Olga Guzmán Vergara es coordinadora de incidencia internacional de
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos @CMDPDH.
Referencias:
[1] Corrupción que mata: por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario