Exhortamos a la
ciudadanía a escoger a sus gobernantes ejerciendo su voto con libertad.
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Es inaceptable que se coaccione el voto de
los mexicanos en situación de pobreza y vulnerabilidad.
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En los procesos electorales de 2017 y aún
más en los de 2018 se observa una intensa competencia entre los partidos
políticos y los candidatos en la compra de votos sin que las autoridades
electorales intervengan para frenarla.
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Hay un incremento considerable de
programas sociales sin la normatividad adecuada, sin padrones de beneficiarios,
ni reglas de operación, lo que permite su uso discrecional.
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Tres secretarías elevaron su gasto
presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas sociales y direcciones
operativas en el primer trimestre del año.
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PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos
a 20 mil millones y el IMJUVE de 26 millones a 146 millones en tan sólo tres
meses.
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Durante el actual proceso electoral se han
destinado mayores recursos a los programas sociales para comprar y coaccionar
el voto.
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El manejo de los programas sociales se encuentra
en manos de operadores políticos.
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Lamentamos la decisión del TEPJF al haber
cancelado los criterios emitidos por el INE para garantizar la imparcialidad en
el uso de los recursos públicos. Fue una decisión inoportuna y significó un
retroceso en lo poco que se había avanzado.
El Comité Conciudadano
para la Observación Electoral considera que el uso de las condiciones de
pobreza y de inseguridad económica de la población para inducir, coaccionar u
obligarla a votar en favor de un candidato o partido constituye el mayor
problema de los procesos electorales en curso y es el factor que más contribuye
a la inequidad en las contiendas.
La compra y coacción del voto es también
la más clara expresión de los niveles de desigualdad que existen en nuestro
país y de la ausencia de un Estado que haga efectivos los derechos humanos de
la población.
Con las decisiones del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar resoluciones aprobadas
por el INE, -entre otras: la de garantizar la equidad en el uso de recursos
públicos en la contienda; la de suspender los programas sociales que no contaran
con reglas de operación o padrón de beneficiarios, y la de suspender durante el
proceso electoral la entrega de tarjetas que implicara el ofrecimiento de un beneficio
personal directo o de una futura incorporación condicionados a un determinado resultado
electoral- se produjo un gran retroceso en lo poco que se había avanzado.
Cuando las personas se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad económica son susceptibles de ser engañadas ante
el temor de perder los beneficios de un programa social o el empleo o ante la
promesa de recibir algún pago a cambio. Sin sustento legal alguno y con
engaños, les son solicitadas copias de su credencial para votar o son tomados
los datos de las mismas haciéndoles creer que ello las obliga a votar por un
determinado candidato o candidata.
Desde hace más de tres décadas en México
la política social se realiza con programas focalizados para superar la pobreza;
sin embargo, se ha mantenido prácticamente igual el número de personas pobres
(53.4 millones de personas). Se trata en realidad de programas para administrar
la pobreza que permiten a los gobernantes en turno y a sus
partidos utilizarlos de manera clientelar para obtener su voto. Así, en todos
los órdenes de gobierno se desarrollan programas sociales porque les rinde
frutos electorales a quienes los promueven.
El Consejo
Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) ha logrado detectar casi 6,500 programas incluyendo los
federales, los estatales y los municipales. Los recursos destinados a nivel
federal en los 154 programas sociales ascienden en 2018 a más de 910 mil 283 millones
de pesos. El gobierno federal gestionó préstamos por 300 millones de dólares
del Banco Mundial para ampliar el programa PROSPERA en 2018.
En las nueve entidades que tienen
elecciones para gobernador se incrementaron considerablemente los fondos para
programas sociales. En el primer trimestre de este año; las secretarías de
Desarrollo Social (SEDESOL), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
elevaron su gasto presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas
sociales y direcciones operativas. PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos a
20 mil millones y el IMJUVE de 26
millones a 146 millones en sólo tres meses.[1]
La mayoría de los programas sociales se
llevan a cabo con un alto grado de
discrecionalidadlo que permite usarlos con fines distintos al desarrollo
social; no cuentan con la normativa necesaria para su implementación y control;
no tienen padrones de beneficiarios o no están actualizados, ni tienen reglas
de operación o éstas son complejas a fin de permitir espacios
para su uso electoral.
Asimismo, como responsables de los
programas sociales, los gobiernos designan a operadores políticos más que a
especialistas en desarrollo social, como ocurre actualmente en la SEDESOL y en
el Gobierno de la CDMX.
Desde hace varios procesos electorales
diversas organizaciones han denunciado el uso electoral de programas sociales,
sin que las autoridades hagan algo al respecto. En el Estado de México por
ejemplo, para el proceso electoral de 2017 se mantuvo la promoción de prácticamente todos los programas sociales a pesar de
que la Ley señala que sólo se podrán difundir los relativos a servicios educativos, salud y
protección civil. Los recursos que se destinaron a los programas sociales se
incrementaron y se ejercieron durante el primer semestre en su totalidad. En Veracruz se alteraron los padrones de beneficiarios para
registrar a militantes de partidos políticos.
En el actual proceso electoral se ha
denunciado el uso político electoral de los programas sociales en diversos
estados de la República y en varias delegaciones de la Ciudad de México. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha documentado en su portal democraciasinpobreza.mx, 151
reportes ciudadanos de situaciones de coacción del voto de prácticamente todos
los partidos: Estos intercambios no son solo a cambio del voto en sí, sino a
cambio de la credencial para votar o su fotocopia.[2]
En razón de lo anterior exhortamos al INE
y a sus consejos estatales y distritales, a los OPLES y a la FEPADE a frenar y
castigar dentro de sus atribuciones la compra y coacción del voto, así como al
INAI por el mal uso de la información personal de la credencial para votar. Todos
los organismos deberían desarrollar mecanismos confiables para captar las
denuncias de la población.
Asimismo, sugerimos al INE y a los OPLES
realizar una intensa campaña para que la población no sea intimidada y ejerza
con libertad su voto, destacando la secrecía del mismo.
Exigimos que los patrones dejen de
presionar a sus trabajadores sobre la orientación de su voto y no sancionen a aquéllos
que expresan sus preferencias electorales. El voto libre y secreto es un
derecho humano y cada persona debe ejercerlo de acuerdo a sus propias
convicciones y sin presión.
Exijamos al próximo Congreso de la
República legislar en materia del uso de recursos públicos en periodos
electorales para evitar los daños que la ausencia de legislación está provocando
en la equidad de las contiendas, y a los gobiernos también exigimos una
reformulación de las políticas sociales para que estén orientadas a garantizar
derechos y no a formar clientelas que solo perpetúan la pobreza.
Nos
manifestamos en contra de que los partidos políticos y gobiernos lucren con la
pobreza y vulnerabilidad de los mexicanos. Tampoco es aceptable que algunos
dueños o directores de empresas generen miedo entre sus empleados. Nadie puede
pretender determinar el sentido del voto de otro ciudadano con base en la
amenaza y el miedo. Todos debemos generar las condiciones para que las y los
mexicanos votemos en libertad.
Elisa Alanís, Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro
Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Elena Azaola, Alberto Aziz, Bernardo
Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Isabel Blanco, Julio César Bonilla, Joaquín
Borrell, Sergio Caloca, Angélica Carrasquedo, Ingrith Carreón, Héctor Castillo
Berthier, Isabel Castro, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel
Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, José Antonio Crespo, Carlos
Cruz, Gabriela Delgado, Fernanda Díaz de León,
Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Brenda Gómez, Ana
Vanessa González, Ramón Gutiérrez, Katya Hinke,
Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Clara
Jusidman, Flavio Lazos, Erika Llanos, Norma
Loeza, Osiris Marín, María Isabel Martínez, Consuelo Morales, Oscar Morales, Jorge Eduardo
Navarrete, Marisol Noriega, Alberto
Olvera, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Andrea Pérez, Carlos Pérez, Ivet
Pérez, Donancy Resendiz, Ana Saiz, Maylí
Sepúlveda, Alberto Serdán, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia,
Karina Vaquera, Gustavo Vela, Marcela Velázquez, Elio Villaseñor, Flor Zamora,
Carlos Zetina.
Centro por un
Recurso Efectivo AC, Circo Volador, Cause Ciudadano, Ciudadanos en Apoyo a los
Derechos Humanos, AC (CADHAC), Controla Tu Gobierno AC, Iniciativa Ciudadana y
Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para
la Promoción de la Cultura del Diálogo AC, Red por la Participación Ciudadana, Spatium Libertas AC.
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