Una
de las primeras iniciativas anunciadas por miembros del equipo de
transición del Presidente Electo, fue la propuesta
de reubicación de
la gran mayoría de
las Secretarías de Estado y las entidades más relevantes del
Gobierno Federal,
cambiando su sede principal en distintas ciudades de la República.
Los
argumentos
principales que se
han esgrimido para impulsar esta iniciativa, son por un lado,
descentralizar las
acciones del gobierno
federal,
y en segundo término, fomentar
el desarrollo económico en las ciudades
a donde se relocalizarían las dependencias federales.
La
Coparmex coincide
con la visión del Presidente Electo,
en cuanto se refiere a la importancia de promover
la descentralización y fomentar el desarrollo regional.
Sin
embargo, estimamos que el
proyecto de
cambio de sede de
las dependencias del Gobierno Federal,
enfrenta importantes inconvenientes, por
lo que hacemos un
llamado al
Presidente Electo y a su equipo,
para que se analice con rigor técnico, de forma multidisciplinaria y
con un amplio escrutinio público, los
factores en favor y en contra de proceder con la pretendida
reubicación,
tomándose la decisión que mejor convenga al País.
Dado
que están a la vista los objetivos que se pretenden lograr, es
necesario valorar los aspectos que pueden desaconsejar la medida:
Primer
inconveniente: Los tiempos y costos
Cabe
recordar que no es la primera vez que se intenta hacer una
reubicación de entidades del Gobierno Federal hacia los Estados.
Después
del terremoto del año 1985, por ejemplo, el gobierno federal que
entonces encabezaba el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, determinó
reubicar al INEGI, en la ciudad de Aguascalientes.
El
proceso implicó la erogación de casi 2 mil millones de pesos (valor
histórico) y tomó cerca de 4 años en concretarse.
Si
tomamos este caso como referencia, pareciera
improbable que en un período sexenal, logren mudar las 31
Secretarías y dependencias federales
que se han mencionado en la iniciativa.
El
proceso de traslado, si
se ejecuta con
el debido análisis para
justificar con criterios técnicos la medida,
la planeación del proceso, la preparación de los espacios
adecuados para la prestación de los servicios gubernamentales, y el
traslado ordenado
del personal de
base, respetando sus derechos, podría
tardar más de seis años.
También
es indispensable analizar
con responsabilidad
los costos de
construir o arrendar nuevos
espacios, y sobre todo,
los costos emergentes pero
constantes de
operación que
implicaría para el
Gobierno Federal la
dispersión de sus
actividades.
De
realizarse, la reubicación de Secretarías y otras importantes
dependencias federales, se
volvería uno de los proyectos más honerosos en la historia de
la administración pública del país, que
no se traduce en infraestructura estratégica
como carreteras, escuelas, puertos u hospitales, sino en edificios
para el gobierno.
En
el Proyecto de
Nación que formuló
el Presidente Electo, se estimó que tan sólo el traslado de las
Secretarías y dependencias, costaría
125,000 millones de pesos, más 2,000 millones que se piensan
invertir en estudios preliminares y otros gastos.
El
costo de esta operación, sería equivalente al presupuesto de la
Secretaría de Salud para el 2018. Esto sin contar los costos
adicionales e indirectos que implica la medida.
Hemos
dicho con claridad, que apoyaremos
decididamente las medidas de austeridad
republicana que ha
postulado el Presidente Electo
y que en su gran mayoría son pertinentes.
Sin
embargo, esta iniciativa
de reubicación de las dependencias federales, parece contradictoria
a las medidas que
se emprenderán para eficientar el gasto público federal, y podrían
incluso neutralizar los ahorros.
Segundo
inconveniente: Selección de los inmuebles y justificación.
Aparte
de los importantes costos de operación que implicaría la
dispersión, existen otros desafíos que requieren de un análisis
minucioso, antes de que se inicie la implementación de la propuesta.
Uno
de ellos consiste en establecer
las características de los inmuebles
que hipotéticamente albergarán a las dependencias reubicadas, y de
ser necesario,
definir con responsabilidad financiera y transparencia, cómo
se llevará a cabo su
adquisición o arrendamiento.
A
primera vista, parecería que este problema se podría solucionar con
los inmuebles disponibles con los que cuenta el gobierno federal.
Según
el portafolio del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de
los Bienes Nacionales (INDAABIN), existen
116 inmuebles federales distribuidos en 25 estados, que se encuentran
desocupados.
Sin
embargo, estos
edificios no cuentan con las características necesarias de
funcionalidad, ni la ubicación adecuada
para albergar una dependencia federal. Precisamente la razón por la
que se encuentran desocupados, es porque sus características no los
hacen recomendables para la prestación de un servicio público.
Si
en aras de la agilidad de implementación, se decide arrendar
inmuebles, sería
preciso cumplir con
la normatividad,
para los arrendamientos hechos por instituciones federales.
El
Acuerdo por el que
se Establecen las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y
Servicios Generales
señala que las
instituciones públicas,
sólo podrán arrendar cuando resulte estrictamente indispensable
para asegurar la
continuidad en la prestación de sus servicios.
Adicionalmente,
para elegir el inmueble, se debe seguir un criterio de austeridad,
debidamente fundado, así como tener en cuenta las necesidades de
espacio, seguridad, higiene y funcionalidad para el público, los
usuarios y el personal.
También
cabe recordar que la Ley
General de Bienes Nacionales
establece el tope de renta para arrendamientos nuevos es de $269.54
por metro cuadrado.
A
la luz de la legislación en vigor, no podrían justificarse las
nuevas erogaciones en el arrendamiento de inmuebles,
cuando el Gobierno Federal ya cuenta con bienes raíces suficientes,
en la Ciudad de México, para prestar sus servicios.
Tercer
Inconveniente: Retención del capital humano
El
cambio de sede de las entidades del Gobierno Federal, también podría
entrañar un reto de retención de capital humano.
La
reubicación no
sólo requiere de nuevos inmuebles,
también implica el desplazamiento de miles de funcionarios,
que tienen su vida
hecha en la Ciudad de México.
El
solo cambio de adscripción, implicaría que muchos mandos
medios, equipos técnicos especializados, y servidores públicos de
carrera, cuyo
talento en un verdadero activo del Gobierno Federal,
decidan separarse
de sus funciones.
También
se tiene que tomar en cuenta que este
desplazamiento
implica también a
sus familias. Los cónyuges
de los funcionarios reubicados, perderían
derechos adquiridos
en sus actuales empleos, y en muchos casos, tendrían
escasa posibilidad de encontrar trabajos similares
en otras ciudades, donde no necesariamente existe la oferta
suficiente y especialidad de los trabajos que se demandarían.
El
desplazamiento que provocaría la reubicación de las dependencias
federales, requiere
de una planeación
estratégica e inversión
en infraestructura de las ciudades receptoras,
con el fin de garantizar a los servidores públicos reubicados y sus
familias, condiciones adecuadas de vivienda, transporte, educación y
salud.
Cuarto
inconveniente: Marginalidad de los efectos.
Lo
más preocupante, es que no
obstante el gran esfuerzo financiero y operacional que realizaría el
Gobierno Federal
para llevar a cabo el cambio de ubicación de las oficinas de sus
principales dependencias fuera de la Ciudad de México, los
efectos serían marginales.
En
lo que hace a la
pretendida descentralización,
lo que se provocaría por la medida, es más bien la multipolaridad
de los nodos de decisorios del
Gobierno Federal.
Los
interesados en tratar asuntos
con determinada dependencia, sean ciudadanos o empresas, no
experimentaran mejora alguna
con el proceso de cambio de ubicación, y en muchos casos supondrán
costos nuevos de
desplazamiento y pérdida de eficiencia empresarial.
Los
trámites seguirán siendo los mismos, solo
que las gestiones tendrán que ser realizadas
ahora desde un lugar distinto,
donde de ordinario, la comunicación
y acceso será más compleja
y costosa que en la Ciudad de México.
La
verdadera solución
al centralismo que
asfixia al País, está en la eliminación y simplificación
de trámites, el traslado de facultades a las unidades regionales de
las dependencias federales, la
implementación de la positiva
ficta, en la
celebración de convenios
de servicios con gobiernos estatales y municipales, y
desde luego, en la
inversión en tecnología.
En
lo que se refiere al segundo argumento, que se refiere a incentivar
el desarrollo regional,
es necesario decir que el progreso de una región y el bienestar de
su población, para ser sustentable, debe
vincularse a la inversión empresarial y
los empleos que ello genera, concordante
con las vocaciones regionales maduras, en desarrollo y aquellas por
incubarse.
El
arribo repentino de algunos centenares de servidores públicos a una
localidad, aunque pueda
generar una aceleración momentánea
de la actividad económica, no
tiene la masa crítica suficiente
para proveer de desarrollo
y bienestar a una región completa por periodos prolongados de
tiempo.
Los
grandes proyectos, requieren de validación rigurosa y de una
planeación adecuada.
La
reubicación de Secretarías y dependencias que ha propuesto el
Presidente Electo y su equipo, es una empresa de gran envergadura.
Una
decisión tan trascendental para
el País, no se debe
adoptar, sin justificación plena y
planeación rigurosa.
Antes
de concretarse la adopción de la decisión, es
imperativo se realicen estudios exhaustivos
de las condiciones
de viabilidad de la
propuesta, se
determine el gasto inicial
y recurrente que implicaría su realización y
la forma en que sería fondeado,
y se haga un balance
de los costos y beneficios
de la iniciativa.
En
resumen, es indispensable analizar
sin posiciones irreductibles o dogmáticas,
y con elementos técnicos, si
el impacto positivo esperado
de esta medida de cambio de adscripción, supera
los enormes y evidentes costos.
En
el supuesto de que se decida
que una o varias de las dependencias si deben mudarse, la
definición de las ciudades en donde se establecerían las
dependencias, es un
asunto que debe justificarse plenamente con un análisis comparativo.
La
elección de
ubicación, debe apoyarse en análisis de conveniencia,
realizados con altos estándares de transparencia, pues no
puede fundarse solo en las convicciones personales
del Presidente Electo o su equipo.
Hoy
se cuestiona por amplios sectores de la población, incluido el
Presidente Electo, la realización de una obra relevante de
infraestructura como lo es el NAICM, y se aduce en respaldo de ello,
la falta de estudios confiables que hayan determinado su ubicación
ante las distintas opciones que existían, y se critican los gastos
innecesarios en su ejecución, ante hipotéticas mejores soluciones.
Es
su inmensidad y trascendencia, el
proyecto del NAICM es mucho menos trascendente
para la vida pública del País, que
el cambio de las sedes
de las dependencias federales más relevantes.
Por
analogía y mayoría de razón, exhortamos
tanto a la próxima administración federal como a los nuevos
legisladores, a que
se realicen todos los estudios pertinentes, así como el análisis
costo-beneficio, haciendo públicos los resultados.
Con
ello, deberá de
abrirse un amplio debate técnico, a la vista de la sociedad, y
de ser el caso, se
rectifique en la propuesta, si
determina que el
proyecto no aporta
al País los
beneficios esperados, o
bien, si se concluye
que es inoportuna su implementación,
en el contexto de limitación financiera por el que atraviesa el
gobierno federal.
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