La ASF es una
institución clave para la rendición de cuentas y el combate a la
corrupción. Sus decisiones deben ser ejemplares y no mermar, de
ninguna forma, su legitimidad.
El pasado primero de
junio, la sociedad mexicana se enteró a través de los medios de
comunicación, que la Dra. Muna Dora Buchahin fue removida de su
cargo como titular de la Dirección General de Auditoría Forense,
unidad que ha sido clave dentro de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) en las investigaciones que la institución ha
realizado sobre presuntas redes de corrupción por cerca de 7 mil
millones de pesos.
Esta remoción se da
en un contexto de otros cambios relevantes al interior de la
institución como son la destitución del titular de la Unidad de
Gasto Federalizado Salim A. Orci Magaña, y del Auditor de
Cumplimiento Financiero Javier Peréz Savedra, ex auditor interino,
cambios de los que se tiene conocimiento sin que se hayan dado a
conocer a la opinión pública las razones que los motivaron.
El viernes primero
de junio, la ASF señaló que la decisión de remover del cargo de la
Dra. Buchahin se dio debido a un posible conflicto de interés. De
ser este el caso, la ASF debería informar también si inició una
investigación al respecto y también si, derivada de ésta, encontró
alguna irregularidad bajo la Ley General de Responsabilidades
Administrativas vigente. No es un asunto menor y debe quedar claro si
se consumó o no un potencial conflicto de intereses.
A la luz de los
esfuerzos que el país está tratando de implementar para combatir la
corrupción y garantizar el estado de derecho, uno de los elementos
fundamentales para llevar a buen puerto los esfuerzos nacionales para
combatir la corrupción, se relaciona con la profesionalización de
las instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Para ello es fundamental conducir, conforme a derecho, los procesos
en contra de aquellos servidores públicos que estén presuntamente
acusados de una actuación contraria a la ley.
Preocupa que, hasta
ahora, no se cuenten con elementos del conocimiento de la opinión
pública y de los legisladores que permitan fundar y motivar las
remociones que se han realizado al interior de la ASF. Es fundamental
la certidumbre jurídica en este rubro para evitar especulaciones que
mermen la labor de la Auditoría como integrante clave de los
esfuerzos institucionales del Estado mexicano en contra de la
corrupción.
Es por ello que
insistimos en la relevancia de aclarar, con la mayor precisión
posible y respetando el debido proceso, cualquier acusación hecha a
funcionarios de la ASF. Es fundamental, en caso de que se presenten
las denuncias respectivas ante la Unidad de Evaluación y Control de
la Cámara de Diputados, que esta procese, de manera clara y apegada
a derecho, todas las investigaciones que permitan determinar si
existen o no responsabilidades de esta exfuncionaria u otros
servidores públicos en su labor dentro de la ASF y que se informe
oportunamente a la sociedad.
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