Angélica de la Peña Gómez (ADLPG):
Gracias, Presidente.
Con su venia, señoras y señores.
Lo
que está en el contexto de la iniciativa que estamos presentando tiene
que ver con las distintas recomendaciones que en su momento, después de
una
visita que hiciera el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en el mes de octubre del 201, debemos recordar que hizo
recomendaciones después de su visita y después de atender diversas
reuniones, incluso con diferentes entes del gobierno
mexicano, y en marzo del siguiente año, es decir, marzo del 2016, hizo
catorce recomendaciones que dista mucho al Estado mexicano de estar
atendiendo.
Es
importante señalarlo porque de manera particular, la primera de ellas
tiene que ver con la conformación de un Consejo Asesor, que esté
integrados
por renombrados expertas y expertos en el campo de los derechos humanos
y en el combate a la impunidad; que tendría como objeto asesorar de
manera esencial al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que
impulsen las capacidades de investigación y de sanción,
y sobre todo, para revertir la tasa de impunidad imperante en México.
El
Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel
nacional sobre la impunidad y recomendar distintas rutas a seguir para
que
haya una correcta implementación de las recomendaciones, y sobre todo,
en el caso de la vinculación con distintos tratados internacionales,
pues atender nuestro compromiso vinculante, además de atender las
recomendaciones que desde distintos organismos, particularmente
Naciones Unidas, deberían tomarse en consideración.
Voy
a mencionar varios, uno es el Examen Periódico Universal; las distintas
recomendaciones que los distintos relatores de Naciones Unidas han
hecho
a México, en fin; nos parece que hay una gran agenda importante que
debería tomarse en consideración, pero que ahí queda, abandonada, se
reciben, se dan respuestas como la que hoy, por cierto, está dando la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR, bueno,
quien está encargado de la PGR, ni siquiera es el Procurador, el
encargado del despacho, quien junto con la Secretaría de Gobernación, le
han respondido a la Oficina del Alto Comisionado en México para los
Derechos Humanos sobre los señalamientos que se han
hecho respecto de la investigación y, sobre todo, cómo se ha incurrido
en la práctica de la tortura.
Ese
es un problema que no solamente lo ha dicho el Alto Comisionado, lo han
dicho distintos organismos de derechos humanos, incluyendo la Comisión
Nacional
de los Derechos Humanos y otros organismos importantes en México.
De
tal manera, que es importante tomar en cuenta que México ya no puede
quedar, señoras y señores, en una burbuja en donde pareciera que todo lo
que
no nos gusta, sobre todo quienes están al frente del gobierno, se
repele, se le da la vuelta y, por supuesto, cuando se tata de
situaciones que tienen que ver con los derechos humanos, pues se
argumenta que la ley no precisa más que hasta donde se tiene la
posible participación de México ante los distintos organismos, las
recomendaciones que se valoran, etcétera, etcétera, pero no pasa de ahí.
De
ahí que en el contexto de lo que estamos viviendo en México, tenemos
que insistir que no puede ser pretexto la ley o la Constitución para que
no se
tomen en cuenta estas observaciones, pero sobre todo que se cumpla con
la ley; porque además en México, además de que tenemos una Ley General
contra la Tortura, también hay distintas resoluciones de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en relación a la
tortura.
De
tal manera, que ya no podemos darle vuelta a una grave y nos parece
importante que México, además atendiendo estas recomendaciones del Alto
Comisionado,
pues pueda constituir de manera formal las comisiones que necesitamos
de manera institucional, pues que ayuden al gobierno, en este caso al
Ejecutivo federal.
¿Y
cuál es la adición final que estamos haciendo? Y cuál es la adición que
estamos haciendo en el último párrafo del último párrafo a 21
constitucional,
donde se reconoce la jurisdicción de la Corte
Penal Internacional; enseguida, añadiríamos aquellos casos en los que el
Estado mexicano solicita el apoyo o la asistencia técnica internacional
para la investigación y la
persecución penal de los delitos de corrupción y/o graves violaciones a
los derechos humanos, la investigación y la acción penal se ajustarán a
lo establecido en esta Constitución y en los tratados o convenios
internacionales de los que nuestro país sea parte.
Termino
diciendo, hoy estamos en una situación que no podemos dejar de observar
de violaciones graves a los derechos humanos, les guste o no les guste,
esa es la realidad, no la podemos ocultar, cada quien carga lo que le
corresponde y eso se ve y se refleja también en los resultados de lo que
seguramente va a ser la elección en el primero de julio.
Yo
creo que todas y todos, independientemente de quién sea nuestro
candidato, tenemos que trabajar para que México salga de la bronca en la
que se encuentra,
y yo creo que si hay voluntad política, pues no estaríamos ahorita
presentando reformas a la Constitución, eso podría hacerse de manera
ejecutiva, pero no se ha hecho.
De tal manera, que estamos presentado la iniciativa conducente a la Constitución para que no haya ningún pretexto.
Gracias a todas y a todos ustedes, por su atención.
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