martes, 8 de mayo de 2018

Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG): Gracias, Presidente.
Con su venia, señoras y señores.
Lo que está en el contexto de la iniciativa que estamos presentando tiene que ver con las distintas recomendaciones que en su momento, después de una visita que hiciera el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el mes de octubre del 201, debemos recordar que hizo recomendaciones después de su visita y después de atender diversas reuniones, incluso con diferentes entes del gobierno mexicano, y en marzo del siguiente año, es decir, marzo del 2016, hizo catorce recomendaciones que dista mucho al Estado mexicano de estar atendiendo.
Es importante señalarlo porque de manera particular, la primera de ellas tiene que ver con la conformación de un Consejo Asesor, que esté integrados por renombrados expertas y expertos en el campo de los derechos humanos y en el combate a la impunidad; que tendría como objeto asesorar de manera esencial al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y de sanción, y sobre todo, para revertir la tasa de impunidad imperante en México.
El Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar distintas rutas a seguir para que haya una correcta implementación de las recomendaciones, y sobre todo, en el caso de la vinculación con distintos tratados internacionales, pues atender nuestro compromiso vinculante, además de atender las recomendaciones que desde distintos organismos, particularmente Naciones Unidas, deberían tomarse en consideración.
Voy a mencionar varios, uno es el Examen Periódico Universal; las distintas recomendaciones que los distintos relatores de Naciones Unidas han hecho a México, en fin; nos parece que hay una gran agenda importante que debería tomarse en consideración, pero que ahí queda, abandonada, se reciben, se dan respuestas como la que hoy, por cierto, está dando la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR, bueno, quien está encargado de la PGR, ni siquiera es el Procurador, el encargado del despacho, quien junto con la Secretaría de Gobernación, le han respondido a la Oficina del Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos sobre los señalamientos que se han hecho respecto de la investigación y, sobre todo, cómo se ha incurrido en la práctica de la tortura.
Ese es un problema que no solamente lo ha dicho el Alto Comisionado, lo han dicho distintos organismos de derechos humanos, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos importantes en México.
De tal manera, que es importante tomar en cuenta que México ya no puede quedar, señoras y señores, en una burbuja en donde pareciera que todo lo que no nos gusta, sobre todo quienes están al frente del gobierno, se repele, se le da la vuelta y, por supuesto, cuando se tata de situaciones que tienen que ver con los derechos humanos, pues se argumenta que la ley no precisa más que hasta donde se tiene la posible participación de México ante los distintos organismos, las recomendaciones que se valoran, etcétera, etcétera, pero no pasa de ahí.
De ahí que en el contexto de lo que estamos viviendo en México, tenemos que insistir que no puede ser pretexto la ley o la Constitución para que no se tomen en cuenta estas observaciones, pero sobre todo que se cumpla con la ley; porque además en México, además de que tenemos una Ley General contra la Tortura, también hay distintas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la tortura.
De tal manera, que ya no podemos darle vuelta a una grave y nos parece importante que México, además atendiendo estas recomendaciones del Alto Comisionado, pues pueda constituir de manera formal las comisiones que necesitamos de manera institucional, pues que ayuden al gobierno, en este caso al Ejecutivo federal.
¿Y cuál es la adición final que estamos haciendo? Y cuál es la adición que estamos haciendo en el último párrafo del último párrafo a 21 constitucional, donde se reconoce la  jurisdicción de la Corte Penal Internacional; enseguida, añadiríamos aquellos casos en los que el Estado mexicano solicita el apoyo o la asistencia técnica internacional para la investigación y la persecución penal de los delitos de corrupción y/o graves violaciones a los derechos humanos, la investigación y la acción penal se ajustarán a lo establecido en esta Constitución y en los tratados o convenios internacionales de los que nuestro país sea parte.
Termino diciendo, hoy estamos en una situación que no podemos dejar de observar de violaciones graves a los derechos humanos, les guste o no les guste, esa es la realidad, no la podemos ocultar, cada quien carga lo que le corresponde y eso se ve y se refleja también en los resultados de lo que seguramente va a ser la elección en el primero de julio.
Yo creo que todas y todos, independientemente de quién sea nuestro candidato, tenemos que trabajar para que México salga de la bronca en la que se encuentra, y yo creo que si hay voluntad política, pues no estaríamos ahorita presentando reformas a la Constitución, eso podría hacerse de manera ejecutiva, pero no se ha hecho.
De tal manera, que estamos presentado la iniciativa conducente a la Constitución para que no haya ningún pretexto.
Gracias a todas y a todos ustedes, por su atención.

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