Boletín: situación de desplazamiento interno forzado en México CMDPDH

 

Febrero 2022

Posponen discusión de Ley General de Desplazamiento en Senado; CNDH emite Recomendación sobre caso Tierra Blanca; Presentan iniciativa de ley especializada en Estado de México; CEDH de Michoacán reconoce entre 30 mil y 60 mil personas desplazadas internamente en el último año y medio; Sinaloa hará nuevo registro de personas desplazadas; Personas desplazadas en Matamoros y Nuevo Laredo buscan obtener asilo en EE.UU.

Contexto A más de año y medio de haber sido aprobada la minuta con proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en la Cámara de Diputados, las tres Comisiones del Senado encargadas de su dictaminación comunicaron que el 2 de marzo celebrarían una reunión para analizar y discutir la propuesta de dictamen. Sin embargo, días antes y mediante un comunicado, pospusieron la reunión explicando que la decisión se debía a la necesidad de generar “un espacio de diálogo que sea propicio para lograr un consenso plural entre legisladoras y legisladores; las organizaciones de la sociedad civil; organizaciones de derechos humanos; colectivos de personas víctimas de desplazamiento forzado; y demás público interesado en el tema.” En respuesta a esto, el Colectivo Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado realizó una conferencia de prensa en el Senado para exhortar a las y los legisladores a discutir y aprobar la ley y, desde la CMDPDH emitimos un comunicado urgiendo a las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos el cumplimiento del compromiso asumido en su comunicación, subrayando que para lograr una participación realmente efectiva de la población desplazada es necesario que los espacios de diálogo convocados sean abiertos, representativos y accesibles y cuya planeación sea transparente y colaborativa.    El 22 de febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación No. 36/2022 sobre el desplazamiento interno de personas indígenas triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala, municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca donde alrededor de 200 familias huyeron tras varias agresiones armadas en diciembre de 2020. La CNDH recomendó a las autoridades estatales y municipales la reparación del daño causado a las víctimas, así como la adopción de diversas medidas de protección y atención, entre las que se encuentran: elaborar un censo poblacional de la comunidad desplazada internamente y un diagnóstico sobre su situación actual; proporcionar tratamiento médico, psicológico y tanatológico, de manera culturalmente adecuada, para restablecer su salud física y emocional; diseñar e implementar un plan de atención para que accedan a las ayudas establecidas en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas de Oaxaca y elaborar un plan de soluciones duraderas y reparación colectiva. El Comité de Desplazados de Tierra Blanca lamentó que la CNDH no hiciera recomendaciones a las instancias del gobierno federal, pues consideran que también tienen responsabilidades en la materia.

Nuevos desplazamientos   En febrero documentamos al menos un episodio de desplazamiento interno en México. En los primeros días del mes, en el estado de Zacatecas fue registrado el desplazamiento interno de cinco familias que aún permanecían en la comunidad de Palmas Altas, municipio de Jerez, quienes huyeron solo con lo que traían puesto después de recibir un ultimátum por parte del crimen organizado advirtiéndoles: “o se van antes de la 1 de la tarde, o dense por muertos”. El resto de la población que residía en esta localidad huyó el año anterior por lo que el desplazamiento de estas últimas familias dejó despoblada la comunidad. A mediados del mes, la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo el Plan DN-III para acompañar y resguardar el retorno a la comunidad y apoyar a las familias desplazadas para que recogieran vehículos, sacos de avena, implementos agrícolas, enseres domésticos, muebles, documentos y ropa.

¿Qué más ocurrió en febrero?   Se presentaron dos propuestas legislativas para crear marcos normativos en materia de desplazamiento interno. El Grupo Plural, compuesto por Senadoras y Senadores de distintos partidos, presentó una iniciativa para, entre otras cosas, expedir la Ley nacional para la prevención, protección, generación de soluciones duraderas y sanciones en materia de desplazamiento interno forzado. En el Estado de México, la Dip. Karina Labastida del grupo parlamentario de Morena presentó una propuesta para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Interno Forzado ya que, señaló, se ha identificado a la entidad como expulsora y receptora de población en situación de desplazamiento interno forzado por factores relacionados con la violencia y la inseguridad.    Baja California Alrededor de 381 personas migrantes, la tercera parte de ellas niñas y niños, del campamento “El Chaparral” fueron desalojados y redirigidos al Centro Integrador del Migrante Carmen Serdán, al Santuario del Migrante y al refugio para migrantes ubicado en la parroquia San Juan Bosco. Algunas de las personas desalojadas, entre ellas familias desplazadas con niñas y niños, principalmente de Guerrero y Michoacán, arribaron a la garita de Otay para pedir asilo político en EE.UU.  Personas desplazadas por la violencia, tanto de México como de Centroamérica, se manifestaron frente a la delegación de la Fiscalía General de la República en Tijuana para exigir la protección de sus datos personales ya que, aseguraron, la Fiscalía los filtró al crimen organizado.   Chiapas En el comedor autónomo “Santa Rita de Casia” de San Cristóbal de las Casas más de 50 personas desplazadas en julio de 2021 del municipio de Pantelhó, solicitaron apoyo para despensa y alimentación. El Director del comedor señaló que la Secretaría de Protección Civil había canalizado apoyos a las familias, pero recientemente los canceló porque “ya no hay desplazados ni gente que los necesite”, esto a pesar de que el comedor cuenta con un registro de 380 personas que aún se encuentran desplazadas, entre ellas por lo menos 70 niñas, niños y mujeres. Las 28 familias expulsadas hace 10 años por profesar la religión evangélica en San José Yashtinin, municipio de San Cristóbal de las Casas, y que ahora suman 32 familias integradas por 123 niñas y niños, exigieron al gobierno del Estado y al actual ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, el cumplimiento de la única demanda que hicieron y en la que solicitaron su reubicación en los terrenos prometidos.   Michoacán El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos declaró que cerca de 30 mil menores de edad han quedado huérfanos por la violencia en el estado y que en el último año y medio:  Entre 30 mil y 60 mil personas han sido desplazadas internamente y muchas de ellas han huido hacia otras entidades del país, como Baja California, donde se ha reconocido que el 60% de las personas en situación de movilidad en Tijuana son michoacanas “expulsadas por la violencia que va en incremento”. La Comisión ha atendido a algunas de las 60 mil personas desplazadas por la violencia en el estado.  Oaxaca A tres meses de su desplazamiento, las familias de San Esteban Atatlahuca continúan viviendo en diferentes albergues: 75 están alojadas en un albergue improvisado en Guerrero Grande; 16 en el del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en el municipio de Tlaxiaco, y 58 en la cabecera de Atatlahuca. Además, seis personas continúan desaparecidas, entre las cuales se encuentra la ambientalista mixteca Irma Galindo Barrios, y sobre quienes no hay indicios sobre si se encuentran con vida o no.  El representante legal de las siete familias mixes desplazadas en enero por intolerancia religiosa de la localidad de San Pedro Chimaltepec, municipio de San Juan Mazatlán Mixe, señaló la falta de avances en el caso a pesar de que tanto la Secretaría General de Gobierno como la Fiscalía Estatal conocen de la situación, y compartió el temor que tienen las familias de ser despojadas de sus viviendas y tierras de cultivo por haberlas abandonado. El abogado afirmó que de no encontrar respuesta por parte de autoridades estatales, acudirán a instancias federales para solucionar la situación y lograr el regreso seguro de las familias.  Sinaloa El Gobernador del estado firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) para elaborar el Registro y Diagnóstico de Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, el cual permitirá al gobierno cuantificar el número de familias en situación de desplazamiento interno en el estado, identificar el lugar de origen y de destino, conocer el número de viviendas que requieran las familias, canalizar de manera directa los apoyos a las personas desplazadas internas, entre otros fines. En 2021, el gobierno sinaloense y la UAO realizaron un primer censo sobre personas desplazadas internas en la entidad.  Tamaulipas Entre octubre de 2017 y febrero de 2022, poco más de 7 mil personas desplazadas por la inseguridad que se vive en diversos estados del país, han llegado a Matamoros, de acuerdo con el administrador de la Casa del Migrante. La mayoría de las personas desplazadas internas provienen de los estados de Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Puebla y tienen la intención de cruzar hacia Estados Unidos y solicitar asilo político, sin embargo afirmó que quienes no han podido hacerlo permanecen en el municipio.  De acuerdo con la diócesis de Nuevo Laredo, un grupo de 110 personas desplazadas por la violencia, la mayoría mujeres con hijos, de los estados de Guerrero y Michoacán, se encuentran albergadas en la Casa de Migrante Nazareth en espera de obtener asilo político en EE.UU. En el albergue las personas reciben alimentación, vestido, asesoría jurídica y psicológica, atención médica y espiritual. Zacatecas Familias desplazadas internamente de los municipios de Jerez, Valparaíso y Fresnillo fueron custodiadas por la Guardia Nacional para recoger sus pertenencias y trasladarse a otras comunidades. El gobernador señaló que se está trabajando con diferentes secretarías de estado para mejorar la situación de violencia en el estado.

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