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El
pasado 1 de febrero de 2021, un grupo de al menos 200 estudiantes de
medicina se manifestaron en la ciudad de Mérida, Yucatán, por las muertes de Mariana Sánchez y Karla J. Gutiérrez, estudiantes de medicina que presuntamente se quitaron la vida.
En sus muertes se evidencian una serie de omisiones por parte de diversas autoridades. En el caso de Karla, tanto las autoridades de la Secretaría de Salud como de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY),
dejaron claro que la salud mental, la integridad y seguridad personales
de las y los estudiantes no son un tema de relevancia institucional.
De
acuerdo con los hechos narrados por la madre de Karla, María Guadalupe
Kú Cobá, su hija había solicitado ayuda al personal del departamento de
psicopedagogía de la Facultad de Medicina de la UADY para atender su
salud mental. La respuesta de dicho personal mostró una ausencia total
de empatía y desconocimiento claro sobre la atención que debe otorgarse a
los padecimientos mentales: “si no puedes con la carrera, cámbiate” o “no creo que esto sea motivo para que te suicides”, le dijeron a Karla cuando pidió ayuda.
Luego
de esto, Karla fue comisionada al municipio de Tahdziú en Yucatán para
realizar su servicio social. La comunidad se encuentra a más de 140
kilómetros de su red de apoyo: su familia y amistades. No le dieron
ningún tipo de protección para mitigar los riesgos derivados de la
pandemia por COVID-19, la obligaron a atender pacientes aún fuera de su
horario bajo amenazas de no liberar su servicio e incluso, la
condicionaron a dormir en el centro de salud de dicha localidad, sin las
más mínimas medidas de seguridad.
Personal
sanitario del centro de salud sabía del deterioro de la salud mental de
Karla, quien tuvo al menos dos crisis nerviosas en dicho lugar, pues le
consiguieron medicamento para tratar sus síntomas. Sin embargo, las
mismas autoridades de salud se negaron a cambiar las condiciones de su
servicio social afirmando que la salud mental no era motivo de
incapacidad médica y que tenía que seguir con sus labores. Por si fuera
poco, Karla fue privada de sus días de descanso en fines de semana y con
ello, de la posibilidad real de ver a su familia y amistades.
El día que Karla supuestamente se quitó la vida,
se dijeron múltiples versiones que generan dudas acerca de la veracidad
de las mismas y se omitió investigar su muerte conforme a estándares
nacionales e internacionales relativos a las muertes violentas de
mujeres.
Derivado de estos hechos, María
Guadalupe Kú Cobá con el acompañamiento de Acciones por la Dignidad
presentamos formalmente una queja ante la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Yucatán, a fin de que se investiguen las
violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de Karla por
parte de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Secretaría de Salud y
Servicios de Salud de Yucatán.
Exigimos
que las autoridades responsables investiguen de manera seria, diligente
y con perspectiva de género la muerte de Karla, hasta agotar todas las
líneas de investigación e identificar a las personas responsables. Su
madre María Guadalupe Kú Cobá y toda la sociedad merecemos verdad,
justicia y garantías de no repetición.
¡No
queremos más mujeres atravesadas por las violencias de las que son
partícipes y cómplices las instituciones de gobierno. Ni una más!
#VerdadYJusticiaParaKarla
ACCIONES POR LA DIGNIDAD
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