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Las
organizaciones de la sociedad civil expresamos grave preocupación por
la estrategia llevada a cabo desde el gobierno federal con respecto a
los CPS, o centros de reinserción social por Contrato de Prestación de
Servicios.
Durante
los últimos dos años bajo la administración de Andrés Manuel López
Obrador, se han cerrado 4 de los Centros Federales de Reinserción Social
más grandes del país: Islas Marías, Puente Grande, Sureste de
Huimanguillo y Matamoros. Estos cierres parecen atender a un foco del
que el gobierno federal no ha querido bajar el dedo del renglón: se
necesitan ocupar los CPS pues se están pagando extraorbitantes
cantidades de dinero público para su operación y uso, cuando hay pocas
personas privadas de libertad dentro de ellos.
El
problema, como bien se señaló en la conferencia matutina de hoy, es que
a los CPS creados durante el sexenio de Felipe Calderón bajo la
supervisión de García Luna, se les otorgaron contratos con 20 años de
duración. Hasta este 2021, es decir, a 9 años de su privatización,
mantenerlos activos ha representado un costo de $75 mil 661 millones de
pesos. Para cumplir con los 11 años restantes comprometidos por el
gobierno, restaría un pago de $190 mil 638 millones de pesos, es decir,
un total general de $266 mil 300 millones de pesos por 20 años.
Estos
centros se han mantenido al margen de sus capacidades tanto de cantidad
de personas como servicios presentados, por lo que se han llevado a
cabo más de 3500 traslados de personas privadas de libertad de
diferentes centros del país hacia ellos. Los traslados, además de
generar situaciones de extrema vulnerabilidad para abusos de derechos
humanos, causan la transferencia de la pena a sus familiares: ellas y
ellos son quienes seguido se ven afectados por los costos para hacer
visitas, dar víveres o, en los peores casos, la desaparición, tortura y
falta de información de la persona privada de libertad.
La
conversación, por tanto, que se llevó a cabo por parte del gobierno
federal en la conferencia matutina del presidente del día de hoy, 13 de
enero, se enfocó en el entramado de corrupción y opacidad de dichos
centros y los elevados costos que tiene mantener a las personas ahí:
“(…) En promedio tres mil 500 pesos diarios tener un recluso, pues es lo
que yo gano al mes, o sea, 100 mil… Sí, es lo que yo gano diario como
presidente. Es un hotel de gran lujo”. Sin embargo, desde la sociedad
civil queremos resaltar que si bien la temática de la corrupción es
importante, no debe de soslayar de ninguna manera los atropellos y
abusos de derechos humanos que suceden cotidianamente en dichos centros
privados, CPS. Los centros penitenciarios no son “hoteles de gran lujo”,
son mecanismos institucionales en los cuales miles de personas
sufren atropellos graves a su dignidad humana, sin importar el
presupuesto que se le destine.
Si,
en efecto, el gobierno federal buscará dar un término anterior a los
contratos que se generaron en 2010, quedan aún interrogantes muy
importantes sobre el uso y efecto de los CPS. En primer lugar, sobre el
papel del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) y
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para poder acceder a los
centros y generar información sin opacidad de los mismos, atender sus
recomendaciones y también la de organismos internacionales como el Sub
Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) en 2019. Misma que en su documento público,
mostró los graves rezagos que se deben atender, así como el inequívoco
señalamiento de la tortura como una práctica sistemática en las
prisiones del país.
La CNDH en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP 2019)
registró que en todos los CPS hay “insuficiencia de personal de
seguridad y custodia”; en 7 de los 8 centros existe “deficiencia en los
servicios de salud”; en 7 de los 8 centros no hay suficientes
actividades laborales, de capacitación o educativas; y en 3 de los 8 hay
una “inadecuada vinculación de la persona privada de libertad con la
sociedad”. Todos estos rubros mencionados específicamente atienden a la
reinserción social de las
personas, la cual dentro de los CPS no parece ser importante, aunque ese
sea el fin último del sistema penitenciario mexicano.
Estos
mismos centros, como bien lo expusieron activistas, litigantes e
incluso el Instituto de Defensoría Pública Federal (IFDP), han incurrido
en violaciones de derechos humanos que caen en las peores expresiones
de tortura sistemática que existen en el país. El IFDP, de hecho, declaró
que “los Ceferesos creados por inversión privada son los peor
calificados o los más violentos en el Sistema Penitenciario Federal”.
Mujeres a las que se les niega el acceso a cualquier tipo de servicio
sanitario, restricciones de agua y
obligación a beberla de los mingitorios, tortura a través de control de
sonidos y luz, depravación de sueño, técnicas despersonalización y de
sometimiento, entre otras cosas, se han revisado en amparos señalando
más de uno de los CPS.
Reconocemos
la intención del gobierno federal de hacer pública la información sobre
los contratos millonarios hechos para construir y operar los CPS,
después de 9 años en la opacidad. No obstante, el peligro de señalar
estos centros como “hoteles de lujo”, lleva a desviar la conversación de
la realidad del sistema penitenciario: tortura sistemática, abuso de
prisión preventiva, reincidencia delictiva, violencia sexual, violencia
institucional contra las mujeres, personas de la comunidad LGBTTTQI+
olvidadas, hacinamiento, autogobierno, falta de condiciones de vida
digna, víctimas de abuso y las miles de personas que por los traslados
masivos han sido alejadas de sus familias.
ATENTAMENTE
Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC ASILEGAL
Observatorio Nacional de Detenciones Arbitrarias ONDA
Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra AC
Interculturalidad, Salud y Derechos A.C. INSADE
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC
Derechos sin Barreras
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Colectivo Algaraza
Mexicanos Haciendo Bola A.C.
Poliana
Libremente AC
La Cana, Proyecto de Reinserción Social, A.C.
Organización Comunitaria para la Paz A.C.
Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. CODIGO DH
Colectivo Hazme Valer. Estado de México
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC. CEPAD
Educación y Ciudadanía A. C. EDUCIAC
Acciona Transformando
Caminos para SER y HACER, A.C.
Almas Cautivas A.C
Casa de las Muñecas Tiresias AC
El Caracol AC
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
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