La estrategia de seguridad empleada por el expresidente Felipe Calderón dio paso a una militarización de la seguridad pública que se tradujo en un ambiente de violencia que crecía de forma exponencial, sobre todo en aquellos estados en los que se dio la implementación de los llamados Operativos Conjuntos, mismos en los que se dio el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas de México (FAM) en conjunto con otras unidades o autoridades federales y locales, para el supuesto combate frontal al narcotráfico.
De acuerdo con el documento entregado a la Fiscalía de la CPI, existen elementos suficientes para considerar que el personal del Ejército Mexicano que tenía actividad en el Estado de Chihuahua y el que se encontraba bajo el mando del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), participó en la comisión de crímenes graves en contra de población civil, principalmente en la modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas, cometidos en el marco de una política de seguridad que justifica y legitima dichos crímenes. Los casos demuestran la existencia de una política clara de actuación de las fuerzas militares, misma que era conocida y promovida incluso por los más altos mandos militares.
En la primera mitad de 2008, a tres meses de iniciado el OCCH, se presentaron a la CNDH 199 quejas de abusos perpetrados por militares en el estado de Chihuahua. Mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó en 2009, haber recibido más de 1,450 quejas en las que se señaló como autoridades responsables a las fuerzas de seguridad que participaron en el marco del OCCH.
Para la elaboración de la denuncia fueron analizados 35 casos, los cuales comprenden un total de 121 víctimas directas de crímenes que se cometieron en el marco de la primera fase del OCCH por elementos militares. Dichos casos dan muestra de patrones claros de actuación que permiten afirmar que se han cometido crímenes bajo la competencia de la CPI en dicho Estado fronterizo, principalmente crímenes de lesa humanidad, mismos en los que los máximos responsables continúan sin ser investigados, procesados y enjuiciados.
Todo esto da cuenta de una escena criminal en donde ese hace uso de recursos oficiales, personal e instalaciones militares, para la comisión de múltiples crímenes en contra de la población, que quedan cobijados por la impunidad y la constante inacción del sistema de justicia mexicano; por ello la CMDPDH en conjunto con otras ONG ha recurrido ante la Corte Penal Internacional para que se reconozca la existencia de crímenes en contra de la humanidad, dejando que desde la misma Corte se determine si se tiene jurisdicción y que acciones legales se deberán tomar para juzgar a los perpetradores y cómplices de dichos crímenes.
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