Leopoldo Somohano, Director Corporativo de Estrategia y Desarrollo de Negocios, Principal.
El
30 de marzo iniciaron oficialmente las campañas electorales de los
candidatos a la Presidencia de México para el periodo
2018-2024, y durante los próximos tres meses estaremos escuchando las
propuestas de cuatro proyectos que definirán la agenda nacional, cada
uno con un sello particular. Sin embargo, a pesar de lo costoso que será
en unos pocos años, no hemos visto hasta ahora
que la problemática de las pensiones ocupe uno de los grandes temas
urgentes a resolver en nuestro país.
En
Principal creemos que los mexicanos merecen pensiones justas, por ello
debemos mejorar el andamiaje del sistema para hacer
que logren el éxito financiero al llegar a la vejez. Nos gustaría ver
que cada uno de los candidatos planteen diagnósticos profundos y
propongan soluciones reales a este problema. Quien resulte ganador en la
elección del primero de julio tendrá el gran reto
de enfrentar la crisis de las pensiones en México y es importante saber
cómo lo piensa solucionar.
Existen
tres puntos importantes a considerar cuando hablamos de este tema: (1)
el creciente gasto destinado al pago de las
pensiones públicas de reparto actuales: IMSS e ISSSTE de leyes
anteriores, CFE, PEMEX, Fuerzas Armadas, así como Ferronales, y Luz y
Fuerza del Centro; (2) las insuficientes pensiones que alcanzarán los
futuros pensionados del Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR) bajo las leyes reformadas del IMSS (1997) e ISSSTE (2007); y (3)
la fragmentación de los sistemas de pensiones a nivel local de Estados,
Municipios y Universidades, cuyos requisitos pensionarios varían
considerablemente fomentando la desigualdad de los
ingresos en la vejez. Éstos, a su vez, intensificados por el impacto
del envejecimiento poblacional.
Nuestra gran herencia social
Entre
el 2021 y 2022, durante el tercer y cuarto año de gobierno de quien
resulte ganador en las elecciones de este año,
se pensionarán los primeros trabajadores bajo la reformada Ley del IMSS
(1997) quienes, de acuerdo con estimaciones asociadas al bajo nivel de
ahorro, apenas alcanzarán en promedio una pensión del 30% de su último
sueldo[1].
Según datos de la CONSAR, 2,159 mexicanos cumplirán 65 años cada día en el 2020, en contraste con 3,005 que cumplirán 65 años cada día en el 2030[2].
Tan solo en el próximo sexenio, los mexicanos que lleguen a la edad legal de retiro se incrementarán en 20%[3].
Dado
que el número de pensionados crecerá exponencialmente año con año
conforme la dinámica de envejecimiento poblacional,
el actual gasto en pensiones crecerá a un ritmo mayor, pues se sumará
un requerimiento de gasto adicional para solventar las demandas por
servicios de salud de esta población cuyas pensiones serán muy bajas,
presionando aún más el presupuesto público federal
destinado a este segmento de adultos mayores. Consideramos que no habrá
presupuesto público que alcance y la sociedad mexicana pagará, más
temprano que tarde, el costo de no realizar ahora una reforma de fondo
en materia pensionaria.
La
vejez es una etapa de vulnerabilidad social y financiera, pero una
reforma estructural en pensiones emparejará las oportunidades
de todos los mexicanos y atenuará las desigualdades. Es claro que el
sistema de pensiones mexicano requiere una actualización, como en su
momento se inició la negociación para modernizar el
Tratado de Libre Comercio con América del Norte tras
poco más de dos décadas de operación. Un apoyo pensionario para todos
los mexicanos al llegar a los 65 años no es suficiente, ni en términos
de sostenibilidad financiera ni de
calidad de vida.
Nos
sumamos al exhorto de empresarios y de la ciudadanía en general,
exigiendo en las plataformas
electorales de todos los candidatos presidenciales propuestas claras y
contundentes para los grandes problemas y retos que enfrenta nuestro
país.
Estamos abiertos a generar un diálogo positivo que construya mejoras
viables en el sistema de pensiones mexicano y que asegure el bienestar
de todos. Es tiempo de actuar.
Datos interesantes
·
El
gasto destinado para el pago de pensiones de 5.4 millones de pensionados
actuales representa 15.2% del presupuesto total federal este año,
aproximadamente
3.5% del PIB[4].
·
Alrededor
del 53% de los cotizantes actuales (22 millones) no logrará cumplir los
requisitos pensionarios o ahorrar lo suficiente para pagarse una
pensión
superior a un salario mínimo[5].
·
Estimaciones indican que las pensiones de los Estados, Municipios y Universidades Públicas costarán alrededor del 15% del PIB[6],
cuyo gasto actual se registra en sus contabilidades como gasto corriente de nómina, dificultando su dimensión real.
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