“ESTADÍSTICAS
A PROPÓSITO DE… DÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (23 DE
JUNIO)”
En 2016, 4.2
millones de servidores públicos trabajaban en las diferentes
instituciones de las administraciones públicas de México, lo que
representó una tasa nacional de 344 servidores públicos por cada
diez mil habitantes. El 39% laboraba en el ámbito federal y el 61%
en las administraciones estatales
Si bien se encontró
una proporción similar de hombres y mujeres laborando en la
administración pública federal y en las entidades federativas, en
todos los ámbitos de gobierno persiste la inequidad salarial por
sexo, ya que la proporción de mujeres que recibía más de 20 mil
pesos mensuales era menor que la de hombres.
En 2017 más de 60%
de la población manifestó confiar en las instituciones públicas de
educación, salud, el ejército y la marina; alrededor de 2 de cada
10 personas expresó tener confianza en los partidos políticos o en
los diputados y senadores
Las Naciones Unidas
establecieron el 23 de junio como el Día para la Administración
Pública con el “objetivo de revitalizar la administración pública
creando una cultura de renovación, colaboración y respuesta a las
necesidades de los ciudadanos”, poniendo en relieve su contribución
al proceso de desarrollo. El tema que en 2018 enmarca este día es
“Transformar la gobernanza para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”. i
En el marco de la
Agenda Global para el Desarrollo 2030, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) fueron establecidos para que los países adopten
medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las generaciones
futuras en condiciones de mayor igualdad de oportunidades y
reconociendo la importancia de cuidar el medio ambiente.
Por su parte, la
gobernanza juega un papel clave porque ofrece elementos para
transformar la forma de gobernar un país a partir de los principios
de transparencia, participación ciudadana, libertad de expresión,
lucha contra la corrupción y acceso a la justicia.ii
Teniendo esto en
cuenta, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
presenta información estadística sobre algunos aspectos en que las
administraciones públicas federal y estatal en México pueden
contribuir a la consecución de estos objetivos; en particular a lo
que se refiere el Objetivo 16, el cual promueve la igualdad, la
seguridad, el acceso a la justicia y, en general, la protección de
los derechos fundamentales a través de la construcción de
instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los
niveles.
Para conocer la
composición de las administraciones públicas, se presenta
información sobre las funciones y características de los recursos
humanos que trabajan en las instituciones públicas federales y
estatales.
También se ofrecen
datos sobre qué tan satisfecha está la población con algunos
servicios públicos, así como las acciones que lleva a cabo el
gobierno para garantizar el derecho de acceso a la información.
Adicionalmente, y
como un aspecto significativo de las dimensiones de gobernanza, se
presentan cifras sobre la confianza de la población en las
instituciones gubernamentales.
La información
estadística proviene de los censos nacionales de gobierno y de la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 y 2017, los
cuales son parte de los proyectos que el INEGI realiza en el marco
del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad
Pública e Impartición de Justicia.
Recursos de las
administraciones públicas estatales y federales
En 2016 las
administraciones públicas estaban integradas por 4 203 475
servidores públicos, de los cuales 39% laboraba en el ámbito
federal y 61% en las administraciones estatales.
De acuerdo con la
función que desempeñaban, se observa que la mayor parte del
personal estatal laboraba en instituciones educativas, ya sea de
nivel básico, media superior o superior, las cuales concentraban
51.1% del personal; en tanto que 14.7% de los servidores públicos
estatales estaban adscritos a instituciones dedicadas a la salud, y
14.4% en instituciones de justicia, que incluye seguridad pública,
procuración e impartición de justicia.
En el ámbito
federal, 33.1% de los servidores públicos trabajaban en dependencias
de seguridad social y 21.4% en educación (Gráfica 1).
Respecto a la
capacidad de atención a la población, en 2016 había 344 servidores
públicos por cada diez mil habitantes a nivel nacional, de los
cuales 210 laboraban en las administraciones públicas estatales y
134 en la administración pública federal (Gráfica 2).
A nivel estatal se
encontraron diferencias significativas. Por ejemplo, en entidades
como Puebla, Sinaloa y Coahuila de Zaragoza había menos de 100
servidores por cada diez mil habitantes.
En estados como
Tabasco, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California Sur, Zacatecas,
Yucatán, Durango, Hidalgo y Ciudad de México había más de 300
servidores por cada diez mil habitantes.
Los ODS buscan
reducir las desigualdades en todas sus expresiones, ello incluye
cerrar las brechas de participación de los diferentes grupos
poblacionales en las decisiones de gobierno.
Respecto a la
distribución de los servidores públicos por sexo, con excepción de
las instituciones del ámbito de procuración de justicia -tanto
federal como estatal- donde la proporción de hombres fue mayor a la
de mujeres, en general se encontró una distribución equivalente de
hombres y mujeres laborando en las administraciones públicas
(Gráfica 3).
Esto contrasta con
la distribución observada en el resto de la economía donde el 61.8%
de los trabajadores eran hombres y 38.2% mujeres.
Al centrarnos en las
instituciones de los gobiernos estatales se observa que en la mayoría
de las entidades las mujeres representaban más de la mitad del
personal laborando en las administraciones públicas estatales, con
excepción de la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas donde alrededor
de 6 de cada 10 servidores públicos eran hombres.
Sin embargo, al
analizar la distribución de los puestos de dirección, apenas uno de
cada cuatro titulares de esas dependencias eran mujeres, y en Chiapas
esta razón fue solo de uno de cada 10 funcionarios titulares
(Gráfica 4).
En el análisis de
las edades del personal de las instituciones públicas, se observa
que poco más de 60% de los servidores públicos se ubicaban en el
rango entre los 30 y 49 años de edad, tanto en las instituciones del
ámbito estatal como del federal.
A diferencia de lo
que se observa en el resto de la economía, donde 30% del personal
ocupado tenía entre 18 y 29 años de edad, en el gobierno los
jóvenes representaban alrededor de 15% del personal ocupado en las
administraciones locales y 11.5% en la administración pública
federal (Gráfica 5).
Otro aspecto
importante por analizar es la equidad en las remuneraciones de los
servidores públicos. La Gráfica 6 muestra que en todos los ámbitos
de gobierno persiste la inequidad salarial por sexo, ya que la
proporción de mujeres que recibía más de 20 mil pesos mensuales
era menor que la de hombres.
Asimismo, en el
ámbito federal se encontró una mayor diferencia entre los que más
y menos ganaban. Mientras que en el ámbito estatal alrededor de 50%
de los servidores ganaban entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales,
menos de 20% de los empleados federales se encontraban en este rango
salarial, ya que más de 50% de los servidores públicos del gobierno
federal ganaban menos de 10 mil pesos mensuales, con excepción de
las instituciones de justicia donde se observaron las remuneraciones
más altas.
Por entidad
federativa, en la mayoría de las entidades las diferencias de género
se registraron en los rangos de ingresos más altos, principalmente
en las remuneraciones de más de 20 mil pesos mensuales.
Las entidades con
mayores diferencias en este rango de ingreso fueron Guanajuato, San
Luis Potosí, el estado de México y Sonora, con una brecha de más
de siete puntos porcentuales. Las excepciones fueron la Ciudad de
México, Yucatán, Tabasco, Aguascalientes y Baja California Sur
(Gráfica 7).
Asimismo, se
encontró que en 13 entidades la proporción de mujeres que ganaban
menos de 10 mil pesos mensuales fue mayor que la proporción de
hombres en el mismo rango de ingresos. En Colima y Nuevo León esta
diferencia alcanzó más de diez puntos porcentuales.
satisfacción con
los Servicios públicos bÁsicos
Otro aspecto de
trascendencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la
creación de instituciones públicas eficaces en la atención de las
necesidades y demandas de la población, para lo cual se ha propuesto
medir la satisfacción de la población con algunos de los servicios
básicos que proporciona el gobierno.
Con relación al
servicio de agua potable, en 2017, 53.8% de la población de 18 años
y más que habitaba en áreas urbanas expresó su satisfacción con
este servicio, observándose un ligero aumento con respecto al año
2015.
Por entidad
federativa, en algunos estados como Nuevo León, Baja California,
Querétaro, Sinaloa y Yucatán el nivel de satisfacción fue mayor a
70% y en otros como en Chiapas, Guerrero y Tabasco el nivel de
satisfacción fue menor a 30%.
Entre los años 2015
y 2017, en 27 estados hubo un aumento en la proporción de personas
urbanas satisfechas con el servicio de agua potable, entre las cuales
destacan Campeche, Baja California Sur y Durango como las entidades
con cambios mayores a 10 puntos porcentuales. En contraste, en cuatro
entidades se observó un ligero deterioro en el nivel de satisfacción
con dicho servicio (Gráfica 8).
De acuerdo con la
información brindada por la encuesta, la mayoría de la población
urbana reportó que entre las fallas más comunes en el servicio de
agua potable se encontraron la calidad del agua y las fugas, ya que
únicamente 23.7% de la población consideró que el agua era potable
y 35.1% que no había desperdicios por fugas.
Con respecto al
alumbrado público, en el año 2017, 35.9% de la población de zonas
urbanas estuvo satisfecha con este servicio, encontrándose una
ligera mejoría respecto a lo observado en 2015.
Las entidades donde
aumentó significativamente el nivel de satisfacción con este
servicio fueron Querétaro, Coahuila, Durango y Nuevo León que
tuvieron una mejoría de alrededor de 10 puntos porcentuales en
comparación con 2015.
En caso contrario,
en la Ciudad de México, Aguascalientes y Guanajuato se observó un
deterioro en la satisfacción con el servicio de alumbrado público
de más de cinco puntos porcentuales.
Entre las causas que
explican este bajo nivel de satisfacción con el servicio de
alumbrado está la falta de atención inmediata a las fallas, así
como un mantenimiento e iluminación inadecuados.
Con respecto a los
parques y jardines, 38% de la población manifestó estar satisfecha
con estas instalaciones, encontrándose diferencias notorias entre
entidades. Mientras que en Yucatán y Aguascalientes el nivel de
satisfacción se ubicó cerca del 60%, en Tabasco, Ciudad de México,
Chiapas y Puebla el porcentaje de la población satisfecha fue menor
a 30%.
Entre 2015 y 2017,
algunas entidades como Yucatán, Nuevo León, el estado de México,
Baja California Sur y Campeche registraron avances en la satisfacción
de la población con dicho servicio (Gráfica 9).
En tanto otras, como
Aguascalientes, Puebla, Ciudad de México, Sonora y Guanajuato, se
observó una disminución en el nivel de satisfacción. La
inseguridad, la falta de limpieza y buena imagen fueron de las fallas
más señaladas por la población respecto a los parques y jardines.
En lo que atañe al
servicio de recolección de basura, 65% de la población expresó
estar satisfecha con dicho servicio en 2017, observándose un aumento
de cuatro puntos porcentuales respecto al año 2015.
En el 2017,
únicamente en cuatro entidades menos de la mitad de la población
indicó sentirse satisfecha con el servicio de recolección de
basura, entre las que se encontraban Oaxaca y Guerrero en las que se
detectó un deterioro mayor en el nivel de percepción. Para la
población urbana, uno de los mayores retos del servicio de
recolección de basura es la separación de residuos.
En 2017, 23.7% de la
población manifestó estar satisfecha con las calles y avenidas de
su ciudad, ubicándose como uno de los servicios públicos peor
evaluados por la ciudadanía. No obstante, hubo entidades, como
Yucatán, donde el nivel de satisfacción mejoró respecto a 2015,
alcanzando un nivel de 50% de la población satisfecha.
En cambio, en
Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México alrededor de 2 de cada 10
personas expresaron estar satisfechas con las calles y avenidas
(Gráfica 10), siendo el mal estado de las calles y la falta de
mantenimiento algunas de las razones que explican este bajo nivel de
satisfacción.
Por su parte, con
más de 75% de la población satisfecha, el servicio de energía
eléctrica fue uno de los que registró el mayor nivel de
satisfacción en 2017. Entre las entidades donde se evaluó mejor
este servicio se encuentran Baja California Sur, Chihuahua y
Aguascalientes, pese a que en este último estado hubo un deterioro
de 2.5 puntos porcentuales.
La satisfacción con
el servicio de energía eléctrica puede explicarse porque la mayoría
de la población coincidió en que es un servicio sin apagones
frecuentes, sin variaciones importantes de voltaje y donde la
reinstalación en casos de apagón es inmediata.
satisfacción con
LOS SERVICIOS DE EDUCaCIÓN Y SALUD
El acceso a
servicios educativos y de salud de calidad son dos de los temas de
mayor prioridad en la agenda global de desarrollo 2030. Ambos son
fundamentales para ampliar las oportunidades de alcanzar un mayor
bienestar humano y social.
En México, los
servicios educativos pueden ser agrupados en educación básica, es
decir, primaria, secundaria y bachillerato, y en educación
universitaria.
Respecto a la
primera, en 2017, 66.7% de los usuarios de educación pública básica
expresaron su satisfacción con estos servicios, lo que significó un
aumento de 5.7 puntos porcentuales en comparación con 2015.
Oaxaca, Querétaro,
Puebla y Tabasco fueron de las entidades que presentaron incrementos
superiores a 15 puntos porcentuales en la proporción de usuarios
satisfechos. Entre las entidades que entre 2015 y 2017 redujeron sus
niveles de satisfacción con la educación básica, Quintana Roo y
Tlaxcala fueron las únicas que registraron disminuciones mayores a
cinco puntos porcentuales (Gráfica 11).
En relación con la
educación universitaria, 8.9% de la población de 18 años y más en
zonas urbanas era usuaria de este servicio en el año 2017,iii cuyo
nivel de satisfacción se ubicó en 2015 y 2017 en alrededor de ocho
de cada 10 personas.
De las cinco
entidades con mayor aumento en la proporción de usuarios
satisfechos, Michoacán tuvo el mayor incremento con 21.3 puntos
porcentuales respecto a 2015; en Guerrero, Chiapas, Hidalgo y Durango
se observaron mejorías superiores a 10 puntos porcentuales.
Dentro de las
entidades que registraron disminuciones en la proporción de usuarios
satisfechos con la educación universitaria se encontraron Tlaxcala,
San Luis Potosí, Querétaro, con reducciones de 16.5, 8.3 y 5.9
puntos porcentuales, respectivamente.
Aspectos de calidad,
como la capacidad del personal docente, el cumplimiento de los días
de clase y el buen estado de las instalaciones, fueron de los
mayormente reconocidos por la población usuaria.
De acuerdo con la
ENCIG, 59% de la población de 18 años y más residente de áreas
urbanas hizo uso de los servicios públicos de salud en 2017. De esta
población, 58.5% fue usuaria del IMSS, 11.4% del ISSSTE y 30.1% del
seguro popular o servicios de salud estatales.
En la Gráfica 12 se
observa la proporción de usuarios que reportó sentirse satisfecha
con este servicio de acuerdo con la institución a la que se
encontraba afiliada.
En 2017, la
proporción de población usuaria satisfecha con el servicio de salud
proporcionado por el IMSS a nivel nacional fue de 44.4%, cifra mayor
a la registrada en 2015.
Entre las entidades
donde se observó un avance en la proporción de personas satisfechas
con este servicio, se encuentran Yucatán, Michoacán y Chiapas con
aumentos de más de 15 puntos porcentuales respecto al año 2015.
En cambio, en
Tlaxcala y el estado de México, el nivel de satisfacción con los
servicios de salud del IMSS se redujo -9 y -3.7 puntos porcentuales,
respectivamente.
De forma similar, se
observa que la proporción de usuarios satisfechos con el servicio de
salud brindado por el ISSSTE aumentó 8.6 puntos porcentuales entre
2015 y 2017.
Por entidad
federativa, Baja California registró el mayor aumento con más de 30
puntos porcentuales, seguido por el estado de México y Tlaxcala con
incrementos de más de 15 puntos porcentuales. Entre los estados que
registraron una disminución en la proporción de usuarios
satisfechos con el ISSSTE estuvieron Nuevo León con 13.5 puntos
porcentuales menos, Sinaloa con -7.2 y Querétaro con -5.9.
Respecto a los
servicios de salud estatales o el Seguro Popular, la proporción de
usuarios satisfechos a nivel nacional se mantuvo en torno a 47% entre
2015 y 2017. Chihuahua, Yucatán y Nuevo León registraron aumentos
de más de 10 puntos porcentuales.
Entre las entidades
federativas donde se observaron disminuciones en este nivel de
satisfacción estuvieron Jalisco, que pasó de 60.2% en 2015 a 52% en
2017, le siguieron Sinaloa y San Luis Potosí que registraron
disminuciones de 6.9 y 5.8 puntos porcentuales, respectivamente.
tRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La transparencia y
el acceso a la información son parte del derecho a la libertad de
expresión instaurado en diferentes documentos y tratados
internacionales.iv
Propiamente, estos
derechos se inscriben en las metas 16.6 y 16.10 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, los cuales plantean la necesidad de crear
instituciones eficaces y transparentes que garanticen el acceso
público a la información y protejan las libertades fundamentales.
En México, el
derecho de acceso a la información es garantizado por el Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, cuya misión es construir la
política nacional, así como organizar y coordinar los esfuerzos
entre los distintos organismos involucrados en la materia.
De esta manera, las
administraciones públicas del país contribuyen al logro de estas
metas por medio de los mecanismos de transparencia y de protección
de datos personales que facilitan la interacción entre el gobierno y
la población.
Al respecto, las 32
entidades federativas contaban en 2016 con normativas para regular el
acceso a la información pública, así como con sistemas para la
recepción y atención de solicitudes de acceso a la información
pública y protección de datos personales (Gráfica 13).
Asimismo, 31
entidades reportaron tener Portales de Obligaciones de Transparencia
y 30 estados tuvieron normativas para regular la protección de datos
personales, con excepción de Baja California Sur y Chiapas que no
disponían de este mecanismo.
Solo Jalisco, Puebla
y Zacatecas fueron las entidades que en 2016 reportaron tener los 6
instrumentos para garantizar estos derechos.
Una forma de
dimensionar la participación y ejercicio de este derecho por parte
de la población es mediante el número de solicitudes de acceso a la
información presentadas a las instituciones públicas.
En el año 2016, la
población mexicana realizó 653 369 solicitudes de acceso a la
información pública a los sujetos obligados federales y de las
entidades federativas, lo que se traduce en una tasa de 5.3
solicitudes de acceso a la información por cada mil personas en el
país.
Se observa que los
sujetos obligados del nivel federal fueron los que recibieron más
solicitudes de acceso a la información, al concentrar 28.9% del
total de requerimientos presentados en el país.
A nivel de entidad
federativa, la Ciudad de México y Jalisco recibieron la mayor
proporción de solicitudes, con 19.4% y 10.4% de total nacional,
respectivamente (Gráfica 14).
Una forma de conocer
la eficiencia de las instituciones respecto a la atención de las
solicitudes de acceso a la información presentadas por la población
es la tasa de respuesta a estos requerimientos, que es el porcentaje
de solicitudes respondidas durante 2016 respecto al total de
solicitudes recibidas por las instituciones obligadas a brindar esta
información.
A nivel nacional,
los sujetos obligados del país de la administración pública
estatal respondieron 76.1% de las solicitudes recibidas, mientras que
a nivel federal la tasa de respuesta fue de 68.9%.
De las entidades que
proporcionaron información, la mayoría reportó haber atendido más
de 90% de las solicitudes de información recibidas (Gráfica 15).
Confianza en el
gobierno
La buena gobernanza
es el pilar para impulsar el cumplimento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Esto implica promover la equidad, la
participación ciudadana, el pluralismo, la transparencia en el
actuar del gobierno, la responsabilidad y el estado de derecho.v
Una de las
dimensiones claves de la gobernanza es la confianza que deposita la
población en las instituciones públicas, ya que es un indicador de
la forma en que las personas perciben el actuar gubernamental.
En el año 2017, las
instituciones de educación pública recibieron el mayor nivel de
confianza con 76.9% de la población de 18 años y más en áreas
urbanas que indicó sentir algo o mucha confianza en las
universidades públicas y 74.6% en las escuelas de nivel básico.
Las instituciones de
salud, el Ejército y la Marina, así como las comisiones de Derechos
Humanos, también recibieron niveles altos de confianza con 64.7%,
62.2% y 52.7% de la población que sentía mucha o algo de confianza
en estas instituciones, respectivamente (Gráfica 16).
Las dependencias
relacionadas con el ámbito legislativo o el ejercicio del poder
registraron los niveles más bajos de confianza. El 51.5% de la
población indicó sentir mucha desconfianza hacia los partidos
políticos y el 28.9% algo de desconfianza. Así mismo, 74.4% expresó
sentir mucha o algo de desconfianza en las Cámaras de Diputados y
Senadores, y 71.7% en el Gobierno Federal.
El análisis de la
confianza en los gobiernos de las entidades federativas reveló que
alrededor de 50% de la población de Yucatán, Durango y Querétaro
señaló sentir mucha o algo de confianza en el gobierno de su
estado.
En contraste, entre
las entidades en las que la mayoría de su población manifestó
sentir desconfianza en el gobierno del estado, se encuentra la Ciudad
de México con 55.5% de su población expresando mucha desconfianza y
28.7% algo de desconfianza.
En una situación
parecida están Morelos, Tabasco y el estado de México en las que la
mitad de su población señaló sentir mucha desconfianza en el
gobierno estatal (Grafica 17).
La información aquí
presentada ofrece un panorama general de algunos de los desafíos que
enfrentan las administraciones públicas del país para contribuir al
logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los
cuales demandan instituciones más inclusivas que integren la
participación de diferentes grupos poblacionales.
No menos importante
es el reto de crear instituciones eficaces que satisfagan de manera
efectiva las necesidades de la población sin menoscabo de garantizar
los derechos humanos. Esto a la larga tenderá a fortalecer los lazos
de confianza entre gobierno y sociedad.
En el marco de la
conmemoración del Día de la Administración Pública, el INEGI
busca promover el conocimiento y uso de la información relacionada
con el tema de gobierno en nuestro país. Por lo que se invita a los
usuarios a consultar la diversidad de proyectos afines y que son
generados por el INEGI en el marco del Subsistema Nacional de
Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de
Justicia.
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