Washington, D.C.—Un informe publicado hoy
por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por
sus siglas en inglés) explica por qué la plena implementación de las
históricas reformas anticorrupción que México aprobó en 2016 debería ser
una prioridad para quien gane la presidencia del país el 1 de julio. El
año pasado fue el año más violento que se haya registrado en México, y los escándalos de corrupción aparentemente interminables han debilitado la confianza pública
en el compromiso del gobierno mexicano de combatir el crimen y la
violencia y de mantener el Estado de derecho. Erradicar la corrupción ha
sido un tema central
en el periodo previo a las elecciones del 1 de julio, fecha en que los
mexicanos acudirán a las urnas para elegir un nuevo presidente, un nuevo
Congreso federal, nueve gobernadores y más de 2,800 representantes para
otros cargos políticos en todo el país.
“Las
reformas de 2016 fueron un gran avance para asegurar la rendición de
cuentas de los funcionarios públicos corruptos, pero se necesita hacer
más”, dijo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA. “La
próxima administración de México debe mostrar la voluntad política para
que estas reformas anticorrupción sean exitosas. De lo contrario los
problemas como la violencia generalizada, los abusos a los derechos
humanos y la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas
se intensificarán”.
El informe, titulado “El Sistema Nacional Anticorrupción de México: Una oportunidad histórica en la lucha contra la corrupción”, examina
cómo la corrupción pone en peligro la integridad de los procesos
electorales en México, y también analiza el papel que han jugado los
funcionarios corruptos en facilitar y cometer actos de violencia y los
abusos de los derechos humanos, así como los efectos de los sobornos, la
malversación y las prácticas comerciales corruptas en el estancamiento
económico y la desigualdad. Según el informe, el amplio paquete de reformas anticorrupción
que Presidente Enrique Peña Nieto promulgó en julio de 2016 puede
desempeñar un papel fundamental a la hora de tratar estos temas
importantes.
Las
reformas crearon el Sistema Nacional Anticorrupción, una entidad
encargada de coordinar los esfuerzos contra la corrupción a nivel
federal y estatal. Sin embargo, ha habido poca voluntad política para
darle al sistema los recursos y la independencia que necesita para ser
efectivo. El Senado de México aún debe nombrar a varios actores clave en
el sistema, y aunque las reformas requirieron que los estados
implementaran sus propios sistemas anticorrupción a más tardar en julio
de 2017, la mayoría de los estados aún no lo han hecho. Además, el
comité compuesto por líderes de la sociedad civil, conocido como el Comité de Participación Ciudadana (CPC), juega un papel importante en la supervisión e implementación del nuevo sistema anticorrupción, pero los miembros del Comité dicen que el gobierno ha socavado consistentemente sus esfuerzos para hacerlo.
La
eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción también ha sido frustrado
por la lenta implementación de las otras reformas aprobadas en 2016.
Estas reformas sentaron las bases de un enfoque más duro y integral para
combatir la corrupción en México al exigir una mayor transparencia
gubernamental, ampliar los poderes de auditoría y reducir la influencia
política sobre las investigaciones de casos de corrupción mediante la
creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
aunque el titular de esta oficina aún no ha sido designado.
“El
gobierno mexicano todavía tiene pendiente designar casi dos docenas de
puestos necesarios para la plena implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción, incluido el fiscal especial encargado de investigar y
enjuiciar los casos de corrupción. Las autoridades también deben
garantizar que los miembros del Comité de Participación Ciudadana estén
incluidos en las decisiones que afectan el sistema, y que se les
mantenga informados sobre avances en los casos de corrupción”, dijo Meyer. “Las
próximas elecciones serán históricas no solo porque serán las más
grandes en la historia de México, pero también porque podrían determinar
el futuro de los esfuerzos anticorrupción en el país”.
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