· Generar agenda de trabajo colaborativa entre el sector público
y privado es importante para alcance de objetivos de desarrollo
económico y social.
· Aun cuando México ha dado pasos importantes para hacer
mayores inversiones en infraestructura de telecomunicaciones,
estos avances se han dado en el ámbito federal.
Durante
la III Cumbre Empresarial de las Américas, recientemente desarrollada
en la ciudad de Lima – Perú, se llevó a cabo una discusión sobre
la economía digital, su importancia para el desarrollo económico de la
región, y cómo deberían formularse y enfocarse las políticas públicas
para adaptarse a esta nueva economía. En el transcurso de esta cumbre,
el presidente de la república de Perú, Martín
Vizcarra, fue enfático en señalar la necesidad de cerrar la brecha de
conectividad en los países de la región a fin profundizar el proceso
globalizador, integrarnos adecuadamente y alcanzar el desarrollo de una
economía digital. “Afrontamos una gran brecha
de infraestructura física y digital. Entidades como CEPAL, reconocen
que sería necesario invertir alrededor del 6% de nuestro PBI regional si
queremos cerrar dicha brecha”, añadió el mandatario.
En
su discurso el presidente Vizcarra habló de la importancia de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones
como un elemento esencial para el desarrollo económico y social de los
países. Además, invitó a los gobiernos Latinoamericanos -con apoyo de la
empresa privada- a trabajar para capitalizar el impacto positivo que
tiene el crecimiento de la tecnología, en términos
económicos. Esto dado que los ciudadanos se encuentran cada vez más
inmersos dentro de un ecosistema digital que forma parte de sus
interacciones sociales, económicas, laborales, entre otras.
Estas declaraciones fueron reforzadas con las estimaciones proporcionadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la Cumbre, en las que se indica
que el éxito de la adopción de las finanzas digitales podría crear un crecimiento del
6% (US $ 3,7 billones) en el PBI de las economías emergentes para el 2025.
De
acuerdo con otros estudios elaborados por el BID, un aumento del 10% en
la penetración de servicios de banda ancha en
la región lleva asociado un incremento promedio de 3,2% del producto
interno bruto (PBI) y un aumento de la productividad de 2,6 puntos
porcentuales. Mientras que informes de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión
Europea, señalan que las TIC proporcionan más del 40% de los aumentos
anuales de productividad en la Unión Europea (UE).
Sin
embargo, aumentar la inclusión y el acceso a infraestructura digital
sigue siendo un desafío importante en América Latina.
Se deben diseñar marcos normativos adecuados que promuevan la
innovación y desarrollo tecnológico. En este contexto, la regulación que
apoya el desarrollo y despliegue de infraestructura, el crecimiento
digital y la innovación resultante, es vital para garantizar
una rápida adaptación a la rápida y cambiante economía digital.
Es fundamental contar con un marco legal sólido, claro
y moderno, capaz de adaptarse a la rapidez con la que avanza la tecnología
de modo que permita el desarrollo del sector. Así, por ejemplo,
uno de los grandes frenos para el adecuado despliegue de infraestructura
en
México son los marcos regulatorios y normativos que conllevan a
dificultades administrativas, obstáculos para la construcción de obra
civil, además de los retos derivados de condiciones
geográficas y sociodemográficas.
Aun cuando México ha dado pasos importantes para hacer mayores inversiones en infraestructura de telecomunicaciones a partir
de la reforma, estos avances se han dado en el ámbito federal, pero no a nivel municipal.
De
acuerdo con datos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(Cofemer) hoy en día un municipio tarda en promedio 648
días para poder otorgar un permiso para la instalación de una antena de
telecomunicación, por lo que se está trabajando en programas para dar
solución a este problema.
Esta falta de uniformidad en las normativas es uno de los factores principales que frena en mayor medida el despliegue de
operadores.
Barreras para el despliegue de infraestructura condenan a la comunidad a un mal servicio que termina impactando a todos
lo usuarios de telecomunicaciones.
Por
lo tanto, se debe promover una regulación debe impulsar el despliegue
de infraestructura sostenible y responsable, teniendo
en cuenta a cada uno de los actores que forman parte del ecosistema
digital, fortaleciendo al máximo la inversión privada sin desatender a
los colectivos y a las zonas más desfavorecidas. En ese sentido,
mandatarios y empresarios asistentes de la cumbre coincidieron
en que es crítico trabajar en una agenda estratégica público-privada
que busque unir esfuerzos de la manera más eficiente posible para
reducir las grandes brechas aún existentes en la región.
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