- ¿Quienes son los funcionarios que certifican la tortura o tratos degradantes?
- Hay que garantizar certeza para contrarrestar y castigar estos delitos.
- En la región mexiquense no se investiga este delito.
La tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes se encuentran universalmente proscritos a través de la ratificación universal de diversos instrumentos que la prohíben, por lo que el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” solicitó al gobierno mexicano combatir y prevenir este delito.
Por ello, José Antonio Lara Duque, abogado del colectivo, solicitó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a que revele quienes son los funcionarios públicos que certifiquen acciones de tortura o tratos degradantes.
“Es oportuno ofrecerle a las víctimas —y sus familias— certeza para contrarrestar y castigar a quienes hacen uso de estas acciones ilegales, simplemente para “sacarle” una confesión a modo; delitos que, por cierto, violentan los derechos humanos”, explicó.
El abogado del colectivo afirmó que en las naciones más incipientes en la materia, ofrecen garantías a sus respectivas poblaciones para que vivan libre de tortura, en un sin número de contextos, de manera particular contra las acciones que generan los propios agentes del Estado.
Lara Duque recordó que “existe una versión destilada de los conceptos”; “tortura” o “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, que, por citar un ejemplo, la comisión que “defiende” las garantías individuales en la región mexiquense no investiga este delito, por esta “ambigüedad”.
“La inercia estadística impone que los indicadores tenderán a construirse con la información existente, en virtud del costo y dificultad de crear nueva información “a modo”. Las decisiones que median entre el fenómeno y la construcción de un indicador, pasan también por el objetivo explícito de crear conocimiento científico, mismo que no ocurre, lamentablemente, en el país”, dijo.
El Estado mexicano ha recibido diversos llamados sobre malos tratos y tortura que han consistido en golpes con la mano abierta, golpes y golpizas con los puños, rodillazos o puntapiés, así como golpes con armas de fuego.
Por estos motivos, es necesario que el presidente López Obrador responda por esta inacción en su administración, por una parte, la falta para combatir esta práctica, y por la otra, la inacción en administrar y garantizar diligencias pulcras e inmediatas para evitar que se cometan estos delitos de manera sistemática, como se cometen ahora en el país, y que si fuera poco, no se investigan.
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