Posicionamiento Jueces por la paz

A casi 5 meses de la apresurada y cuestionada aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el Presidente de la República y un Congreso que ignoró las voces nacionales e internacionales que advirtieron los riesgos de su aprobación, y sin existir información pública sobre sus actos de aplicación, ha comenzado la defensa judicial de la constitución frente a una ley que la violenta y amenaza los derechos humanos de las personas en México.

Mediante 3 sentencias de amparo, los jueces federales (Fernando Silva García, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa y Karla María Macías Lovera, Juez Novena de Distrito del Estado de Guanajuato) afirman que la Ley de Seguridad Interior -por el sólo hecho de existir- amedrenta los derechos de las mexicanas y los mexicanos y les inhibe en el ejercicio de sus derechos, aún sin que exista un acto concreto de aplicación.

Como bien explica la Juez Macías Lovera “Los efectos de las normas que se impugnan se desprenden de la alegada naturaleza ambigua, equívoca, vaga e imprecisa de dichas normas, que generan un efecto inhibidor al ejercicio de los derechos de acceso a la información, libertad de expresión, reunión, asociación, privacidad , protección de datos personales…”.

Además, una consideración del Juez Silva García confirma lo que este colectivo había alertado sobre la puesta en marcha de Ley sin necesidad de emitir alguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: “[…] el precepto 26 de la Ley de Seguridad Interior al establecer que las Fuerzas Armadas pueden llevar acciones de seguridad interior para atender riesgos de seguridad interior, es evidente que para ello no se requiere la emisión de declaratoria alguna, pues en términos del artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior, la citada declaratoria sólo se puede emitir ante una amenaza de seguridad interior, pero no así ante un riesgo que sólo constituye una situación que potencialmente podría convertirse en alguna amenaza a la seguridad interior, pero que aún no llega a constituirse”.

Las sentencias son una alerta más sobre el riesgo que implica esta Ley para la democracia y la ciudadanía, en sintonía con lo que por meses han advertido voces ciudadanas y académicas; organizaciones internacionales como la ONU y la CIDH, órganos constitucionales autónomos como la CNDH y el INAI, y gobiernos estatales y municipales de distintas partes del país.

Toda vez que atravesamos por el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia, en el que ningún aspirante a la presidencia se ha pronunciado por impulsar la abrogación de la Ley de Seguridad Interior; y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido una histórica cantidad de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales, desde el Colectivo #SeguridadSinGuerra:

Reconocemos y respaldamos el trabajo de la Juez Karla María Macías Lovera y del Juez Fernando Silva García en la defensa de nuestra Constitución con estas primeras sentencias históricas contra la Ley de Seguridad Interior y a favor de la paz; así como las eventuales sentencias que se emitan en el mismo sentido para resolver los múltiples amparos que se promovieron en contra de esa Ley,

Solicitamos nuevamente a las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que defiendan el orden constitucional y declaren la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior en todos sus preceptos, al momento de resolver los recursos que han admitido.

Exhortamos enérgicamente a quienes aspiran a la presidencia y al poder legislativo a que conozcan las graves advertencias que hacen la juez y el juez en sus sentencias, para que de una vez por todas se pronuncien por impulsar la abrogación de la Ley de Seguridad Interior por amenazar a la ciudadanía y a la democracia misma, como ha quedado claro en las resoluciones judiciales en comento.

Construir paz es el anhelo de un país lastimado profundamente por su crisis de violencia e impunidad. Nos urgen más #JuecesPorLaPaz, #MinistrosPorLaPaz y #CandidatosPorLaPaz. Nos urge echar abajo las amenazas hechas ley, que nunca debieron existir.