Propone Angélica de la Peña reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para la persecución de delitos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos

1. El Estado mexicano requiere la conformación de un mecanismo internacional, integrado por personal nacional e internacional, con autoridad y legitimidad para apoyar, fortalecer y coadyuvar  con el Estado mexicano en la investigación y la persecución penal de los delitos de corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos
   
   La senadora Angélica de la Peña Gómez presentó una iniciativa para reformar el artículo 21 de la Constitución a fin de que el Ejecutivo Federal reconozca, con la aprobación del Senado en cada caso, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
   
   En la iniciativa se puntualiza que en aquellos casos en los que el Estado mexicano solicite el apoyo y la asistencia técnica internacional para la investigación y la persecución penal de los delitos de corrupción y/o graves violaciones a los derechos humanos, la investigación  y la acción penal se ajustarán a lo establecido en la Constitución y en los tratados o convenios internacionales de los que México sea Parte.

La legisladora del PRD señaló en tribuna que el objeto de la propuesta es el de clarificar y dar mayor certeza en nuestro texto constitucional a las instituciones y procedimientos de asistencia técnica que habrán de operar en aquellos casos en los que el Estado mexicano decida activar alguno de los mecanismos de cooperación internacionales en materia de justicia y lucha contra la impunidad,  de conformidad con los tratados o convenios de los que el país sea Parte.

 

La impunidad que se vive en México, va mucho más allá de la simple inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de delitos o violaciones a los derechos humanos, quienes gracias a la ineficiencia o corrupción institucional a menudo eluden la investigación o la condena; la impunidad en México conduce al debilitamiento del estado de derechos e impide al Estado cumplir con su deber de garantizar a los ciudadanos afectados la protección de su vida, integridad física y el pleno acceso a la justicia, con la consecuente pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del país.

 

De esta forma, la corrupción y la impunidad afectan cada aspecto de la vida cotidiana de las personas y atentan de manera directa en contra de la convivencia social. Para nadie es una novedad escuchar que México atraviesa una grave crisis de derechos humanos, con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad.

 

La senadora señaló que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática coincide con aquellos organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas que sostienen que México, ante la incapacidad o falta de voluntad del gobierno mexicano, necesita explorar distintas alternativas.

 

“Debemos reconocer que el Estado mexicano requiere la conformación de un mecanismo internacional, integrado por personal nacional e internacional, con autoridad y legitimidad para apoyar, fortalecer y coadyuvar  con el Estado mexicano en la investigación y la persecución penal de los delitos de corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas ya sea por agentes del Estado o por particulares; así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo su desarticulación, la sanción penal a los responsables y la reparación del daño a las víctimas o a sus familiares”, finalizó la senadora Angélica de la Peña Gómez.

 

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y, de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.