Las víctimas de tortura y de sus defensores

Ser una víctima de tortura en México no es sólo haber sufrido y después atravesar por los impactos físicos y psicológicos que se quedan como huellas para el resto de su vida. Es enfrentarte a toda la maquinaria del Estado.

El pasado 7 de mayo, en el marco del 168º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede fue Santo Domingo, República Dominicana, la CMDPDH presentó la audiencia  titulada “Situación de defensores de víctimas de tortura en México”.
La audiencia tuvo como principal objetivo el colocar en oídos de la CIDH lo que en los últimos años ha sido uno de los principales problemas de las víctimas de tortura y de las organizaciones de la sociedad civil que las acompañamos; la criminalización, estigmatización y en consecuencia el rechazo social.
Ser una víctima de tortura en México no es sólo haber sufrido y después  atravesar por los impactos físicos y psicológicos que se quedan como huellas para el resto de su vida, es enfrentarte contra los objetivos que la tortura buscaba accionar, que en nuestro país son principalmente el generar pruebas que te inculpen y en consecuencia a travesar un proceso penal en el que tendrás que enfrentarte a toda la maquinaria del Estado.
Las deficiencias en el sistema de justicia, y el reclamo social ante el incremento de la incidencia delictiva de la que todas y todos en este país hemos sido víctimas, nos lleva a  la necesidad como población de querer encontrar culpables; en este contexto es en el que se introduce la tortura como herramienta de “investigación”. A pesar de que las reglas del Estado de derecho nos deberían servir como balanza para creer que las personas detenidas y presentadas ante la autoridad judicial son aquellas que efectivamente cometieron un delito, lo cierto es que en México cualquier persona podría ser detenida y las instituciones de procuración de justicia, en lugar de comprobar la culpabilidad,  relegan la carga de demostrar su inocencia a la persona detenida, quien para ello tendría que luchar contra la procuraduría, la policía y cualquier otra institución que ha fabricado pruebas.
Por ello los que participamos en la audiencia quisimos expresar dos puntos fundamentales: el abandono en el que se encuentran las víctimas de tortura que acuden ante las autoridades a requerir ayuda, y el riesgo y la estigmatización a la que se ven enfrentadas tras ser acusadas por delitos fabricados mediante actos de tortura. Para ello la participación de dos personas víctimas de tortura que acompaña la CMDPDH fue fundamental.
Gerardo Garduño narró su  historia: cómo fue detenido, sometido a un proceso penal del que fue encontrado inocente ante la falta de pruebas en su contra, puesto en libertad sin que a la fecha las autoridades que fabricaron un caso en su contra y en contra de otros de sus compañeros policías estén rindiendo cuentas. Su discurso fue contundente. “En México fabricar pruebas no tiene ningún costo social, político o legal”, dijo ante los comisionados de la CIDH. Los costos son para las personas acusadas, quienes a pesar de ser encontradas inocentes siempre serán criminales ante la sociedad.
Austreberta Casales habló en nombre y representación de su hija Verónica Razo, quien actualmente enfrenta un proceso en detención preventiva excesiva: tras 7 años de proceso no se ha podido determinar su responsabilidad. Ella manifestó el desgaste físico, emocional, económico y moral de enfrentar un proceso penal en el que tendrían que eliminarse las pruebas obtenidas mediante actos de tortura y la frustración de saber que a pesar de no existir una condena en contra de su hija, ella sea señalada como criminal ante los medios de comunicación. Criminalización y estigma que a ella también la ha tocado, siendo seguida y hostigada por vehículos y personas no identificadas.
Por su parte, la CMDPDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expusimos como estos actos de estigmatización y criminalización han  influenciado negativamente al sistema judicial para que no realicen una exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura por temor a ser señalados públicamente como “liberadores de criminales”, lastimando los principios de imparcialidad y presunción de inocencia y como el resto de instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) han dejado en abandono a las víctimas de tortura, a quienes le imponen gestiones y cargas excesivas.
Finalmente, expusimos los riesgos de criminalizar a las y los defensores de personas víctimas de tortura y las deficiencias del sistema de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mismos que al día de hoy no han implementado medidas eficaces en contra de los actos de criminalización.