BP/163-20.
Monterrey, N.L., a 10 de julio de 2020.
En atención a una
denuncia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de
Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
realizó la suspensión de actividades de una empresa
dedicada al servicio de manejo de residuos peligrosos de otras
empresas, en el municipio de Pesquería.
En la visita de inspección se constató que la empresa
no contaba con la actualización de su registro como generador de residuos peligrosos y
no manejaba adecuadamente los residuos que recibía y
los que producía al encontrar, entre otros residuos, equipo de
protección personal impregnados con grasas, lodos provenientes del
proceso de destilación, contenedores metálicos impregnados
de aceite, gasolina, diésel y pinturas; estopas con aceite y grasa.
Los residuos
peligros encontrados por los inspectores de la Procuraduría no estaban
etiquetados para su almacenamiento temporal adecuado, por lo que se
desconocía la cantidad, el tipo de residuos y el tiempo
en el que se encontraban en las instalaciones.
Las
áreas de almacenamiento no cumplían con las condiciones establecidas en
la normatividad, contraviniendo lo estipulado en el Reglamento de la
Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
Además, se observaron casi 2 mil
metros cuadrados de suelo natural con presencia de manchas de aceites y
grasas, con la posibilidad de infiltración de los hidrocarburos, lo que
representa un riesgo a la salud humana y al
medio ambiente.
Por ello, se impuso la medida de
seguridad consistente en la suspensión de actividades en las
instalaciones donde se encontraron los residuos peligrosos, y se dio
inicio al procedimiento administrativo correspondiente, en
el que la empresa contará con los tiempos dispuestos en la ley para
presentar las pruebas que considere pertinentes, a fin de que sean
valoradas por esta Procuraduría.
Las primeras acciones que ordenará
la Profepa a la empresa serán el cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones ambientales a las que está sujeta la empresa de acuerdo con
las disposiciones normativas vigentes, entre
ellas, realizar la caracterización, limpieza y
remediación adecuada de las áreas de suelo natural impactadas con
materiales y residuos peligrosos.
Una vez valorados los efectos
ambientales del mal manejo de los residuos peligrosos almacenados y el
grado de cumplimiento de sus obligaciones ambientales, se procederá a la
imposición de una sanción económica de acuerdo
con los criterios establecidos en la LGPGIR.
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