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Actuación sobre desarrolladora apegada a derecho; removió más de 20 mil m2 de
vegetación sin autorización de SEMARNAT en materia de cambio de uso de suelo
forestal
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Embargo ordenado y calificado como legal por un Juez Federal
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Solicita a PGR investigación sobre posibles delitos adicionales de transporte
ilícito de recursos forestales y contra la gestión ambiental
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Empresa no utilizó recursos alternativos que otorga la ley para resolver el
conflicto sin sanción
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Optó en cambio por violentar medidas de seguridad impuestas y no suspender
construcción del proyecto
La Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA) reitera que en el caso de daño ambiental causado por la
empresa Residencial Balvanera en el municipio de Corregidora, Querétaro, se
actuó conforme a derecho contra dicha desarrolladora al comprobar que violó la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).
El proyecto removió ilegalmente más de
20 mil m2 de vegetación natural en terrenos forestales sin contar con la
autorización correspondiente que debe otorgar la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) con base a la Ley LGDFS. Omitió pago al Fondo
Forestal Nacional y medidas de rescate y mitigación.
En consecuencia, la PROFEPA presentará
una segunda denuncia penal ante la PGR a efecto de que se investigue ahora el
posible delito de transporte ilícito de recursos forestales, adicional al delito
federal cometido por el cambio de uso de suelo forestal sin las autorizaciones
de Ley.
Asimismo, presentará querella por la
posible comisión de un delito contra la gestión ambiental al haberse incumplido
y continuar a la fecha incumpliendo, por parte de los directivos de la empresa,
las medidas de seguridad y urgente aplicación impuestas por la PROFEPA tras
violentar la suspensión total temporal del proyecto.
Conforme a la legislación federal
vigente, la empresa estuvo en posibilidad de haber solicitado un mecanismo alternativo de solución de este conflicto
ante la misma PROFEPA, lo que le hubiese permitido atenuar las sanciones. No
obstante, optó por desacatar las medidas de seguridad impuestas,
consecuentemente la desarrolladora fue demandada judicialmente por la autoridad
ambiental.
Esta Procuraduría señala que
corresponde exclusivamente a la empresa de acuerdo a la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental, corregir ella misma su situación jurídica.
Por cuanto hace al embargo de 48
millones de pesos y 86 hectáreas de terreno de la empresa, este fue ordenado y
calificado de legal por un Juez Federal.
Cantidad que deberá ser depositada en el Fondo de Responsabilidad
Ambiental de la SEMARNAT.
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