Intervención
de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD,
durante la reunión de comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión
y Cinematografía y de Estudios Legislativos. Primera,
en materia de regulación de la publicidad oficial.
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG):
Gracias presidente.
Bueno,
en primer lugar queremos dejar constancia que no nos parece que estemos
nosotros el día de hoy atendiendo una minuta que viene de la Cámara,
que a todas luces no corresponde a lo que ha establecido la Corte, que
le ha mandatado la Corte al Congreso de la Unión
respecto de diseñar una ley en esta materia que, insisto, no es lo que
nos manda la Cámara de Diputados, en minuta, y que nos parece
verdaderamente preocupante que el Congreso de la Unión no atienda lo
relativo a la litis que se suscitó
con la Corte.
Nos
parece que no corresponde a los lineamientos que están establecidos en
el 134, referente a la propaganda a la que tienen que ceñirse todas las
autoridades,
incluso los organismos autónomos, y que en ese sentido, diversas
senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios estamos
presentando un voto particular, que si usted me permite voy a hacer
algunas referencias al mismo.
Para
señalar en primer lugar, que este proyecto que viene de la Cámara de
Diputados pues también suscitó un gran debate allá; una mayoría decidió
aprobarla
y entonces, cumpliendo con el procedimiento legislativo, a partir de
esta mayoría, se envía a la Cámara de Diputados.
En
esa fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados también a remite
para su consideración, y es la reunión que hoy nos está convocando las
comisiones,
pero queremos hacer énfasis de las siguientes consideraciones:
Esta
minuta que presentan las comisiones dictaminadoras contiene un marco
normativo encaminado calidad de expedir, aparentemente, la ley
reglamentaria
del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que desde
nuestro punto de vista no reúne ni lo que establece la Constitución ni
tampoco el mandato por parte de la Suprema Corte de Justicia.
De
igual manera, es necesario entonces hacer del conocimiento de esta
sesión de comisiones que la sentencia de la Primera Sala de la Suprema
Corte de
Justicia de la Nación del 15 de noviembre del año pasado, bajo el
amparo de revisión 1359/2015, se determinó en el considerando séptimo de
dicha resolución que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación
de emitir una ley que regule el párrafo octavo
del artículo 134 de nuestra Constitución, antes de que finalice el
segundo período ordinario de sesiones de este último año legislativo del
Congreso de la Unión.
Es
decir, estamos a unos días de que termine prácticamente la legislatura
y, entonces, este proceso debimos haberlo cumplido antes del 30 de
abril.
El
dictamen que se nos presenta por parte de las comisiones no cumple con
el sentido, ni con el alcance de las consideraciones antes mencionadas,
lo
que nos presentan es un dictamen que se aleja de lo que la Constitución
mandata expresamente, la implementación de un nuevo régimen de
responsabilidades entre los servidores públicos en materia de
comunicación social que garantice que el gasto en comunicación
social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez; así como respetar los topes presupuestales,
límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de
egresos respectivos.
Lo
que contiene el dictamen, señor presidente, señoras y señores, es un
marco normativo que legitima el autoritarismo de antaño, justamente el
que nos
mandata la Constitución, y por supuesto lo refrenda la Suprema Corte,
corrijamos en una ley específicamente en esta materia.
Atenta
contra la libertad de expresión, que utiliza el dinero público para
controlar la línea editorial de los medios que se financian con recursos
públicos
sin rendir cuentas, ya sea como pago por el espacio para la difusión de
información pública, la llamada publicidad oficial, o por otros
servicios ofrecidos por el gobierno, donde la Secretaría de Gobernación
mantiene el control de los tiempos del Estado y
los tiempos fiscales, as í como el padrón nacional de medios.
Este
dictamen contiene aspectos tan criticables como el hecho de que se la
Secretaría de Gobernación quien mantenga el control de los tiempos del
Estado
y los tiempos fiscales, así como el padrón nacional de medios y no sea
en su lugar un órgano con autonomía técnica y de gestión, que le permita
realizar una monitoreo exhaustivo de la asignación de publicidad
oficial, que impida la concentración de la información
en los sujetos obligados.
Las
organizaciones de la sociedad civil, por cierto, en una simulación de
parlamento abierto, las invitamos a que estuviesen aquí a partir de la
solicitud
de ser escuchadas y vinieron aquí al Senado de la República, y estas
comisiones nos reunimos con ellas donde nos presentaron en distintas
ocasiones sus solicitudes, sus propuestas concretas para que cumplir con
lo que la Corte y la Constitución señalan.
Estas
organizaciones de la sociedad civil a las que francamente
debiera ofrecerles disculpas por el maltrato y la simulación de las que
han sido objetos, porque en esas reuniones de trabajo les dijimos que
íbamos a atender sus solicitudes y lo único que se hizo fue diseñar una
estrategia en donde la cámara de origen no
fuera el Senado, ni siquiera se instalara el trabajo de conferencia
como se ofreció sino que se permitió que fuera la Cámara de Diputados
sin escuchar estos requerimientos que hicieron las organizaciones,
simplemente tergiversar el sentido de una ley que debería
cumplir un objetivo distinto a la minuta que hoy nos están presentando.
Entonces, las organizaciones de la sociedad civil nos
dijeron, y lo repito textual, es importante que se escuche lo que dijeron en ese momento las organizaciones:
“Es
trascendental que se considere la creación o integración
de algún ente regulador de la publicidad oficial, que no dependa de la
Secretaría de Gobernación, sino que sea un organismo, comisión de
vigilancia o consejo nacional, cualquiera que sea la modalidad que
decidamos.
La
administración pública ha pasado por cambios estructurales
importantes con la creación de varios órganos autónomos; las
iniciativas deben aprovechar este cambio del diseño institucional del
Estado para proponer soluciones creativas que permitan un monitoreo
exhaustivo de la asignación de publicidad oficial y que impidan
la concentración de la información en los sujetos obligados”. Termino
el texto de las organizaciones.
Este dictamen
es omiso para controlar el gasto excesivo del Ejecutivo en materia de propaganda gubernamental
y solo considera como sujetos obligados en materia de
transparencia a los entes públicos, pero no a las personas físicas y
morales que reciben los recursos públicos para difundir mensajes de
comunicación social, es decir, los grandes medios de comunicación
a los cuales el gobierno federal les ha pagado desde el período
2013-2017 más de 35 mil millones de pesos, cuando su presupuesto fue de
13 mil millones de pesos, es decir, se ha gastado un 160% más de lo
aprobado
Otro
aspecto
que tiene la minuta es materia, por cierto, del presente voto
particular que entregaremos, es un salvoconducto para la contratación de
la propaganda política disfrazada de información que en la actualidad
se presenta en forma de noticia, flashes informativos,
infocomerciales, entrevistas, programas de revista, editoriales,
reportajes,
artículos de opinión, cortos cinematográficos, es decir, legaliza
el mercado negro de propaganda política disfrazada de información que,
por cierto, es un pendiente de la elección del 2012.
Recordemos,
señoras y señores, que fue durante los años 2005 y 20012 que Enrique
Peña nieto, entonces aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia
de la República, estableció acuerdos comerciales con diversos medios de
comunicación que resultaron en una amplia
cobertura positiva a su favor.
El
presente
dictamen no cumple con el objetivo específico de evitar que la
publicidad gubernamental no se use como herramienta para apremiar o para
castigar a los medios de comunicación ni que constituya una forma de
censura al contratar o no publicidad en los distintos
medios de comunicación.
La minuta
deja sin cambios de fondo la relación del
gobierno con los medios de comunicación, mantiene la discrecionalidad
del gasto público en comunicación social sin controles ni límites; ni
incorpora…
A
ver,
no se trata de cumplir por cumplir, simular que se está atendiendo el
mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, lo
verdaderamente importante es legislar de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución, con lo que establece la Constitución,
sin más ni menos, y establecer las bases generales de un nuevo
ejercicio de la comunicación gubernamental en el país.
Y,
por
último, diversas organizaciones civiles y académicas agrupadas en el
colectivo Medios Libres hicieron llegar a este Senado de la República
sus preocupaciones mediante una carta denominada: Bases mínimas para la
regulación de la publicidad oficial”
La cual,
lamentamos, no fue tomada en consideración tanto por la colegisladora como por las comisiones dictaminadoras hoy en el Senado.
Dicho
documento señala, en estas bases mínimas para la regulación de la
publicidad oficial, preceptos que no voy ahora a leer, simplemente a
señalarlos.
La
publicidad
oficial –por cierto, así comienza su texto- claro que no se pretende
que se desaparezca, sino que se establezcan los lineamientos para
cumplir con la Constitución que establece con toda puntualidad a dónde
debe ir y en qué momentos tiene que ir la publicidad
oficial, cuál es el motivo del sustento de la publicidad oficial para
que sirva a la democracia, para que sirva para informar realmente a la
ciudadanía, al pueblo, sobre lo que tiene que atender desde el aspecto
de la publicidad oficial.
Por
supuesto
que plantean que tiene que haber una ley general y una ley completa que
pueda efectivamente reglamentar el precepto de la Constitución, de tal
manera que tiene que establecer en esta ley los preceptos de asignación
en basados en la idoneidad.
Por
su
puesto, establecer los criterios de máxima publicidad de todos: medios,
padrones y, por supuesto, transparencia y regulación de la medición de
audiencia, circulación, visitas, etcétera; contenidos de utilidad
pública y libres de promoción personalizada.
También
la publicidad oficial debe ser plenamente siempre identificable, debe identificarse en todo momento.
Claro
que también plantean preceptos para el fomento a la pluralidad y a la
diversidad, mecanismos de control y por supuesto el uso racional de los
recursos públicos.
Estos
preceptos que nos han estregado las organizaciones están firmados por
más de 50 expertas y expertos y por una infinidad de organizaciones no
gubernamentales expertas en la materia, entre ellas: Asociación Mundial
de Radios Comunitarias, Artículo 19, Asociación
Mexicana de Información, Asociación Mexicana de Derecho a la
Información, Capítulo Puebla, La Barra Mexicana de Abogados, Borde
Político, Centro de Comunicación Social, Ciudadanos por la
Transparencia, Colectivos de Periodistas por la Paz y la Libertad de
Expresión, Comunicación Comunitaria, Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, Iniciativa Sinaloa, Instituto por la Guerra y la Paz, el
Instituto Mexicano para la Competitividad, y por supuesto, México
Evalúa, México Informante, Observatorio de Transparencia,
Con los Ojos Abiertos de la Ibero Puebla, Opción A, Plan Estratégico de
Juárez Asociación Civil, Quinto Elemento, Red de Periodistas a Pie, Red
de Pensamiento, Periodismo, Revista Proceso, Sin Embargo, Sonora
Ciudadana, Transparencia Mexicana, en fin.
Nos
parece
que, señor presidente, que esto que estamos ahora dirimiendo en esta
reunión de comisiones, definitivamente no atiende el mandato que nos has
dado la corte, ni atiende lo que las organizaciones están
planteándonos.
De
tal
manera que estamos simulando un cumplimiento que no está bien. Por lo
tanto, presentaremos un voto particular, diversas senadoras y senadores,
que va en el sentido de llamar la atención a que atendamos lo que la
Corte nos ha mandatado.
Es cuanto.
Es cuanto.
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