Buenos días a todas y
todos,
La democracia se
construye día a día con la participación de los ciudadanos de las instituciones
y de las autoridades.
Saludo con mucho gusto
a:
-Nuhad Ponce, Presidenta de la
Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE)
-Isabel Davara Fernández de Marcos, Vicepresidenta
del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM)
-Margarita Pazos, Presidenta del Comité
Jurídico de COPARMEX
-Marcos del Rosario, integrante del Comité Jurídico de COPARMEX y
experto en materia electoral
-Jorge Peñuñuri, Presidente de la Comisión
de Seguridad y Justicia de COPARMEX.
Gracias a todos ustedes
que nos acompañan el día de hoy, un día memorable en que entregamos a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos “Amicus Curiae”, aquí ya están los
sellos de recibido de estos dos “Amicus Curiae”, que es la figura legal a la que podemos recurrir organizaciones
de la sociedad civil y que sirve para que nuestra voz se escuche y podamos
presentarle a los Ministros argumentos,
opiniones técnicas y jurídicas, sobre los asuntos que están analizando, en este
caso, la reforma electoral.
Venimos con estos dos “Amicus
Curiae” a aportar elementos de valoración jurídica para enriquecer el análisis
que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las seis leyes que
conforman el Plan B; argumentos que confirman los claros visos de
inconstitucionalidad que contiene la Reforma Electoral planteada por el
Ejecutivo.
Hoy, reafirmamos y
reiteramos nuestra postura: el Plan B de la Reforma Política, pretende
debilitar al Instituto Nacional Electoral, el INE y al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación; el Plan B no provino de la ciudadanía, ni vela
por los derechos político-electorales de los mexicanos. Se presentó en un
momento inoportuno porque estamos en la antesala de la elección presidencial en
el 2024.
Son dos “Amicus Curiae”
ya que cada uno atiende a los dos paquetes de leyes que fueron aprobadas y
publicadas: las dos primeras leyes (Ley General de Comunicación Social y la Ley
General de Responsabilidades Administrativas), publicadas el 27 de diciembre
pasado; y las cuatro leyes restantes (Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, las reformas
a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley
General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral), todas estas
publicadas el dos de marzo de este año.
La Coparmex, la ANADE y
el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, trabajamos con
responsabilidad y con el compromiso que exige la elaboración de un “Amicus Curiae”.
Los tres organismos compartimos una firme creencia en la democracia y en
nuestro rol desde la sociedad civil para defenderla. Hacemos eco de la voz de
millones de mexicanos que salimos a las calles en más de 100 ciudades de la
República y en otros países.
Sí, nosotros también
hemos formado parte de la larga lucha de décadas para conquistar los derechos
de los ciudadanos a elegir en las urnas a quien nos gobierne; sí, hemos exigido
por años la existencia de un árbitro imparcial que nos asegure que cada voto
cuente y se cuente; y sí, queremos que así siga siendo porque hoy hemos
conquistado la alternancia, la paridad de género, acciones afirmativas a favor
de las mujeres y de las minorías, como son los pueblos indígenas y así debe
seguir siendo, que seamos los ciudadanos los que organicemos las elecciones y
contemos los votos. Y lo queremos dejar claro; venimos a defender nuestra
democracia y el derecho de todos a un México de libertades, que incluye la
libertad de elegir en las urnas.
Presentamos estos Amicus
porque confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respaldamos el
trabajo de los Ministros de la Corte. Estamos seguros que resolverán con
independencia, profesionalismo y apego a la Constitución.
Hoy, la separación de
poderes está a prueba, pero tenemos clara la certeza de que la vigencia de la ley
va a prevalecer sobre cualquier presión externa o índole política.
Quiero destacar que uno
de los principales elementos de inconstitucionalidad del Plan B, es que no se
respetó el proceso legislativo para su aprobación, es indebido un proceso hecho
al vapor para un tema de tal trascendencia; y otro elemento de gran relevancia,
es que ésta reforma perjudica especialmente a las minorías. Se trata de una
reforma regresiva que elimina derechos adquiridos y conquistados por los
ciudadanos. Es simple y llanamente un paso atrás en nuestra democracia. Como coloquialmente decimos, ¿Por qué alterar
algo que funciona bien? ¿Por qué querer sacar al árbitro en pleno partido de
futbol, si no es para inclinar la balanza hacia alguno de los equipos que se
encuentran en la cancha?
Celebramos que se haya
determinado la suspensión de las dos partes del Plan B; y confiamos que la
aportación técnica y jurídica que hoy hacemos a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, sirva para contribuir en una resolución de fondo que beneficie a
todos y que le dé estabilidad política al país.
Es mucho lo que está en
juego, pero vamos a poner lo que está a nuestro alcance para que no demos un paso
hacia atrás. Agradezco en especial a la ANADE, al Ilustre y al Comité Jurídico
de COPARMEX, porque con el trabajo de todos estos abogados en distintas
especialidades, en especialidad electoral y constitucional de derechos a la
privacía de los datos personales, dejamos claro que nadie es mejor que todos
juntos.
Muchas gracias.
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