Ciudad de México, 22 de junio de 2020.- La
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) interpuso
una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación al estimar que la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Política),
emitida por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 15 de mayo de 2020, violenta los principios
fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que
afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial.
La COFECE considera que la Política
es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133
constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de
electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de
competencia en la generación y suministro de electricidad.
El instrumento
publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del
sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere
en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos
dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este
sector. Ello porque la Política
impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las
redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta
industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación
del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de
ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros,
sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la
generación eléctrica.
Todo lo anterior, a
juicio de esta autoridad, incide de manera grave y trascendente en su
esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y
libre concurrencia en el mercado eléctrico, ya que con la entrada en
vigor de la Política dejan de existir los elementos básicos para que este funcione en condiciones de competencia.
Por
estas razones, mediante la presentación de la controversia
constitucional, la COFECE solicita a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial
frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una
disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un
mercado, en perjuicio del mandato que corresponde tutelar a la COFECE y
del bienestar de los consumidores.
Esta autoridad reconoce
que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico
nacional es un propósito legítimo y deseable. Sin embargo, cuando otros
objetivos, como el de la competencia económica también son parte del
mandato constitucional, es necesario identificar la mejor alternativa
disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos, lo que no
acontece con la Política impugnada.
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