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La reunión ministerial representó un mecanismo institucional para la promoción del diálogo
social y el intercambio de mejores prácticas para la preservación del empleo
El
7 de julio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos
(OCDE) llevó a cabo la Segunda Mesa Redonda del Consejo Ministerial, en
la que participaron 35 Ministros del Trabajo de los países miembros de
la OCDE, así como representantes del sector empresarial, a través del
Business at OECD, y representantes del sector trabajador, a través del
Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD, como interlocutores sociales. De manera paralela, también fue publicado el
Employment Outlook 2020 del mismo organismo internacional.
Como
representantes del sector empresarial, participaron Renate
Hornung-Draus,
Presidente del Comité de empleo, trabajo y asuntos sociales, así como
César Montemayor, en su calidad de Vicepresidente del Consejo Ejecutivo
del
Business at OECD, quien además es Consejero Delegado para el Business at OECD en la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Las
perspectivas del empleo de la OCDE aluden a que “el mundo enfrenta una
de las peores crisis económicas y de salud pública en un siglo. Los
países han reaccionado aplicando políticas de contención y de
mitigación, que han demostrado su eficacia a la hora de limitar la
propagación del virus, de evitar el colapso de los sistemas
sanitarios y, lo que es más importante, de reducir el número de
muertes. Sin embargo, la combinación de la incertidumbre reinante, el
miedo al contagio, las restricciones impuestas individualmente siguiendo
las directrices públicas y los confinamientos obligatorios
han tenido como resultado inmediato una contracción acusada de la
actividad económica”.
El
alcance de esta crisis en el mercado de trabajo ha sido severo. “Los
países
de la OCDE han adoptado innumerables medidas para mejorar la
accesibilidad y la generosidad de la licencia por enfermedad y el apoyo a
los ingresos de las personas sin trabajo, así como de los programas de
mantenimiento del empleo, que han tenido una aceptación
sin precedentes en muchos países. Las respuestas de estas políticas han
tenido como objetivo limitar los daños y apoyar a los trabajadores y a
las empresas, así como evitar la destrucción de actividades, preparando
de este modo la recuperación”.
Asimismo,
dicho informe detalle que “mientras se recupera la actividad económica,
las políticas deben contribuir a la recuperación logrando un justo
equilibrio entre la prestación de un apoyo continuo a los trabajadores,
los hogares y las empresas todavía afectados por las persistentes
restricciones y el fomento de la actividad empresarial”.
En este contexto, “La legislación de protección del empleo es
fundamental para la seguridad de los trabajadores”.
Los
representantes del sector empresarial resaltaron, entre otras cosas, la
importancia del diálogo social y “la importancia de que los gobiernos
deben mejorar la transparencia, la cooperación con la comunidad
empresarial y la consulta de los interlocutores sociales”. Asimismo, se
señaló que “la crisis actual ha subrayado la importancia
de la protección social. Para ser confiables y resistentes, las redes
de seguridad deben ser financiadas de manera sostenible”.
Por
su parte, César Montemayor señaló el grave problema que enfrenta México
en cuanto a la informalidad, la cual asciende aproximadamente a 22
millones de trabajadores, sin contar el posible incremento que esta
cifra haya tenido derivado del poco más de un millón de personas que se
estiman perdieron su empleo en los últimos tres meses
debido a la pandemia de COVID-19 y que se hayan visto en la necesidad
de integrarse al mercado informal.
Asimismo, comentó que la crisis ha significado que muchas compañías simplemente
no tienen el flujo de efectivo para cubrir por completo estos paquetes de indemnización resultantes de los despidos.
Mencionó
que México no tiene un sistema de seguro de desempleo generalizado
similar al de la mayoría de los países miembros de la OCDE, y que su
gobierno no ha implementado programas de apoyo significativos desde el
punto de vista empresarial para ayudar a las empresas formales en este
contexto de crisis.
En
tal sentido, y ante la pandemia, señaló que es esencial implementar
medidas
de política para garantizar la supervivencia de las empresas como la
mejor manera de preservar los empleos formales y enfatizó que el
intercambio generado en el foro de la OCDE “debería ayudarnos a
identificar formas de hacer esto en México”
Como
punto focal de su intervención, destacó que de manera muy alineada con
las recomendaciones de Business at OECD, la COPARMEX, que representa a
los empleadores en México, ha diseñado tres propuestas de políticas de
protección al empleo y los trabajadores, reunidas en los
#RemediosSolidarios, que protegerían más de 19 millones
de empleos formales en México.-
En
la COPARMEX estamos convencidos de que la reactivación económica
mexicana
dependerá en gran medida de la fortaleza y la reincorporación del
activo más valioso del país: sus trabajadores. Esperamos aprovechar la
experiencia de la OCDE y comparar lo que funciona bien en otros países,
para que podamos aplicar estos conocimientos en
México, trabajando en conjunto con las partes interesadas del Gobierno
Federal.
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